Asilo de María del Pilar Hurtado es inconstitucional

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“Lo que ha hecho la Corte es rectificar una decisión que a todas luces choca con las normas constitucionales y da la razón a quienes abogan por el respeto a los derechos humanos”. Ex directora del DAS en fuga

María del Pilar Hurtado

La Justicia panameña se pronunció ante el decreto presidencial ejecutivo Nº 301 del 19 de noviembre de 2010, que le entregó a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, asilo territorial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese país calificaron como inconstitucional el decreto e ilegal la presencia de Hurtado en ese país tras estudiar los argumentos presentados por el abogado panameño Ángel Álvarez, quien sostenía que la ex funcionaria del gobierno Uribe debía responder ante la Justicia colombiana por delitos comunes.

El entonces presidente Ricardo Martinelli firmó el decreto de asilo territorial considerando que María del Pilar Hurtado se encontraba bajo persecución política en Colombia. Ese hecho le costó una gran polémica que no pudo superar hasta el fin de su gobierno. “Los delitos comunes por los que se investiga a Hurtado en Colombia pusieron en peligro el estado democrático de ese país al afectar la independencia de poderes”, dijo el abogado demandante Ángel Álvarez, quien le expuso el pasado año a los magistrados panameños los delitos por los cuales la Fiscalía General de la Nación investiga a Hurtado: concierto para delinquir, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

“Esa infiltración realizada de manera ilegal, inconstitucional e indebida, ponía en peligro la independencia judicial y por ende la democracia de ese país, por ello mal podríamos nosotros como Estado y como nación patrocinar o, de alguna forma, hacernos cómplices de ese tipo de comportamiento”, explicó Álvarez. Al conocerse la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, el abogado dijo sentirse satisfecho por hacerse justicia: “Lo que ha hecho la Corte es rectificar una decisión que a todas luces choca con las normas constitucionales y da la razón a quienes abogan por el respeto a los derechos humanos”.

Justamente la pasada semana el Presidente de la República Juan Manuel Santos, le pidió al gobierno panameño mediante oficio diplomático revocar el asilo otorgado y enviar a María del Pilar Hurtado para atender la Justicia colombiana. A ese respecto el recién elegido presidente de Panamá Juan Carlos Varela, quien se posesionará el 1 de julio, dijo que de encontrar argumentos para extraditar a Hurtado, lo haría sin vacilar. El anunció cayó mal en las toldas uribistas, quienes temen que la extradición de Hurtado logre remover las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez por perseguir bajo su mandato a la Justicia colombiana y a la oposición de su gobierno y encontrar algún tipo de pruebas de participación presidencial en hechos más graves.

Desde Colombia se exige que la autoridad competente de Panamá capture a Hurtado y la extradite para que enfrente a las víctimas y la Justicia. “Interpol debería librar, si es que no lo ha hecho, una orden de captura internacional”, dijo el congresista Iván Cepeda. No obstante, otra de las víctimas en Colombia el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo, denunció la posibilidad que Hurtado ya estuviera buscado un nuevo país para refugiarse.

Al igual que el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, otro hombre de confianza del senador Álvaro Uribe, se encuentra prófugo de la Justicia colombiana por los vínculos con el paramilitarismo y concierto para delinquir fruto del proceso de negociación con el paramilitarismo colombiano. No se descarta que ahora Hurtado y Restrepo compartan un territorio extranjero para eludir la Justicia.