Plan Decenal de Educación: el reto es dejar un legado que construya pensamiento crítico en Colombia. Apartes del texto del Observatorio de Políticas de Educación Superior Alfonso Conde Cotes, OACC. La titulación es de VOZ
Redacción Juventud
El Plan Nacional Decenal de Educación, PNDE, constituye el principal instrumento de planeación de largo plazo en Colombia para orientar la política educativa. El objetivo de esta herramienta es articular los diferentes niveles educativos y responder a los desafíos de cobertura, calidad y equidad, así como a la realidad social, cultural y tecnológica.
Sin embargo, muchos de estos planes se han quedado en lo declarativo sin un horizonte de transformación estructural. Ello ha derivado en una planeación que mide logros fácilmente verificables, pero que pocas veces enfrenta las raíces de los problemas educativos: la desigualdad territorial, la desconexión entre educación y proyecto de país, y la subordinación del conocimiento a lógicas de mercado.
Así, el PNDE termina convirtiéndose en un instrumento de diagnóstico general y de agregación de cifras, más que en un verdadero horizonte de cambio y transformación educativa.
Metas incumplidas
El problema no radica solo en la amplitud de sus metas, sino en la ausencia de instrumentos vinculantes y de un marco financiero que las respaldara. Si bien en los últimos años se ha registrado un incremento gradual en los recursos destinados a la educación, este crecimiento no ha sido suficiente para cerrar las brechas estructurales ni para alcanzar los estándares internacionales de inversión como porcentaje del PIB (Muñoz, 2012).
El ejemplo más crítico es el desafío 9, relativo a la financiación: pese a que el plan reconoció la necesidad de elevar la inversión educativa, no estableció reglas fiscales claras ni compromisos escalonados de gasto que obligaran a los gobiernos.
Así, muchas de sus apuestas —como la jornada única, el fortalecimiento de la educación rural o la dignificación de la profesión docente— quedaron reducidas a programas parciales o incompletos
Por otro lado, los planes decenales han tendido a relegar la educación superior a un plano marginal, concentrando sus diagnósticos y propuestas principalmente en la educación básica y media como condición previa para alcanzar cobertura universal y cerrar brechas sociales.
La apuesta
En este sentido, el proceso de formulación del PNDE 2026-2036 abre la posibilidad de corregir estas omisiones y de replantear la universidad pública como pilar fundamental del sistema. La cuestión no es meramente técnica: implica debatir, entre otras cosas, el lugar de la autonomía universitaria, la democracia interna, la financiación estructural y el papel de la universidad en la construcción de pensamiento crítico, resistencia y transformación.
En concordancia con postulados y publicaciones anteriores de este Observatorio de Políticas de Educación Superior Alfonso Conde Cotes, OACC, nos proponemos realizar un acercamiento analítico a la propuesta del gobierno actual de un PNDE reconociendo las tensiones, contrastando la experiencia del plan 2016-2026, las apuestas del nuevo ciclo en con el fin de reflexionar si realmente el plan puede trascender lo superficial y convertirse en una herramienta de transformación profunda.
El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, bajo el lema “El camino hacia la calidad y la equidad”, se configuró como una hoja de ruta que buscaba orientar las políticas educativas en un país que atravesaba un momento histórico: la firma del Acuerdo de Paz y la apertura hacia la construcción de paz territorial.
El plan definió diez desafíos estratégicos, entre ellos la construcción de un sistema educativo articulado, la priorización de la educación rural y el impulso a la investigación, aspectos de enorme relevancia en un país marcado por profundas desigualdades territoriales y por la urgencia de vincular la educación a los procesos de reconciliación.
No obstante, en la práctica, el plan mostró sus limitaciones estructurales. En materia de educación superior, reconoció avances significativos como la ampliación de la cobertura y la implementación progresiva de políticas de gratuidad, logros que permitieron a un número creciente de jóvenes acceder a la universidad y mejorar sus oportunidades de movilidad social.
