El diputado Robert Serra, líder juvenil del PSUV, fue asesinado en su residencia, en un crimen que, por su sofisticación, concuerda con nuevos planes desestabilizadores de la ultraderecha de ese país
Alberto Acevedo
Conmoción entre los sectores democráticos y la sociedad venezolana causó la noticia del asesinato del líder juvenil del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional (parlamento) Robert Serra, ocurrido en la noche del pasado miércoles 1 de octubre, en la residencia del dirigente político, cuando se encontraba descansando en compañía de su compañera sentimental, María Herrera, también asesinada.
Desde las primeras reacciones de las autoridades venezolanas, hubo unanimidad en señalar, como lo indicó el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, que el crimen fue “intencional, planificado y ejecutado con gran precisión” por elementos de calificado entrenamiento, vinculados a un plan terrorista de la ultraderecha.
Dirigentes del PSUV, por su parte, orientaron sus acusaciones contra elementos de la burguesía y el fascismo, que estarían actuando con la intención de crear zozobra y desconcierto, no solo entre las filas del gobernante Partido Socialista, sino en el resto de la sociedad, enviando un mensaje que sugiere que el gobierno es incapaz de controlar brotes de inseguridad semejantes.
No es una afirmación gratuita la de que el crimen del conocido parlamentario esté vinculado a un plan desestabilizador de la derecha en ese país. Su muerte se produce cinco meses después de que el presidente del concejo municipal de Libertador y dirigente bolivariano Eliézer Otaiza fuera encontrado muerto, con signos de tortura y varios impactos de bala en su cuerpo.
Las circunstancias en que se producen estos crímenes recuerdan a las autoridades las condiciones en que se produjo, el 18 de noviembre de 2004, la muerte del fiscal Danilo Anderson, víctima de un artefacto explosivo que manos criminales colocaron debajo de su vehículo.
No son hechos aislados
Y mientras el juez Anderson adelantaba una acuciosa investigación contra los autores del golpe de estado de abril de 2002, que pretendió sacar del poder a presidente Chávez, el diputado Serra investigaba los vínculos de representantes de la derecha venezolana con la ejecución de planes desestabilizadores contra el gobierno de Nicolás Maduro. Es claro que en ambos crímenes hay móviles políticos de sectores que desean torcer el rumbo progresista de los cambios puestos en marcha por la revolución bolivariana.
El ministro del Interior de Venezuela, al evaluar los hechos, se refirió a la existencia de una “fase paramilitar” de estas acciones de terror, a las que no es ajeno el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, el recientemente nombrado secretario general de Unasur, Ernesto Samper Pizano, calificó de hecho “insólito” el crimen del dirigente socialista venezolano y reclamó un pronto esclarecimiento de los hechos “por el bien de la estabilidad de Venezuela”.
En Colombia, entre tanto, el comando político uribista, temeroso de lo que se les pueda venir encima, reclamó protección internacional para el hoy senador de la República.
Otra cara del hecho, fue la decisión de un grupo de colombianos, reunidos en la tarde del pasado sábado 4 de octubre, de constituir en Bogotá la Coordinadora de Grupos de Solidaridad con Venezuela, que decidió llevar el nombre de “Robert Serra”, en memoria del líder juvenil inmolado. El grupo de trabajo prometió entre sus metas incrementar acciones de solidaridad con Venezuela y los pueblos de Nuestra América.
