Cuando Rojas Pinilla ilegalizó al Partido Comunista

0
2248
Gustavo Rojas Pinilla

Como dijera Gilberto Vieira: “la ilegalización es un problema que no atañe únicamente a los comunistas sino también a todos los demócratas y patriotas colombianos, porque con esa medida se crea un arma de persecución ideológica y se establece el delito de opinión”

Gustavo Rojas Pinilla
Gustavo Rojas Pinilla

Roberto Romero Ospina
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El 14 de septiembre de 2014 se cumplieron 60 años de la promulgación del Acto Legislativo Número 6 de 1954 de la Asamblea Nacional Constituyente, que manipulaba la dictadura de Rojas Pinilla, por el cual se declaró por fuera de la ley al comunismo, con lo que se abrió un oscuro periodo de persecución, no solo a este partido sino a miles de ciudadanos de todos los sectores; como dijera Gilberto Vieira en una carta abierta a dicha Asamblea: “la ilegalización es un problema que no atañe únicamente a los comunistas sino también a todos los demócratas y patriotas colombianos, porque con esa medida se crea un arma de persecución ideológica y se establece el delito de opinión”[1. 30 años de lucha del Partido Comunista de Colombia, esbozo elaborado por una comisión del comité central del PCC, pág.122, Ediciones Paz y Socialismo, Bogotá, 1960.]

El anticomunismo del dictador Rojas Pinilla, que había asaltado el poder el 13 de junio de 1953, no era nuevo. Frecuentes actitudes a lo largo de su vida lo señalan como un católico devoto, un conservador militante y un anticomunista a ultranza. “Colombia es un país anticomunista y nuestra misión es defender la patria”, fue una de sus primeras declaraciones tres días después de asumir el mando de la Nación con el apoyo del sector ospino-alzatista del conservatismo, en pugna con la camarilla ultraderechista de Laureano Gómez, el derrocado presidente, y la anuencia del Partido Liberal que lo saludó como un “segundo Libertador”.

Es decir, ideológicamente no se apartaba un ápice de sus antecesores Ospina Pérez, Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez, a quienes sirvió como general del Ejército.

La dictadura rojista, que ya había sacado en la práctica al comunismo de la legalidad con sus continuas persecuciones desde el mismo golpe de cuartel y al que seguía responsabilizando de la violencia para rehuir a los verdaderos culpables, le impuso a la Asamblea Nacional Constituyente, montada desde la dictadura de Laureano Gómez, la prohibición de sus actividades. El Acto Legislativo 6 de 1954 fue expedido el 14 de septiembre con las firmas del presidente de la ANC, Mariano Ospina Pérez, y del dictador, Gustavo Rojas Pinilla.

Una medida contra el pueblo

La medida no estaba dirigida tanto a los comunistas que actuaban ya en la clandestinidad como a los sectores de los dos partidos tradicionales, su prensa y círculos cada vez más crecientes que comenzaban a rechazar el despotismo. No fue una sorpresa para nadie. Ya Rojas, al posesionarse para su periodo, después de imponer su reelección ante una dócil Constituyente sin la presencia oficial del Partido Liberal con el que se negó a discutir su participación, el 7 de agosto de 1954 indicó: “El espíritu católico de la sociedad colombiana preservará a este país de convertirse al comunismo”.

Como un serio antecedente del clima anticomunista que se vivía, previo a la ilegalización, es dable citar el caso de la censura a la prensa comunista pocos meses después del golpe de cuartel de Rojas. Un documento hasta ahora inédito da cabal cuenta de ello. Se trata de una carta del entonces director del diario comunista Vanguardia del Pueblo, Gilberto Vieira, del 28 de agosto de 1953 dirigida a Felipe Antonio Molina, Coordinador Nacional de la Censura y el memorando confidencial de éste a sus subalternos.

En la misiva el jefe comunista le recuerda que según “lo manifestado verbalmente en la entrevista de ayer, me permito informarle que, en mi condición de director del periódico Vanguardia del Pueblo, me propongo reanudar su publicación, dentro de las normas actuales de la censura de prensa”.

Más adelante Vieira señala que “en el periodo anterior al 13 de junio la censura oficial obstaculizó sistemáticamente la publicación de este periódico, pero nunca la impidió francamente. El 17 de junio próximo pasado, fueron llevados a la censura los materiales para una edición de este periódico, los que, según la información dada a un redactor, fueron censurados totalmente y pasados a la sección 2 del Ministerio de Guerra donde tampoco respondieron por ellos. Estimo que, con la presencia de un intelectual responsable como usted al frente de la oficina nacional de la censura de prensa, sea posible reanudar la publicación del periódico comunista Vanguardia del Pueblo, en las mismas condiciones de los demás periódicos”[2. Carta de Gilberto Vieira, director de Vanguardia del Pueblo a Felipe Antonio Moli,a agosto 29 de 1953, Archivo de la Presidencia].

