Las estrategias dilatorias de la defensa de Álvaro Uribe han fortalecido aún más a la jueza 44 de conocimiento, quien está firme en sus actuaciones. Su decisión marcará un precedente en la historia del país
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Desde el 6 de febrero de 2025, se desarrolla el juicio penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal, manipulación de testigos y soborno.
La Fiscalía General de la Nación tiene el material probatorio sobre el procesado, quien posiblemente envió emisarios a las cárceles para que hablarán en su favor con relación a otros expedientes que lo involucran con el paramilitarismo en el país.
No obstante, la defensa, empleando estrategias para dilatar el proceso penal, interpuso tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la jueza Sandra Liliana Heredia, acusándola de ser una funcionaria “parcializada” y “haber violado los derechos fundamentales del debido proceso”.
Por tal razón, el equipo de defensa del expresidente no se presentó al juicio penal, desacatando el llamado de la justicia. La jueza 44 había negado de plano la recusación, al considerar que los abogados no la sustentaron con argumentos sólidos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá decidió la suspensión temporal del juicio.
De este modo, las firmes respuestas y acciones de la jueza la han colocado en el centro de las maniobras de la defensa de Uribe, que busca dilatar el proceso y lograr la preclusión del caso.
VOZ presenta un breve recorrido del trabajo judicial de Sandra Liliana Heredia, la jueza que ha estado al frente del caso penal más mediático de los últimos años en Colombia.
¿Quién es la jueza?
El proceso judicial contra Uribe tomó un rumbo significativo cuando la Fiscalía llamó a juicio al exjefe de Estado; este caso recayó, por reparto, en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento, que está bajo la dirección de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda.
Según registros de la Rama Judicial, Heredia Aranda comenzó su trayectoria en el 2006, en Tolima, donde fue admitida como aspirante al Concurso de Méritos para conformar el Registro Seccional de elegibles para los cargos de empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de Distrito Judicial de Ibagué y el Tolima Administrativo.
Asimismo, el Comité Seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca, en un informe, resaltó por su gestión lo siguiente: “se divulgó y promovió de forma masiva entre los despachos judiciales de Bogotá y Cundinamarca, la quinta versión del concurso de sentencias con enfoque de género (…) como resultado de dicha convocatoria, fueron postuladas un total de 26 sentencias de los funcionarios judiciales pertenecientes al Distrito Judicial de Bogotá y de Cundinamarca”.
Las acciones de Sandra Heredia desde años destacan su firme compromiso frente a las perspectivas de género y la ley en Colombia. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines-Sindicato de Industria, Asonal Judicial S.J, respaldó las decisiones jurídicas que ha tomado Sandra Heredia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del exmandatario, igualmente, Asonal llamó al respeto a todas las partes involucradas en la contienda judicial, instando a aceptar las resoluciones de la jueza.
La independencia judicial
Ahora bien, en este contexto de recusaciones, es importante mencionar la independencia judicial para el desarrollo del caso Uribe, en “esto se trata de un derecho de los ciudadanos, no solo de los jueces. Las y los colombianos podemos contar con la garantía de que los jueces no atiendan algo diferente a la Constitución, al bloque de la institucionalidad y a la ley misma”, comentó Gloria Ramos, vicepresidenta de Asonal Judicial.
Esta independencia garantiza que las decisiones judiciales sean objetivas y no por intereses externos. “Es oportuno recordar que, en este país, una queja histórica es la falta de justicia. No obstante, esto tiene una explicación, y es que hay faltas de herramientas y una insuficiencia estructural”, continúa Ramos.
Asonal Judicial ha denunciado que hay precariedad de elementos tecnológicos, sistemas y de personal suficiente para atender el inmenso cúmulo de demandas. Señala que esto ha sido intencional, pues la necesidad de estar pidiendo mayor presupuesto en el legislativo, “trae consecuencias de división entre ambos poderes, porque se piensa que después les debemos favores. Se comienza una politización de la justicia” afirma la doctora Gloria Ramos.
Agregó: “por eso, muchos de nuestros altos cargos han sido ocupados a dedo, porque se ha irrespetado la carrera judicial, y se ha preferido los intereses políticos e individuales”.
Las rápidas actuaciones de Heredia
Ahora bien, el anterior contexto nos centra en las acciones de la jueza frente el proceso, ella “ha tratado de destruir todas las barreras que tenemos y así cumplirle a la ciudadanía. Tuvo la valentía de decir que el caso está ad portas de vencerse los términos y, a pesar de que ella tampoco cuenta con las herramientas, ha dispuesto todo lo necesario para que se pueda realizar a tiempo el juicio”, explica la vicepresidenta de Asonal Judicial.
“Se entiende por herramientas que ella no tuvo un conocimiento exclusivo del tema y, al contrario, tiene que atender otros muchos asuntos, así que, humanamente no da, sin embargo, lo está haciendo”.
Ahora bien, las estrategias de la defensa para dilatar el proceso han tenido como centro a Sandra Heredia, por lo que Ramos explica que “ellos están dentro de la ley y pueden acceder a esos mecanismos, pero cuando esto viene haciéndose de manera reiterada y que no permite resolver el caso, se muestra que el objetivo es posponer. Es necesario un análisis de si esto constituye acciones dilatorias y si esto da lugar a otro tipo de investigación penal o disciplinaria para los abogados que han intervenido”.
“Desde Asonal Judicial, y de mi parte, como ciudadana colombiana, tenemos gran alegría que la doctora Sandra Heredia haya dado respuestas muy prontas y han truncado de alguna manera, lo que puede ser acciones dilatorias”, finaliza Gloria Ramos, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial.
