Destitución de Petro: Una jugada calculada

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Gustavo Petro desde el balcón del Palacio Liévano respaldado por Aída Avella.

La salida de Petro de la alcaldía de Bogotá es un golpe de estado blando, una victoria de la derecha colombiana dispuesta a retomar el poder económico y político de la ciudad. La sanción es una contradicción entre la guerra y la paz.

Hernán Camacho

En una escueta e intempestiva alocución el presidente Juan Manuel Santos rechazó la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de otorgar medidas cautelares al alcalde Gustavo Petro, y dejó en firme la destitución e inhabilidad impuesta por el jefe del ministerio público Alejandro Ordóñez.

La CIDH estimó que la sanción de naturaleza administrativa afectó los derechos políticos del alcalde Gustavo Petro, “elegido popularmente y actualmente en funciones”, dado que la petición de protección de derechos políticos fundamentales solo sería negada si el alcalde hubiese sido condenado por juez competente en tribunales penales.

“En vista de los antecedentes -dice la Comisión- que el presente asunto reúne prima face los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al gobierno de Colombia que suspenda los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013 emitida por la Procuraduría General de la Nación”.

Rechazar las medidas cautelares es una decisión que va más allá de cualquier interpretación jurídica sobre su sentido vinculante. Eso resulta secundario si se tiene en cuenta la motivación política que la gestó: la recuperación a cualquier costo de la “joya de la corona”, la alcaldía de Bogotá, de las manos del gobierno progresista.

Entramado político

Lo ocurrido en la capital es muestra de la combinación calculada de fuerzas políticas del Establecimiento que, aupadas por poderosos empresarios y periodistas, se fijaron la meta de no permitir el avance de sectores de izquierda en la ciudad. Con el argumento: “la izquierda tiene a la ciudad en el caos” se fundó una estrategia política que concluyó con la designación de Rafael Pardo, ministro de Trabajo, como alcalde interino de la ciudad.

Se exploraron muchos caminos para lograr sacar al burgomaestre del Palacio Liévano. La imposición de la sanción por parte del procurador Ordóñez abrió la puerta para todo tipo de acciones jurídicas, políticas y hasta violentas, desconociendo así a la soberanía popular y propinando un golpe de estado blando que, sin el ejercicio violento de la bota militar, usurpó el poder otorgado por las mayorías. Así ocurrió en Honduras o en Paraguay para derrocar a los presidentes constitucionales Manuel Zelaya en 2009 y Fernando Lugo, tres años después respectivamente.

El contrasentido arbitrario

La decisión de Juan Manuel Santos fue predecible y calificada por Petro como torpe: “Ganamos en las elecciones, ganamos en el corazón de la ciudadanía y ganamos en la Justicia, no les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática”.

A juicio de Gustavo Petro, Santos demuestra “que está incapacitado realmente para hacer la paz de Colombia. ¿Cómo va hacer la paz? […] cómo va a acercárseles y decirles que él es capaz de garantizarles los derechos políticos, la vida y las libertades a esas personas que hoy se levantan en armas, si quien no se levantó en armas y sanamente ganó con el voto popular la Alcaldía, solamente por un triste cálculo político y electoral lo destituye”.

La destitución logró darle un oxígeno a las caldeadas relaciones políticas entre los bloques de la derecha colombiana; el propio Francisco Santos, interesado de tiempo atrás en ocupar el cargo, alabó la rápida decisión de su primo el Presidente. Pero voces democráticas rechazaron lo que consideran una maniobra política contra la voluntad popular. La senadora comunista Gloria Inés Ramírez afirmó que la destitución “constituye una violación flagrante de la Constitución Política de Colombia, un golpe alevoso a la precaria democracia colombiana, un atentado criminal contra el proceso de paz y un desconocimiento vulgar de la legalidad internacional”.

Lo cierto es que los ecos de la determinación tuvieron resonancia nacional y hasta en la sede de los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC. Allí, Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, aprovechó la apertura de la ronda 20 de las conversaciones para sentar una posición: “No puede lograrse el propósito de la paz con este tipo de conductas”.

La Habana

No cae bien la decisión. Tanto las FARC como Gustavo Petro coinciden en que Santos prefirió un cálculo electoral por Bogotá, minando la confianza al interior del proceso de conversaciones. “Nos genera dudas en lo acordado parcialmente del punto de participación política”, explicó Márquez.

Y es que hace poco se acordaron los términos para garantizar la democracia en el país. De hecho “la firma e implementación”, dice lo acordado en La Habana sobre el segundo punto de participación, “contribuiría a la ampliación de la democracia […] a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación”. Garantías inexistentes en el caso Petro.

Lo cierto es que el camino escogido por el destituido alcalde pasa por la movilización social, la agitación de una nueva democracia en el país, por reclamar la inexistencia del voto como mecanismo para ejercer los derechos políticos, que contrario a lo dicho por la canciller María Ángela Holguín, son derechos fundamentales.

Ya como ex alcalde pedirá audiencia en Washington y La Habana. Su empeño será acompañar la construcción de la asamblea nacional constituyente para la paz y los cambios, propuesta que está generando la simpatía de las mayorías.

“El alcalde va a salir de esa oficina y se va a instalar en los barrios populares en el sur de la ciudad. Quien usurpa se va a sentar en mi escritorio y va a sentir la soledad del pueblo. Nosotros allá donde estemos vamos a sentir la compañía de la movilización popular y desde allí vamos a convocar al pueblo de Colombia a la plaza pública, quiero llegar a Barranquilla, a Cali, a Medellín, a convocar a la ciudadanía por la asamblea nacional constituyente”.

Ya se vislumbra una disputa entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático por el año y medio de permanencia en la Alcaldía Mayor. El balcón del palacio nunca volverá a ser protagonista de llamados a la paz y la movilización social por la democracia, solo cuando un proyecto alternativo separado del régimen vuelva a gobernar.