En los archivos no aparece una respuesta al director del mencionado diario, sin embargo se encuentra un memorando para los censores firmado de su puño y letra por el Coordinador de la Censura bajo el asunto: Reaparición de Vanguardia del Pueblo. La nota dice que a “este despacho se presentaron hace pocos días los señores Gilberto Vieira, Mujica y Barrero, conocidos dirigentes comunistas, a manifestarme su deseo de reanudar la publicación de su periódico y a preguntarme si la censura tenía alguna objeción que hacer a ese propósito. Como es obvio, les manifesté que la censura no objetaba en manera la reaparición de Vanguardia del Pueblo, entendido naturalmente que dicho órgano periodístico habría de someterse a las normas vigentes sobre censura de prensa” [3. Memorando a los censores, asunto: reaparición de Vanguardia del Pueblo, del Coordinador de la Censura, sin fecha, Archivo de la Presidencia.].

Hasta aquí las cosas no tendrían nada de raro, pero a renglón seguido el jefe de la censura deja escapar toda su prevención contra el citado diario llamando a sus subalternos a que prácticamente impidan su publicación bajo las siguientes advertencias: “Dada la naturaleza y la ideología del periódico en referencia, quiero impartir a ustedes desde ahora las instrucciones necesarias en el sentido de que se ejerza sobre el material del mismo una vigilancia en extremo cuidadosa. Más aun, exijo de ustedes que me sometan en consulta cualesquiera clase de dudas, aun las más elementales que pudieran presentarse”[4. Ibid.].

De esta manera el señor Molina contribuía a crear lo que él llamaba el ambiente y las circunstancias propicias para poner fin a la censura de prensa.

Consultado Gilberto Vieira sobre el tratamiento a Vanguardia del Pueblo, anotó que la censura actuó precisamente sobre la base del memorando del coordinador conocido hasta ahora por el dirigente comunista. “La censura era bárbara contra Vanguardia del Pueblo haciendo casi imposible la aparición del diario. La mayoría de los materiales eran mutilados sin ninguna contemplación. Solo pudieron salir a la calle unas cinco ediciones siendo en la práctica prohibido el periódico ante los requerimientos de los censores”[5. Entrevista con Gilberto Vieira, febrero 25 de 1992.]

El proyecto de reforma constitucional necesario para poner por fuera de la ley a los comunistas lo había exigido Rojas un mes antes de iniciarse las sesiones de la ANC en julio y cuando todavía por los altavoces del régimen se repetían las sindicaciones al Partido Comunista como autor de la matanza de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954 en las calles céntricas de Bogotá y en donde precisamente cayera fusilado por las tropas del Batallón Colombia, que había acabado de regresar de la guerra anticomunista de Corea, Helmo Gómez Lucich, el estudiante peruano que militaba en las filas de la Juventud Comunista y alumno de la Universidad Nacional como sus otros ocho compañeros caídos.

Dada la gravedad de los hechos, la Oficina de Prensa de la dictadura envía a todos los medios el 9 de junio, el mismo día de la matanza, una circular que entre otras cosas dice que “las noticias, comentarios e informaciones (sobre el caso) deben orientarse con un criterio de colaboración patriótica con el gobierno de las Fuerzas Armadas”[6. Circular de la Odipe a todos los medios, junio 9 de 1954, Archivo de la Presidencia.].

Con razón El Espectador tituló a todo lo ancho de la edición vespertina del mismo 9 de junio: “Comunistas y laureanistas buscaban la caída del gobierno”, citando una frase del comandante de las Fuerzas Armadas, Duarte Blum. Un auténtico titular con criterio de colaboración patriótica. Gilberto Vieira, a nombre del Partido Comunista, desmintió de inmediato lo que consideró una patraña en un breve comunicado que El Espectador publicó en primera página el 11 de junio.

El 16 de diciembre de ese año, el magistrado Roberto Goenaga, presidente de la Corte Suprema de Justicia, entregó al país los resultados de la investigación sobre los sucesos del 8 y 9 de junio. En ella, que exonera a las Fuerzas Armadas y al gobierno de Rojas, se destaca la siguiente conclusión: no hubo participación ni inspiración comunista como tampoco de ningún grupo enemigo del gobierno o de las Fuerzas Armadas[7. Silvia Galvis, Alberto Donadío, El Jefe Supremo, pág. 245, Ed. Planeta, Bogotá, 1988.]

