Yhoban Camilo Hernández Cifuentes
En las calles de Caucasia el paro minero del próximo 17 de julio ya se da por hecho. Los comerciantes, en el centro, hablan de cerrar sus negocios mientras haya manifestaciones y las familias planean la forma de reservar alimentos. Los funcionarios locales ponen caras largas al pensar en la posibilidad de que ocurran desmanes y los mineros informales insisten en la protesta como única salida para reclamar sus derechos.
Desde ahora “hay que separar la paca de arroz, la canasta de huevos, los fríjoles, la sardina y el aceite, porque no se sabe cuánto va a durar el paro”, expresa Albeiro, un taxista de Caucasia que me transporta de camino a la sede de la asociación de mineros del Bajo Cauca.
Mientras dure el paro, Albeiro no saldrá a trabajar el taxi por temor a que ocurran revueltas y le dañen el carro. Lo mismo estarían planeando algunos comerciantes. A lo cual este conductor agrega: “Más marica el que abra, sabiendo que le dañan el negocio”.
Como el común de los caucasianos, Albeiro recuerda los estragos ocurridos durante la protesta anterior, en septiembre de 2011, cuando más de 4.500 mineros del Bajo Cauca Antioqueño y del Sur de Córdoba se congregaron en Caucasia para exigir al Gobierno que suspendiera los operativos policiales contra las minas informales. Los obreros bloquearon la troncal a la Costa Atlántica y se enfrentaron con la Fuerza Pública en varias oportunidades. Las manifestaciones dejaron varias personas heridas, así como daños en vehículos y locales comerciales.
Pero Albeiro también sabe con certeza que los mineros informales van a protestar por una razón justificable: “porque no los dejan trabajar”. Además está convencido de que “en este momento la minería es la que sostiene al municipio. Antes era el coquero, ahora es el minero”, concluye, mientras detiene su vehículo frente a la sede de la asociación de mineros.
La oficina queda en un local donde funcionaba una compraventa de oro. Está ubicada en una concurrida y polvorienta calle que bordea una de las riberas del río Cauca. La vía, bastante comercial, está rodeada de tiendas, restaurantes, ferreterías, cantinas, almacenes y, por supuesto, compras de oro, las cuales abundan por doquier en este municipio.
En la sede me espera Ricaurte Tirado, miembro de la asociación, quien con la misma convicción de Albeiro insiste en que la minería es el eje del Bajo Cauca minero, conformado por 12 municipios: seis del Bajo Cauca Antioqueño: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza; tres de Córdoba: Ayapel, Puerto Libertador y Montelíbano; y tres del Sur de Bolívar: Santa Rosa, Puerto Rico y Montecristo, aclara.
En su relato afloran argumentos sólidos para explicar por qué la minería jalona la vida económica de la región. “En este Bajo Cauca minero se estima que cien mil personas viven de la minería. Son unos 1.200 entables mineros. Cada entable, en promedio, genera 70 empleos directos”, revela Ricaurte, quien continúa aclarando que no sólo los mineros subsisten de esta actividad.
“Sólo en Caucasia se dice que hay unos 2.800 mototaxis. La mayoría de esos conductores no son dueños de las motos, o sea que de eso viven el dueño y el que maneja la moto. Y la minería es lo que mueve el mototaxismo en El Bagre, Zaragoza y Montecristo, porque allá no hay buenas vías. Y a donde no entran las motos van los arrieros a transportar alimentos, mercancías, repuestos o personas”, continúa el dirigente minero.
Así, con ejemplos como éstos, Ricaurte podría pasarse hablando del encadenamiento productivo de la minería, en sectores como el comercio, el transporte, la maquinaria y el servicio doméstico que contratan en los campamentos mineros.
Ya entrando en materia, Ricaurte confirma que el paro está convocado para el próximo miércoles 17 de julio de 2013, a partir de las cero horas, en 18 departamentos de Colombia: Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Bolívar y Córdoba, entre otros.
En principio se espera la participación de unas 15 mil personas y, de prolongarse, “creemos que a los cinco días habría unos 30 mil mineros concentrados en el Bajo Cauca”, advirtió Ricaurte, al revelar que este cese de actividades se viene organizando desde hace tres meses. En todo el país serían más de cien organizaciones de mineros las que se unirían al cese de actividades.
“Hasta hoy los mineros nunca hemos pedido nada”, afirma Ricaurte dando a entender que los mineros informales han desarrollado históricamente su actividad sin demandar del Estado incentivos, exenciones o apoyos técnicos y financieros.
Pero en esta ocasión, los informales no ven posibilidades de legalizar su actividad, básicamente porque no pueden acceder a los títulos mineros, que en su mayoría ya han sido entregados a multinacionales, ni cumplir con la dura legislación que los deja por fuera del negocio, al exigirles capacidad técnica y suficiencia financiera; requisitos que para un pequeño minero son difíciles de cumplir sin el acompañamiento decidido del Estado.
A este paro se llegó por la criminalización, la persecución y la estigmatización de la cual son víctimas los mineros informales, a quienes la Fuerza Pública les destruye sus máquinas prendiéndoles fuego como si fueran laboratorios de cocaína. Y, esencialmente, se llegó, porque “el Gobierno incumplió el acuerdo del 30 de noviembre de 2011”, afirma Ricaurte.
