La figura de organización terrorista nacional no existe en la legislación estadounidense, ni el presidente está facultado para decretarla. No se la puede inventar, simplemente para ajustar una política represiva a nivel estatal
Ricardo Arenales
Durante el sepelio del activista de derecha Charlie Kirk, tan cercano a los afectos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario, que intervino en la ceremonia religiosa oficial, manifestó que “(Kirk) no odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde discrepo con Charlie, yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”, manifestó el gobernante.
Admitió que quizá la viuda del activista, Erika Kirk, puda convencerle de que no está en lo correcto, pero insistió en que actualmente él “no soporta a sus oponentes”.
Ese odio visceral no es mera retórica, es una realidad enfermiza, que, expresado en hechos de gobierno, alimenta el nacimiento de un nuevo macartismo en el país que se reclamó -y se reclama- cuna de la libertad y la democracia.
En lo que lleva de su mandato, Trump hay enfilado sus baterías contra la administración de Justicia, contra jueces y fiscales, empezando por los que adelantaban investigaciones por su participación en un complot golpista contra la anterior administración; contra los medios de comunicación críticos a su gestión; incluso contra grandes magnates económicos que disienten de su estilo de gobernar, como en los casos de Elon Musk y George Soros.
Contra el movimiento social
O francamente contra el propio presidente de la Reserva Federal, FED, Jerome Powell, crítico de la situación económica del país, y quien no duda en señalar que bajo el mandato de Trump no existe una política económica libre de riesgos, que el mercado laboral se ha debilitado y el costo de la vida para el ciudadano común aumenta en forma vertiginosa, acelerado por una torpe, errática y suicida política arancelaria.
Uno de los últimos y más significativos pasos del jefe de la Casa Blanca fue en la última semana de septiembre pasado, cuando firmó una orden ejecutiva en la que declara al movimiento político de izquierda Antifa como ‘organización terrorista nacional’.
La medida causó revuelo. La figura de organización terrorista nacional no existe en la legislación estadounidense, ni el presidente está facultado para decretarla. No se la puede inventar, simplemente para ajustar una política represiva a nivel estatal.
Represión generalizada
“El presidente puede declarar lo que quiera, pero no tiene autoridad legal para designar a una organización nacional como terrorista”, dijo a los medios Mary McCord, exfuncionaria del Departamento de Justicia. Para otros observadores, el intento de criminalizar a Antifa hace parte de una estrategia más amplia de represión política.
Con este mismo rasero puede calificar como terrorista la protesta en las universidades contra el genocidio en Gaza, o las movilizaciones de los inmigrantes contra las políticas represivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el encargado de organizar redadas contra inmigrante, legales o ilegales, y que ha disparado contra varios de ellos acusados de querer escapar.
Trump quisiera, aunque francamente le es imposible, calificar de terroristas a los periodistas y las agencias de noticias que critican las incongruencias de su política exterior, de su política de guerra en Ucrania, contra Venezuela y otros escenarios. O golpear con el mismo látigo a los jueces que anulan sus medidas represivas y arbitrarias. Y como no puede llegar a esos límites, sí promueve despidos masivos de unos y otros.
Delito de opinión
Antifa es el acrónimo de antifascista, una organización con marcada tendencia de izquierda, pero que en realidad no es un organismo político centralizado, con una dirección única o un programa de acción claro, sino más bien una tendencia, en algunas ocasiones con tintes anarquistas, que no responde a un mando unificado.
No es la primera vez que Trump pone sus ojos sobre este conglomerado. Durante su primer mandato quiso ilegalizarla. Pero en aquella ocasión, como ahora, la narrativa ‘antiterrorista’ del inquilino de la Casa Blanca, no le permite consolidar la idea de que enfrenta a un enemigo interno organizado. En realidad, un instrumento para establecer el delito de opinión en la otrora calificada como mejor democracia del planeta. La misma que desató un infierno contra los inmigrantes irregulares y que ahora lo desata contra los ciudadanos que expresan una opinión de tinte progresista.
Y no incurrimos en una apreciación paranoica. El pasado 5 de octubre, Trump calificó como ‘zona de guerra’ a Chicago, una medida para justificar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en esa ciudad. En la noche anterior, el mandatario autorizó el traslado de un contingente de 300 agentes de esa guarnición para combatir una situación de orden público fuera de lo normal, asunto frente al cual, Trump no aportó evidencias.
Otros escenarios
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apoyó la medida de Trump y declaró a una cadena de noticias: Chicago es una ‘zona de guerra’. Esta afirmación, provocó el rechazo del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, cuya capital es Chicago, en el sentido de que no hay hechos que justifiquen la medida: “Quieren crear una zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, dijo indignado el gobernante.
También el martes de la semana pasada Trump calificó a Portland como escenario de ‘una guerra interna’. “Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, dijo Trump, sin aportar tampoco pruebas de ello.
La capital de Estados Unidos no escapa a este proceso macartista. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, en el mismo juego de Trump, indicó que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, habían acudido a una ‘zona de guerra literal’.
Como en el poema de Bertolt Brecht, primero criminaliza a los más vulnerables, luego a los organizados, y finalmente, a cualquiera que se atreva a cuestionarlo. Esta lógica de fascistización progresiva marca el segundo mandato de Trump.
Primero fueron los migrantes, después las personas sin hogar, más tarde los estudiantes críticos, y ahora, con la reciente declaración de Antifa como organización terrorista, se abre la puerta a una abierta ofensiva contra cualquier disidencia.
