Acto simbólico por la verdad

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Acto simbólico con las víctimas en Villavicencio.

“Mi hijo no tenía sino 19 años, él se fue a trabajar y nunca más apareció, (…) yo sé que mi hijo fue objeto de un falso positivo. La forense me dijo que tenía 17 tiros y que todos fueron en tejido blando”: Madre de una víctima

Carolina Tejada

En el 2010 se hizo una audiencia pública en el Municipio de La Macarena en el departamento del Meta, con el acompañamiento de una delegación británica, el propósito de esta actividad era constatar la existencia de una fosa común, que sería la fosa común más grande de América Latina.

Para este mismo año, el presidente de la república de entonces, Álvaro Uribe Vélez, escogió este municipio para despedirse de las Fuerzas Armadas y hacerles un homenaje. En esta zona se había realizado el despeje para los diálogos de paz entre las guerrillas de las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana, también fue el epicentro del Plan Patriota y uno de los lugares emblemáticos de la política de seguridad democrática. Estos planes fueron cuestionados en su momento, pues en su lógica contrainsurgente, mantenían un excesivo ejercicio en el uso del aparato militar. En esta misma época y posterior a ella, también se reportaron diversas violaciones a los derechos humanos y al DIH. Miles de civiles manifestaron afectaciones directas en contra de la vida de sus comunidades, principalmente campesinas, así como a la integridad física y psicológica a causa del accionar militar sobre la población.

Por qué sería el “cementerio de NN más grande del continente”

En el marco de la audiencia pública que se desarrolló en el 2010, se puede constatar la existencia de lo que se denominó como entierros individuales, de personas que habían sido sepultadas sin identificar en su gran mayoría, por parte del ejército nacional. Al respaldo de este cementerio, funciona una base militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

Serían cinco los cementerios en donde se encuentran 2.292 personas, en su mayoría reportadas como muertes en combate, y que habrían sido enterradas por orden del ejército nacional. Esos cementerios son los de Granada, Vista Hermosa, Villavicencio, La Macarena y San José del Guaviare.

Registraduría, Medicina Legal y la Fiscalía lideran el proceso de exhumación donde se han identificado 830 personas, por medio del cotejo de huellas. Según menciona Pablo Cala, defensor de derechos humanos que ha venido acompañando a las víctimas por medio de la campaña: contemos la verdad; gracias a esta labor se han identificado 108 cuerpos y entregado a las familias que se han podido localizar.

¿Quiénes eran las víctimas?

Este proceso se ha agilizado gracias a un acuerdo humanitario suscrito entre las partes que dialogan en La Habana, del gobierno nacional y las FARC–EP, que busca agilizar las medidas para la identificación, búsqueda de familiares y entrega de cuerpos, esto ha agilizado el proceso y para el mes de diciembre de 2015 se entregaron 29 cuerpos más.

Por su parte, el defensor Cala, menciona que “en la mayoría de los casos son personas civiles que fueron reportados como muertas en combates, y también hay combatientes. Aun en esta condición la familia tiene derecho a darle cristiana sepultura a sus familiares, así como también tienen derecho a saber la verdad. Las familias también estas exigiendo saber qué paso, qué les hicieron, estos cuerpos también hablan”.

Igualmente resalta que, como ya se tenía conocimiento desde el 2010, el ejército los traía hasta el cementerio, allí se daba la orden de enterrarlos. Estos cuerpos fueron presentados como “guerrilleros dados de baja en combate”. También se dice que son cuerpos que han sido traídos de otras regiones del país. Es decir se están distribuyendo los muertos de personas en los cinco cementerios mencionados, lo que significa un ocultamiento deliberado, porque muchas de estas personas se podían identificar en el momento de su muerte”.

Ceremonia de la verdad

A finales del mes de febrero se llevó a cabo en La Macarena y Villavicencio, la ceremonia simbólica con los familiares de las personas identificadas. Con anterioridad las familias habían reportado que sí reconocían a sus víctimas dentro de las personas identificadas.

Mientras se continúa en un proceso que busca la verdad y cesar el dolor de miles de familiares, algunas madres han mencionado públicamente que la verdad sobre la muerte de sus hijos y familiares, es una verdad a medias. “Mi hijo no tenía sino 19 años, él se fue a trabajar y nunca más apareció, (…) yo sé que mi hijo fue objeto de un falso positivo. La forense me dijo que tenía 17 tiros y que todos fueron en tejido blando”, menciono una madre públicamente.

En papel cartulina y con las fotos de sus víctimas otras familias narraban: “dejaste dos hijos muy lindos (…) me hubiese gustado compartir contigo (…) sentimos rabia porque no tenemos certeza cómo moriste” escribió la familia de José Rubiel Betancourt.

Organismos de derechos humanos y familiares de estos jóvenes, padres y hermanos, buscan que más temprano que tarde se encuentre la verdad sobre la muerte de sus seres queridos. En el ambiente queda un sinsabor, pues la mayoría de estas familias aseguran que sus seres queridos trabajaban o se dedicaban a otras labores propias de sus rutinas cuando desaparecieron, hoy tienen que volver a saber de ellas en medio de una verdad a medias.