Un primer incidente que deterioró la relación entre los mineros informales y el Gobierno, consistió en que los mineros entregaron un listado georreferenciado en el cual se indicaba el lugar donde estaban sus minas. Desafortunadamente ese mismo listado fue utilizado por la Fuerza Pública para cerrar las excavaciones.
“Hubo una reunión con el Gobierno el 15 de enero de 2012. Luego en marzo hubo otra reunión y salió un acuerdo respaldando la minería, pero a los ocho días estaban quemando las minas. En julio de 2012, vino Mauricio Cárdenas -ministro de Minas y Energía-, se reunió con la Alcaldía de Caucasia y luego con la comunidad en el Concejo. Firmó un acuerdo, se comprometió a respetar la pequeña minería en Colombia y no cumplió”, asegura Ricaurte.
Ese mismo día, indicó el líder minero, se acordó la puesta en marcha de un laboratorio piloto de formalización minera, impulsado a través de la Gobernación de Antioquia en convenio con la Universidad Nacional. Al 31 de enero de 2013 se habían diagnosticado y acompañado 25 unidades mineras de la región, 19 de ellas en proceso de legalización, según el primer informe del laboratorio. En el comunicado de la Gobernación se afirmaba que durante el 2013 el proceso continuaría con otras 75 unidades mineras.
No obstante, dice Ricaurte, esa estrategia “está estancada y hace cuatro meses que no vienen”. En síntesis, lo que ven los mineros informales es que no hay voluntad política del Gobierno para avanzar en la formalización y legalización de su actividad, por eso justifican su llamado al cese de actividades para negociar un pliego de peticiones, cuyo borrador me entrega el dirigente minero al salir de la asociación.
De camino a la Casa de Justicia de Caucasia, leo rápidamente la propuesta de pliego de peticiones de los mineros colombianos, agremiados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, que agrupa a mineros de oro, carbón y material de arrastre.
En el documento, solicitan al Gobierno asistencia técnica, crédito oportuno y subsidios para legalización y seguridad social para la pequeña y la mediana minería. También exigen que se otorguen áreas libres a los mineros tradicionales y, de paso, piden al Gobierno liberar las áreas que fueron entregadas mediante licencias que actualmente están vencidas. Finalmente reclaman protección para las legalizaciones que se radiquen hasta el 10 de mayo de 2013.
La primera petición insta a desarrollar el artículo 107 de la ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, para crear una figura jurídica que les permita continuar trabajando de manera legal. Y la segunda, a derogar el decreto 2235 y el artículo 106 de la ley 1450, que es justamente el que permite la quema de maquinaria en operativos de la Fuerza Pública.
Ya en la Casa de Justicia, el personero de Caucasia, Orlando Ávila, me hace una reflexión crítica sobre este asunto de la legislación minera, no sin antes hacer un llamado a la cordura de los obreros para que no ocurran desmanes, ni atentados contra la vida y los bienes de los ciudadanos, durante el paro minero.
El representante del Ministerio Público empieza por reconocer que han existido fallas de parte y parte, institucionalidad y líderes mineros, para articular un espacio de diálogo, pero advierte que si llegase este espacio, “no solamente sería para cuestionar los posibles actos violentos que se puedan dar, sino para reflexionar sobre la forma como desde la misma legislación se dan actos de guerra o se excluye a mucha gente del trabajo, porque han monopolizado los títulos mineros. Eso es violencia legislativa”, concluye.
Desde este punto de vista, el personero de Caucasia reprocha la actitud gubernamental de criminalizar la minería informal y explica que “en la región hay gente muy buena, que ha trabajado todo el tiempo en la minería, que no son de bandas criminales (bacrim) ni las financian”. Agrega el funcionario que si en muchos casos los mineros se ven obligados a pagar extorsiones a los grupos ilegales, es porque hay una ausencia del Estado que ha facilitado el accionar de esas agrupaciones criminales.
“O sea, el apoyo indirecto que muchas veces se dice, pues lo tiene que cuestionar el mismo Estado. Y con estas normas lo que se hace es generar más hambre, más miseria y consecuentemente más violencia, más bacrim, más insurgencia, más delincuencia común”, anota Orlando Ávila.
No obstante su reflexión, el personero de Caucasia es radical en afirmar que “ningún personero del Bajo Cauca avala manifestaciones como estas”, refiriéndose a las situaciones que puedan ocurrir durante el paro minero. Aunque sí deja claro que respeta el derecho de los obreros a la protesta y que, como Ministerio Público, acompañará los eventos.
Ese, posiblemente, sea el sentir de otras autoridades del Bajo Cauca, que si bien pueden compartir algunas de las reivindicaciones de los mineros, seguramente sienten temor de que el paro vaya a salirse de control.
Esa, también es la preocupación del Gobierno. Por eso en las últimas horas el ministro del Interior, Fernando Carrillo, participó en consejo de seguridad con las autoridades de Antioquia y anunció que este viernes 12 de julio habrá una mesa de diálogo con líderes mineros para buscar alternativas a la protesta.
Habrá que ver si, como en otras ocasiones, el Gobierno logra consumar un acuerdo antes del cese de actividades, porque este paro se ha venido dilatando desde mediados de 2012 a punta de contentillos y promesas, según los mineros, incumplidas.
Hasta no concretarse un nuevo acuerdo, por las concurridas vías de Caucasia se seguirá pasando la voz de que el 17 de julio empieza el paro minero. Y ha sido tal la efectividad del anuncio, que hasta el mismo personero reconoció haberse enterado del cese de actividades por lo que dicen en la calle.
