El alcalde Enrique Peñalosa está reforzando una política de desigualdad y exclusión que seguro generará más conflictividad y protesta. El llamado es a fortalecer la resistencia y la alternativa a este modelo, y a preparar desde ya su revocatoria.
Gabriel Becerra Y.
@gabocolombia76
Después de doce años de gobiernos alternativos (2004–2015) la administración de la ciudad capital fue retomada directamente por la derecha en cabeza de Enrique Peñalosa. Un reagrupamiento de los sectores políticos oligárquicos impulsados por una campaña mediática que supo aprovechar los errores, debilidades e inconsecuencias de las últimas administraciones, les posibilitó regresar al Palacio Liévano como parte de la política de restauración conservadora que la derecha nacional e internacional promueve en toda la región latinoamericana, y a la vez, servir como barrera de contención a los cambios que una paz democrática pueda potenciar en los sectores urbanos.
No se trata de un cambio superficial. El nuevo gobierno, tanto en su contenido como en su gestión y práctica política, encarna un modelo de ciudad y de poder muy alejado de los intereses populares y democráticos. No es gratuito que haya empezado por desterrar las imágenes del libertador Simón Bolívar de las paredes de la Alcaldía, y por diversos medios traten de desaparecer el legado y la memoria de programas y proyectos con énfasis sociales provenientes de las anteriores administraciones. O que con el argumento de “despolitizar” Canal Capital se acabe toda la franja de opinión e inclusive, traten de desaparecer sus archivos.
El nuevo gobierno es el promotor de un modelo de ciudad capitalista cuya motivación principal es la acumulación de ganancia mediante diversas estrategias vinculadas a los megaproyectos de renovación urbana y expansión de la ciudad, en los cuales tienen intereses directos los principales financiadores de su campaña y varios funcionarios de primer nivel de su administración. Ejemplo son sus planes de acabar con la Reserva Forestal Thomas van der Hammen en el norte de la sabana, mediante la construcción de megaproyectos de vivienda.
Más que un urbanista con sentido filantrópico, como algunos comentaristas privados han querido presentarlo, Enrique Peñalosa es un agente directo del capital y sus negocios. A eso se dedica desde hace décadas como lo evidencian las denuncias de diversos analistas, que han señalado también su actividad con el Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte (ITDP), empresa dedicada a promover los Transmilenio como alternativa de movilidad para países en desarrollo, en alianza con la banca multilateral y bancos privados; negocio que deja miles de millones de ganancia y en los que también participan Volvo y Scania, las empresas suecas fabricantes de los articulados y biarticulados.
Esto explica en parte, la negativa del alcalde a construir el Metro que ahora políticamente ha tenido que aceptar, pero haciendo énfasis en las llamadas Alianzas Público Privadas (APP), y desechando los estudios ya realizados, lo que implicaría un detrimento patrimonial de por lo menos 130 mil millones de pesos.
Además la política que representa el nuevo alcalde esta basada en el interés de privatizar servicios públicos fundamentales como la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Transportadora de Gas Internacional de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, y Aguas de Bogotá de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Así mismo ha comenzado a hacer efectivo el recorte al gasto público social en un 20%, y en el caso de la salud en un 40%, con la consecuencia gravísima inmediata de la no renovación de los contratos a siete mil trabajadores, entre ellos los del Programa Territorios Saludables. En los primeros días de su gestión también aumentó las tarifas en el pasaje de Transmilenio y retomó la política de represión y desalojo a los vendedores ambulantes.
En estas circunstancias es falso que se esté construyendo una “Bogotá mejor para todos”. Por el contrario, se está reforzando una política de desigualdad y exclusión que seguro generará más conflictividad y protesta. El llamado es a fortalecer la resistencia y la alternativa a este modelo, y a preparar desde ya su revocatoria.