Pero volvamos al asunto de la ilegalización de los comunistas cuya atmósfera se venía preparando, como queda visto, desde los acontecimientos del 8 y 9 de junio.

El Acta Nº 167 del Consejo de Ministros del 11 de junio, cuando aún los estudiantes y sus familias estaban enterrando a los mártires caídos el 8 y 9 de junio, es bien diciente. En ella se anota que el ministro de Relaciones Exteriores, Evaristo Sourdís, presentó dos proyectos de decretos sobre la declaración del comunismo como partido en contra de la ley; pero a su vez expresó que no le agradaba ninguno, pues consideraba que era impolítico en esos momentos expedir un decreto de esa naturaleza.

Expresó también que “los efectos prácticos que se buscan no se han podido conseguir en otros países donde el comunismo ha sido declarado ilegal y que antes por el contrario, se les ha dado una vigencia colocando a los comunistas en beligerancia y se les ha creado un ambiente para que proliferen, tal como ha pasado, por ejemplo, en Chile, de cuya legislación él ha tomado el segundo proyecto que pone a consideración del Consejo de Ministros”.

“En el mismo sentido se expresaron el ministro de Trabajo y el de Hacienda, Aurelio Caycedo Ayerbe y Carlos Villaveces. Sostuvieron la necesidad de la expedición del decreto los ministros de Gobierno y de Minas y Petróleos, Lucio Pabón Núñez y Pedro Nel Rueda. Finalmente se convino hacerle algunas reformas, pero no se tomó decisión definitiva sobre él”[8. Acta No. 167 del Consejo de Ministros, sesión del 11 de junio de 1954, Archivo de la Presidencia.].

En los debates de la ANC algunas voces advirtieron del peligro que entrañaba para la democracia la ilegalización del comunismo. Una de ellas fue la del diputado Belisario Betancur, quien señaló el 31 de agosto de 1954 que se trataba de ciudadanos colombianos y no debe encerrárseles dentro de un plan peligroso, sino darles todas las garantías a que tienen derecho”[9. Anales de la Asamblea Nacional Constituyente, número 18, septiembre 4 de 1954.].

Betancur añadió que “ellos, los laureanistas, reciben instrucciones de Barcelona, refiriéndose al sitio de permanencia de su jefe político Laureano Gómez, y en una forma de comparar las acusaciones de que los comunistas recibían órdenes de Moscú. Se nos va a catalogar como comunistas y fuera de la ley”, dijo.

La señal de Washington

La decisión definitiva vendría tras la señal de Washington. El embajador de Colombia en EEUU, Eduardo Zuleta Ángel, había enviado a la presidencia la traducción de la ley 637 o del Control del Comunismo aprobada por el Congreso norteamericano el 24 de agosto de 1954, 21 días antes de que la ANC produjera exactamente el mismo resultado. El artículo primero del acto legislativo de la Constituyente señala, después de decretar que el comunismo queda por fuera de la ley, que “se reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”. Solo hasta el 1 de marzo de 1956 por medio del Decreto 0434 se fijaron las normas represivas.

Con 66 votos a favor y solo 8 en contra, un conservador, Eleuterio Serna, y siete liberales de los llamados “lentejos”, calificados así por el diario El Tiempo que les cobraba su colaboracionismo con Rojas, la ANC aprobó darle apariencia “jurídica” a las persecuciones que sufrían los comunistas desde hacía seis años. El Partido Comunista envió una carta abierta a la Constituyente en la que afirmaba que su “ilegalización es un problema que no atañe únicamente a los comunistas sino también a todos los demócratas y patriotas colombianos, porque con esa medida se crea un arma de persecución ideológica y se establece el delito de opinión”[10. 30 años de lucha del Partido Comunista de Colombia, esbozo elaborado por una comisión del comité central del PCC, pág. 122, Ediciones Paz y Socialismo, Bogotá, 1960.].

La prensa liberal rechazó la prohibición del comunismo, lo que “no hizo mucha gracia al embajador norteamericano, el cual escribió a Washington: ‘El vocablo comunistoide podría sonar demasiado duro para aplicarlo a los editoriales de la prensa liberal, pero ciertamente no hubo mayor diferencia entre el editorial de El Tiempo y lo expresado por Gilberto Vieira en su carta a la Asamblea. Los argumentos son los mismos’”[11. Silvia Galvis, Alberto Donadío, El Jefe Supremo, pág. 390, Planeta, Bogotá, 1988.].

