El cuatrienio perdido para las víctimas

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Alfonso Castillo.

La agresiva campaña publicitaria de la Ley de Víctimas no alcanza a tapar sus deficiencias

Alfonso Castillo.
Alfonso Castillo.

Hernán Camacho
@camachohernan

Las promesas del Gobierno Nacional de reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia naufragan. A cuatro años de la Ley de Víctimas sus resultados son paupérrimos. VOZ habló con Alfonso Castillo, precandidato al Concejo de Bogotá por la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, defensor de derechos humanos y víctima, sobreviviente del genocidio contra la UP, vinculado al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), integrante de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas). Dice que la reparación a las víctimas es una campaña mediática bien diseñada porque las cifras y las realidades de las víctimas en el país muestran otra cosa.

–¿Qué opinión le merecen los cuatro años de la Ley de Víctimas?

–Efectivamente van cuatro años después de la sanción presidencial. Desde el primer momento hemos dicho que es un importante instrumento que marca un hito legislativo en lo que tiene que ver con la reparación y la restitución de bienes a las víctimas, pero hoy esa ley es un fracaso. Las cifras son únicamente propaganda de la Unidad de Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras, no hay más de quinientas mil víctimas indemnizadas con cuantías irrisorias que no podemos llamar reparación.

La indemnización económica no tiene los complementos que necesita la víctima para restablecer su proyecto de vida. Quizá el mayor fracaso de la Ley de Víctimas son las cifras de restitución que no llegan a 80 mil las hectáreas, pero lo grave es que 40 mil de ellas son predios de tipo baldío, eso quiere decir que solamente la mitad han sido restituciones de tierra a sus dueños originales.

–Entonces, ¿de qué reparación habla el Gobierno Nacional?

–El Gobierno está reparando con un papel. Devuelve un título pero sin acompañamiento, sin subsidios, sin protección, sin desarrollo, sin proyectos productivos para campesinos. La Corte Constitucional ha dicho de mil maneras y con sobrados argumentos que la política pública de víctimas debe sustentarse en la articulación institucional de los entes de orden nacional y territorial. Por ejemplo: la ley señala que los municipios deben acarrear con presupuesto para atender las víctimas y hay municipios que no tienen destinado a la atención de víctimas ni un solo peso. No hay ministerios de Agricultura, ni de Trabajo, ni de Salud para acompañar las víctimas, solamente hace presencia en ese proceso el Ministerio de Defensa.

–¿Por qué el Ministerio de Defensa?

–De acuerdo con la ley, el primer responsable en el proceso de restitución es el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa. Son ellos los que determinan mediante resolución en que región del país se puede iniciar el proceso de restitución. Solamente hay restitución donde el Ministerio de Defensa ha dado el visto bueno. Así es difícil.

–Ese acompañamiento precario de la institucionalidad contrasta con el rearme paramilitar y con los ejércitos antirrestitución de tierras surgidos precisamente hace cuatro años. ¿Qué opina?

–Lo advertimos; la agudización del conflicto armado y la reingeniería paramilitar iban dar al traste con la intención de la ley de víctimas. Pero hay algo más grave que se desprende de allí: el Gobierno Nacional está empeñado en entregarle tierras a los negocios de la extracción, a los agronegocios o Zonas de Economía Especial (Zidres), mientras los grupos paramilitares andan por todo el país con las manos sueltas para seguir despojando. Así no va a haber un proceso real de restitución de tierras en los próximos cien años.

–Pasemos al tema de Bogotá. ¿Qué impactos tiene la Ley de Víctimas en la capital?

–La ciudad tiene una particularidad: aquí hay una institucionalidad desde la Alcaldía de Bogotá, diseñada para desarrollar programas para atención a víctimas. Los Centros Dignificar son espacios para la atención pero tienen cuellos de botella. Las entidades del orden nacional tienen que trabajar mancomunadamente con las autoridades distritales y éstas se quejan del trabajo ineficiente que hacen para la atención a víctimas.

Por ejemplo, la ayuda humanitaria para las víctimas en términos de salud está adscrita al Ministerio de Salud y la secretaría del ramo en Bogotá no puede asumir esa atención. Hay una falta de coordinación institucional y los esfuerzos distritales no son suficientes. A un año de la salida del alcalde Petro puedo afirmar que en lo que tiene que ver con las víctimas, él pudo hacer más.

–¿Qué le faltó al Distrito?

–Cuando arrancó el gobierno de la Bogotá Humana se comprometieron con cuarenta mil viviendas para las víctimas, hoy solo tenemos seis mil viviendas, pero es verdad que esa oferta dependía de si el Gobierno Nacional le giraba recursos y en medio de la disputa política y administrativa entre Petro y Santos, las víctimas se quedaron sin vivienda. El déficit es de ochenta mil viviendas para las familias víctimas que están en Bogotá.

–El Concejo de la capital, ¿qué postura ha tenido con la política pública de víctimas?

–Cero compromisos con las víctimas. Si bien la ley no le asigna ninguna competencia, tampoco el cabildo ayuda con la creación o aprobación de partidas necesarias para los programas que desarrolla la administración para atender la problemática. Para ser claro: el Concejo no se ha comprometido políticamente con las víctimas en Bogotá.

–La Unión Patriótica es víctima de un genocidio político. Como partido tienen la autoridad moral y ética para hablar sobre reparación. ¿Se han debatido en la Unión Patriótica los cuatro años de Ley de Víctimas?

–Nosotros como Unión Patriótica estamos convencidos de que la Ley de Víctimas debe modificarse sustancialmente. La Ley de Víctimas no es para que la Unión Patriótica acceda a la reparación. Lo mismo han dicho el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras voces que representan a las víctimas. Pero creemos adicionalmente que la norma es escudo para el Gobierno Nacional ante los organismos internacionales y su principal herramienta en el proceso de paz.

La realidad tiene un sustento incontrovertible: el Plan Nacional de Desarrollo, el siguiente tropiezo para las víctimas en la medida que el presupuesto para atención se va disminuir gradualmente. Vemos que el Gobierno se enfocará a reparar simbólicamente con una campaña mediática importante a ciertos grupos de víctimas de gran trascendencia en la historia del conflicto colombiano pero del universo de víctimas no se va ocupar.

–¿Ese nuevo instrumento qué debe incluir?

–Mejor atención, más cobertura para las víctimas y el cambio de enfoque de la ley que solo se limita a una indemnización. En la Unión Patriótica abogamos por una reparación que permita la modificación de la oferta de derechos sociales, hablamos de salud, trabajo digno, educación, vivienda, derechos de aplicación integral. Eso el Gobierno no lo va a hacer ni siquiera sentado en la mesa de negociaciones de La Habana.

–La reparación integral.

–Hemos concluido que hay que hacer un instrumento político y jurídico para reparar a los colectivos dañados que sea capaz de reparar integralmente desde el punto de vista político. La Unión Patriótica tenía curules, alcaldías ganadas con votos y deben devolverlas. Reparar la Unión Patriótica desde la sociedad. Fíjese que hoy existe censura desde el canal RCN para que la Unión Patriótica se exprese. La comisión de la verdad que se anunció en La Habana debe dar los primeros pasos de esa reparación, el país debe saber quiénes ordenaron el genocidio y las razones por las cuales lo hicieron.