Estupor entre los sectores democráticos, en los círculos defensores de derechos humanos y entre las miles de víctimas sobrevivientes de la dictadura guatemalteca causó la noticia, divulgada el pasado 18 de abril, de que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia de ese país ordenaron la nulidad de lo actuado hasta ahora en la causa criminal que se adelantaba contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y otros sindicados, por crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
A Ríos Montt, un ex general del ejército guatemalteco, uno de los hombres que lideraron el período de dictadura en ese país entre 1980 y 1996, que dejó un saldo de casi 1.800 indígenas mayas ixiles asesinados y torturados bajo la sindicación de ser auxiliadores de la guerrilla, después de 30 años de impunidad se consiguió, sorteando miles de trabas legales, que se le iniciara un juicio criminal, en el que también comparece el ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez.
A lo largo del proceso de juzgamiento, decenas de víctimas sobrevivientes del genocidio, superando amenazas y hostigamientos de toda suerte, habían comenzado a comparecer ante los jueces de la causa, y era evidente que el fallo condenatorio estaba próximo a salir. Guatemala estaba ante el hecho cierto de que se produciría un acto de justicia inédito, en el que por primera vez en la historia de ese país un ex presidente de facto comparecía ante la Justicia y recibía castigo por sus crímenes.
Esa perspectiva se frustró con la decisión de las altas cortes. El proceso ahora deberá reiniciar desde cero, cuando un juzgado de primera instancia retome el caso y determine si hay méritos para adelantar el proceso o no, y no antes del próximo mes de diciembre.
Justicia parcializada
Las reacciones del movimiento de defensores de derechos humanos, incluido un grupo de jueces y abogados que desafiaron el miedo y la amenaza, se refleja en las palabras de la señoras Navy Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al manifestar que la suspensión del juicio “es una afrenta para las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala (…) y para los abogados, jueces y fiscales que de manera valiente han luchado por asegurar que así sea”.
La renombrada líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dijo que “la repentina anulación de lo actuado durante 20 jornadas del juicio por genocidio contra el general golpista Ríos Montt por los hechos de hace 30 años en la región ixil demostró una vez más que el poder judicial de Guatemala no tiene voluntad política para hacer justicia ni le importa el dolor de los pueblos, el dolor de los ixiles”.
La ONG internacional Imputy Watch dijo por su parte que “la Justicia guatemalteca sigue siendo parcial, dependiente, inaccesible e incapaz de satisfacer las necesidades de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Pronunciamientos en el mismo sentido se conocieron de Whola, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y otras organizaciones humanitarias.