Con la aprobación del Acto Legislativo Número 6, la libertad de expresión sufría otro duro golpe al prohibirse no solo la impresión y difusión de la literatura marxista, sino perseguir las ideas consideradas comunistas por los agentes del SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano, después DAS), donde cabían los liberales e incluso la oposición conservadora.

Copia al carbón

Comparando en detalle los considerandos y los artículos del Decreto 0434 con los mismos de la Ley 637 aprobada por el Congreso norteamericano, la similitud de los textos es asombrosa. Una copia al carbón[12. No deja de ser curioso que se encuentren en una misma carpeta de los Archivos de la Presidencia de la República el Acto Legislativo Número 6 de 1954 y la Ley 637 del 83 Congreso de los EEUU, así como el decreto reglamentario expedido en marzo de 1956. De los 12 extensos artículos del Acto Legislativo, seis (ocupan 12 páginas), ocho (nueve páginas) textualmente copian las secciones de la Ley norteamericana cambiando solamente los términos de las instituciones en una muestra de originalidad sin precedentes de las clases dominantes.]. Según el decreto reglamentario, “el Gobierno Nacional por conducto de su Servicio de Seguridad Nacional que hoy se denomina Servicio de Inteligencia Colombiano, dirá quién es comunista, de acuerdo con elementos probatorios que más adelante se mencionan y de inmediato señala 13 causales que van desde haber prestado dinero a los comunistas hasta poner una carta al correo haciéndole un servicio al partido”[13. Ibid.].

Y lo más grave, -dirigido contra todos los sectores de la oposición en una verdadera cacería de brujas- se condenaba a los no comunistas, “cuyas actividades ilegales faciliten el desarrollo y avance de los planes revolucionarios comunistas, que pueden ser cobijados por el presente ordenamiento impositivo y sufrir sus consecuencias”[14. Archivo de la Presidencia de la República, caja 13.] Las condenas incluían relegación a colonias penales hasta por cinco años y perder los derechos y funciones públicas por diez años y quedar incapacitados para actuar como dirigentes sindicales y hacer parte de las fuerzas militares.

Como señala Jaime Caycedo, “el Partido Comunista afirma que una de las causas de la guerra contra el pueblo ha sido la institucionalización del pretexto anticomunista, abiertamente o bajo distintos disfraces en la justificación de las políticas del poder de clase, bajo la sombrilla de la seguridad y el orden público”[15. Jaime Caycedo, Criminalizan las ideas, separata Anticomunismo y victimización, Voz, edición 2749, agosto 5 de 2014.]. Bajo semejantes parámetros se montó la persecución no solo a los comunistas, cuyo partido había sido diezmado, sino a miles de ciudadanos y a todo el movimiento popular.

De suerte que cualquier comisión de la verdad que indague sobre las causas del conflicto debe tocar necesariamente este aspecto hoy olvidado de la realidad nacional, incluso en forma ex profesa en obras como ¡Basta Ya!, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y apuntar a la reivindicación histórica de las víctimas de este periodo anticomunista concreto que va de la Violencia de 1946 al fin de la dictadura de Rojas Pinilla en 1957. Más de 20 años de barbarie bajo los cánones de la guerra fría.

La tenebrosa noche de la dictadura de Rojas quedaría atrás. Llegaría el 10 de mayo de 1957 que no fue otra cosa que la utilización de las clases dominantes de la resistencia popular, incluida la armada, mantenida durante largos años contra un despotismo que había echado raíces en la primera violencia y de la cual Rojas no fue sino un continuador como alumno aventajado de sus antecesores.

Escondieron el “Collar del 13 de junio” que habían recibido del dictador, organizaron el paro cívico, se mezclaron con estudiantes y obreros, amas de casa y pensionados, y se restableció la normalidad de las instituciones, sobre todo la de la prensa, a través del Frente Nacional, cuyo primer acto electoral fue el Plebiscito de 1958 que derogó todos los decretos draconianos del régimen depuesto, entre ellos la ilegalización del Partido Comunista.

En los archivos de la Presidencia de la República reposa un documento original. El único de los miles que hay allí con la firma del Jefe Supremo. La letra temblorosa de su rúbrica y los manchones de tinta en el decreto final que nombra a la Junta Militar que lo reemplaza, testimonian de su querella con quienes lo abandonaron y su renuencia a marcharse. Donde nunca le templó el pulso fue para cercenar la libertad.