Acuerdo 2034: cero políticas y cero educación

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Dirigente estudiantil de la ACEU habla a los manifestantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto archivo.

El presidente Juan Manuel Santos pretende una vez más privatizar y reducir el presupuesto para las universidades, y desmantelar el gobierno universitario, quitando autonomía y representación dentro de los consejos estudiantiles.

Dirigente estudiantil de la ACEU habla a los manifestantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto archivo.
Dirigente estudiantil de la ACEU habla a los manifestantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto archivo.

Luz Mireya Gallo

La Asociación Colombiana de Estudiante Universitarios (ACEU) y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) realizaron la escuela de dirigentes estudiantiles en la Universidad Nacional, del 1 al 3 de octubre.

En este encuentro se tocaron temas que atraviesan toda la política pública de educación, del acuerdo 2034, presentado por el CESU. En esta gran jornada se citaron la Federación de Estudiantes de Cartagena, la Universidad del Valle, las universidades de Nariño y Antioquia y otras más.

Cada gremio, asociación o consejo estudiantil presentó las problemáticas que tiene cada universidad, a nivel financiero, organizativo, estudiantil y profesorado. Todos manifiestan abiertamente que el gobierno se ha empeñado en interrumpir continuamente la participación de los estudiantes al privar de ella su autonomía y gobierno estudiantil a través de la poca participación y representación que tienen en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Este cuerpo colegiado fue creado mediante el artículo 34 de la ley 30 de 1992 como organismo del gobierno nacional vinculado al Ministerio de Educación con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.

El CESU está integrado por 16 miembros, de los cuales 15 tienen voz y voto, y sólo 3 provienen de los representantes estudiantiles y profesores universitarios, que realmente tienen claro que la educación es un derecho y no una mercancía y que, para lograr la paz, se requiere una verdadera política pública de educación que financie las universidades, mejore la calidad educativa y sea un derecho para todos los colombianos. Los otros 12 son de extracción gubernamental, que representan los intereses de la burguesía y el gran negocio de la educación en Colombia (universidades privadas e Icetex).

Los estudiantes están en total desacuerdo con este mecanismo de participación y plantean que es necesario reformar la composición de este órgano asesor del gobierno, pues lamentablemente dicho escenario no goza propiamente del pluralismo y la conformación equilibrada de los distintos sectores y comunidades que tienen que ver con la educación superior.

Los estudiantes hacen un llamado a la sociedad una vez más, convocando la presencia de estudiantes, investigadores, profesores, padres de familia y egresados y a otros actores que en verdad piensen la educación que el país necesita y se integran a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que cada vez está más cualificada y más amplia.

La MANE ya no sólo es un movimiento estudiantil. En ella se encuentran gremios de profesores, trabajadores y egresados que nuevamente plantean su desacuerdo a la reforma presentada por Juan Manuel Santos y su nueva ministra de Educación, Ginna Parody, quien desmanteló el SENA y ahora viene recargada con “una educación más neoliberal para el 2025”.

Durante este encuentro, el representante de los estudiantes Ómar Gómez Orduz presentó un informe sobre la situación de la educación superior. En este diagnóstico desmantela los verdaderos resultados y consecuencias que trajo la ley 30 de 1992 en paralelo al aumento y amplificación de las universidades privadas en Colombia.

La aplicación de la ley 30 privilegió la proliferación de instituciones privadas de todo tipo, de las cuales se buscó cubrir la demanda creciente de ingreso a la educación superior que no podían asumir las instituciones públicas, debido, fundamentalmente, a la insuficiencia de recursos destinados por el Estado para fortalecer la oferta pública. La ley 30 tuvo como efecto económico el fortalecimiento de un amplio mercado de la educación superior en el país, amparado por la ley y mercantilización del derecho a la educación.

En 1992 se ofrecían 4.375 programas de educación superior, de los cuales el 64% pertenecían al sector privado y el 36% al sector oficial. Cinco años después, en 1997, fueron creados 1.686 nuevos programas, de los cuales el 75% se dieron en el sector privado.

Por otro lado, el gobierno de Juan Manuel Santos engaña al pueblo colombiano publicando cifras como: entre el 2010 y el 2013 el crecimiento de matrículas es de 434.804, o sea un incremento de 26% según el CESU, pero lo que nadie sabe es que el gobierno incluye el SENA y los cursos del SENA virtual.

Actualmente existen en el país 285 instituciones de educación superior, de las cuales el 72% son instituciones privadas, 81 universidades, de las cuales el 60% son privadas, 50 instituciones tecnológicas de las cuales el 76% son privadas. Por último existen instituciones técnicas profesionales, de las cuales 75% son privadas. En dos décadas de proliferación de instituciones privadas de todo orden, así como de fuertes procesos de privatización en las instituciones oficiales, no se creó una sola nueva universidad pública.

El presidente Juan Manuel Santos pretende una vez más privatizar y reducir el presupuesto para las universidades, y desmantelar el gobierno universitario, quitando autonomía y representación dentro de los consejos estudiantiles. Una vez más el gobierno de Juan Manuel Santos muestra con cada hecho que no le está apostando a una paz democrática y justa, sino por el contrario quiere construir una “paz neoliberal” con una educación superior débil, de baja calidad y sin conciencia crítica.