La comunidad le exige a la Fuerza Pública respeto. El Ejército responde señalando a la población de auxiliadores de la guerrilla
Redacción DD.HH.
Desde la madrugada del pasado 16 de febrero, se escuchaban ráfagas de fusil, producto de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y tropas de la insurgencia de las FARC-EP, en la vereda Carpintero del Resguardo de Huellas, municipio de Caloto en límites con el municipio de Toribío (Cauca).
El choque entre el Sexto Frente guerrillero y la Brigada 14 adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo de la Tercera División del Ejercito Nacional, se dio cuando los militares iniciaron los combates mientras adelantaban operaciones en busca de guerrilleros, quienes permanecen en la zona respetando la declaratoria de cese al fuego unilateral e indefinido.
Lo grave de los combates es que la fuerza oficial se atrincheró en la escuela rural del municipio, violando toda reglamentación internacional de derecho humanitario. Según información de la gobernadora del Cabildo de Huellas y del secretario de Gobierno de Caloto, “los miembros del Ejército se han ubicado en la escuela de la vereda Carpintero que hace parte de la institución educativa El Credo, que es un lugar utilizado por las comunidades indígenas como sitio de concentración y asamblea permanente”, indicaron.
La Defensoría del Pueblo regional hizo presencia en la zona constatando los hechos, señalando a las tropas de la Fuerza Apolo de la Tercera División de ocupar bienes civiles, con el agravante de que uno de ellos era la escuela y sitio de reunión de la comunidad indígena. Por su parte, voceros militares no admitieron los actos y le dijeron a VOZ que no existían versiones diferentes a la oficial emitida por ellos.
Esa versión señala a las comunidades de la región de estar aliadas con la insurgencia y no permitir realizar sus operaciones militares. “En el momento en que las tropas realizaban el registro del área donde se presentó el combate, éste fue obstruido por integrantes del resguardo indígena Huellas, al parecer, coaccionados por estructuras terroristas que delinquen en la zona, impidiendo establecer las afectaciones causadas a las mismas”, indicaron.
De otra parte, defensores de derechos humanos, docentes de la escuela convertida en trinchera y autoridades indígenas en la zona coinciden en negar lo dicho por los efectivos militares y denunciaron que tales señalamientos son la costumbre entre las tropas.
Cristian Raúl Delgado, coordinador regional de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, señaló: “Campesinos e indígenas de la zona nos informaron que los militares llegaban a las casas de los pobladores, ingresaban a la fuerza y maltrataban a los indígenas señalándolos de ser guerrilleros o auxiliadores y les apuntaban con sus armas de dotación. En algunas casas los militares dispararon al interior de los predios en varias direcciones. Luego, utilizando los hogares indígenas como trincheras de ataque y de defensa, los militares dispararon indiscriminadamente sus armas de dotación desde y en dirección a varias viviendas de comuneros de la zona”.
Y respecto a la escuela, Delgado dijo: “Varias personas señalaron que los efectivos del Ejército llegaron a un lugar donde al parecer se encontraba acampando una unidad de la compañía Ambrosio González de las FARC. Desde ese momento se registró la confrontación armada que duró una hora y media aproximadamente. Se entiende que en el intercambio de disparos los militares incautaron las armas presentadas a medios de comunicación horas más tarde. Los efectivos de la Fuerza de Tarea Apolo, en su repliegue, se ubicaron nuevamente en casas de civiles, otros ingresaron hasta el aula máxima de la institución educativa de la vereda y otros se apostaron en inmediaciones de la caseta comunal”.
El Cauca es uno de los escenarios de conflicto cuyas comunidades campesinas e indígenas han pedido un cese bilateral de fuegos y un alto en los hostigamientos por parte de la Fuerza Pública contra sus comunidades.