Superar el modelo de educación terciaria
En las diferentes publicaciones de este Observatorio, se ha venido abriendo la posibilidad a debates amplios sobre las problemáticas estructurales de la Educación Superior, una de ellas tiene que ver con el modelo de educación terciaria que viene siendo orientación de organismos multilaterales de países del norte global desde hace aproximadamente 20 años, que además se ha venido implementando en la práctica en la integración de la educación no formal al sistema de educación formal (caso del SENA) y en la integración de la oferta técnica, tecnológica a la educación secundaria, y más recientemente con apuestas como “La Educación Superior en tu colegio” en la pretensión de integrar programas profesionales a los conocimientos básicos de estudiantes que no han terminado su educación secundaria.
El discurso gira en torno a integrar la educación como un sistema único que apunte a la formación integral de personas (jóvenes, sobre todo) capaces de responder a las necesidades del mercado y que logren entonces ingresar al mundo laboral.
Neocolonialismo educativo
A la injerencia de estos modelos fundamentalmente europeos y del Norte global en las políticas de educación de nuestro país le hemos denominado neocolonización de la Educación Superior en la era del neoliberalismo, en concordancia con los análisis de Mora (2018), Brown (2021) y con la construcción del término neocolonialismo del líder panafricanista Kwame Nkrumah (1965).
Esta injerencia se presenta vía las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la cual parece que todas las políticas públicas están respondiendo desde hace años y en este momento y se manifiesta en dos frentes:
El de la Educación Superior con los intentos por establecer la educación terciaria en modificaciones a la Ley 115 de 1992 y Ley 30 de 1992 tanto en los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos éste último quien, por ejemplo, definió en el PND 2014-2018 la constitución del Sistema Nacional de Educación Terciaria.
El de la Ciencia, la tecnología y la innovación que responde al Ministerio de las TIC relacionado con la necesidad de alinear estos dos sectores hacia la constitución de una formación para el desarrollo (investigación para el desarrollo I+D), enfocada en la productividad, la competitividad y la innovación, que orienta el proceso formativo hacia el aprendizaje por competencias de sujetos que producen conocimiento acorde al mercado.
Diversidad temática
Nuestra propuesta es precisamente que los debates des/anti coloniales y anticapitalistas no sigan siendo una acumulación de saberes alejada de las políticas educativas, sino que se integren en discusiones tan precisas como el cuestionamiento al modelo terciario de educación, a la inclusión de los mandatos de la sociedad de conocimiento en la investigación, discusiones que no se ven presentes en la agenda propuesta por el MEN para el Foro nacional a realizarse próximamente.
Sobre todo, porque son muchas/os los académicos latinoamericanos y las experiencias comunitarias que han posicionados sus saberes hacia rutas de conocimiento y práctica alternativas. Tiene que ver con la necesidad de enunciar temas de debate que son precisamente objeto de estudio y que desafían la necesidad de una praxis educativa crítica y transformadora. Por ello, temas como el territorial, de género, diversidad sexual, ambiental no son simplemente ejes de inclusión, como si “incluir” fuese palabra mágica.
Elementos estratégicos para el PNDE 2026-2036
En coherencia con los aportes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, y de este Observatorio el PNDE 2026-2036 se hace un reconocimiento importante a incluir en la agenda temas necesarios que este gobierno ha venido desarrollando como la perspectiva territorial en clave de cobertura, pero que no debe limitarse solo a ésta última. Pues el desafío político es repensar la educación superior desde una lógica de derecho, incorporando los debates sobre la autonomía universitaria, el financiamiento estructural, la despatriarcalización y el derecho al campus.
La autonomía universitaria no es un principio abstracto, sino una garantía concreta para que la universidad funcione como espacio de pensamiento crítico y de construcción de ciudadanía. Sin autonomía real, la universidad se subordina a los vaivenes del poder político y a los intereses de grupos económicos que buscan instrumentalizar el conocimiento.
Despatriarcalizar la educación superior
Tanto el PNDE 2016-2026 como el próximo contemplaron la inclusión del componente de género y de manera particular la actual agenda del Foro Nacional de Educación reconoce la inclusión temática de los debates de la diversidad sexual, sin embargo, en documentos previos de orientación sobre la construcción del Plan Decenal, no hay una mención clara y específica en las temáticas propuestas. Solo se encuentra la línea temática “Educación incluyente”, con enfoque de género, intercultural y antirracistas desde la perspectiva de la justicia social, la paz y la reconciliación” cuya diversidad de temas es tan amplia como confusa.
La ACEU en su documento titulado “Programa mínimo para la despatriarcalización de la Educación Superior” (2023), realiza una propuesta avanzada para la integración de debates de género, diversos y de despatriarcalización de la educación y la investigación, con tal que se tengan en cuenta las discusiones que el movimiento universitario ha venido teniendo sobre la universidad como espacio libre de violencias de género.
La discusión aquí pasa también por preguntarse cómo despatriarcalizar currículos, como hacer valer una integración compleja e integral de los postulados del movimiento feminista en el ámbito epistemológico, pedagógico y de investigación académica, no como un cuestionamiento entre géneros, sino como la necesidad de develar la trayectoria histórica de la educación que hemos heredado de un sistema patriarcal-colonial en el que se consolidó también el orden económico y social actual, con todas sus formas de violencia.
Fortalecimiento del financiamiento estructural
El financiamiento es el talón de Aquiles de la educación superior en Colombia. La Ley 30 de 1992 ató los recursos a fórmulas que hoy resultan obsoletas y que no han crecido en la misma proporción que la cobertura ni los costos reales de funcionamiento. Mientras tanto, el Índice de Costos de la Educación Superior, ICES, ha superado constantemente la inflación, generando un déficit estructural que las universidades han debido cubrir con recursos propios, consultorías, posgrados autofinanciados o alianzas con privados.
La propuesta de un “derecho al campus universitario” busca superar la visión restringida del acceso a la educación superior entendida únicamente en términos de cobertura, para desafiar la integración de los niveles educativos en la educación terciaria y las estrategias que buscan articular la educación superior con la educación secundaria en lógica de reducción del tiempo de estudios universitarios, cercenando no solamente la amalgama de conocimientos curriculares (a revisarse en clave del pensamiento crítico y libre pensamiento) sino la experiencia universitaria que construye y reivindica a la universidad como un espacio integral de socialización, bienestar, cultura, investigación y producción de ciudadanía crítica.
El PNDE 2026-2036 debería consolidar un Sistema Nacional de Bienestar Universitario, con financiación específica, lineamientos comunes y autonomía de implementación en las instituciones. Este sistema debe incluir: alimentación y vivienda estudiantil, transporte publico diferenciado, salud física y mental, apoyo académico, oferta cultural, espacios de organización estudiantil.
Conclusiones
El recorrido histórico de los Planes Nacionales Decenales de Educación en Colombia muestra un patrón reiterado: planes con gran potencial transformador, sin embargo, el énfasis en cobertura, cupos o aseguramiento de la calidad ha dejado en segundo plano las brechas territoriales, la crisis estructural de la educación superior y la necesidad de vincular la educación a un proyecto de país que supere la lógica del mercado.
Para que el PNDE 2026-2036 evite la inercia de indicadores superficiales y habilite transformaciones reales, debe dotar de exigibilidad a sus desafíos: (i) adoptar una regla decenal de crecimiento del gasto educativo con metas escalonadas y trazabilidad en el SGP y la inversión territorial; (ii) fijar criterios obligatorios de equidad territorial que prioricen ruralidades y periferias en infraestructura, talento humano y oferta, articulado con autonomía universitaria, financiamiento estructural y Sistema Nacional de Bienestar Universitario.
El PNDE 2026-2036 debe pensarse desde una praxis transformadora cuyo marco guía es el aterrizaje oportuno territorial, epistemológico, curricular, sociocultural, técnico, metodológico del pensamiento crítico, de la ciencia propia que desafíe el capitalismo tardío y la modernidad eurocentrada, puesto que no se puede hablar de educación para la paz, para lo rural, para lo ambiental, para lo diverso, para la vida si se sigue reproduciendo la lógica de dominación del patrón de poder actual. Una educación que cuestione, rebelde (como diría García Márquez), subversiva (en clave de Fals Borda) y crítica-popular (como lo enseña Lola Cendales).
En suma, el reto del nuevo PNDE no consiste solamente en la ampliación de cobertura, sino en garantizar que la educación superior se consolide como bien público expansivo y derecho fundamental, capaz de democratizar la vida juvenil y de aportar de manera decisiva a la construcción de un país más justo, equitativo y democrático.
