Durante el informe entregado por Colombia al Consejo de Derechos Humanos en Suiza, no se escuchó nada de su parte relacionado con los falsos positivos, el fuero militar, ni mucho menos sobre las investigaciones administrativas en el DAS
Kikyō
Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas en Colombia quedaron insatisfechos con el informe que presentó el Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) el pasado 23 de abril.
Este es el segundo informe que presenta el Estado ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos. El primer examen a Colombia se hizo en 2008, año en el que aceptó 97 de las varias recomendaciones.
El informe, que se rindió en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que sondea los avances, dificultades y compromisos en este campo por parte del Estado colombiano, no refleja toda la realidad en el campo de los derechos humanos, según las ONG.
“Llamó la atención, por ejemplo, que el viceministro de Defensa dijo que en el 2012 no se había reportado ninguna violación a los derechos humanos … y llamó la atención porque el embajador de Alemania dijo lo contrario, aseguró que en 2012 se habían registrado 160 atentados contra defensores y líderes sociales y más de 60 ejecuciones de líderes sociales”.
“Me llamó la atención también lo que dijo el vicefiscal: nos habló de nuevas políticas, de los inmensos esfuerzos que están haciendo, que se está investigando a algunos agentes de la fuerza pública. Pero no nos contó qué pasó con las cuatro mil víctimas de falsos positivos. ¿Cuántas condenas hay? ¿Cuántos generales o coroneles han sido procesados? No nos informó. Me llamó también la atención porque además muchos Estados hicieron alusión en sus recomendaciones al tema del fuero militar”, sostuvo Federico Andreu, defensor de derechos humanos, participante en el evento de lanzamiento del informe realizado por las ONG.
Las cifras son otras
El examen se hace con base en un informe del Estado colombiano, otros de la Oficina de la Alta Comisionada en el país, que a su vez ha recibido información directa de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. La elaboración del documento de la sociedad civil estuvo a cargo de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y los Derechos Humanos, la Mesa Mujer y Conflicto Armado y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
Estas organizaciones no gubernamentales tienen entre sus balances elementos nada alentadores en varios puntos relacionados con los derechos humanos, tales como la persistencia del desplazamiento forzado, cifra que sobrepasó al millón de personas entre 2008 y 2011.
La existencia del paramilitarismo bajo el nombre de las llamadas “bandas criminales” o “bacrim”, que hoy día ejercen control de varias zonas del país es otra realidad que no estuvo presente en Ginebra en el EPU. La impunidad es otro de los males que no permite avanzar en derechos humanos, pues solo basta con mencionar casos como el del DAS, ya que la ex directora María del Pilar Hurtado, a pesar de que tiene cargos sobre sus espaldas, está prófuga de la Justicia en Panamá. Tampoco hay resultados en las investigaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Ni qué decir de los casos de los falsos positivos en los que se ha avanzado poco o nada.
En conclusión: una cosa es la realidad que viven las víctimas del país y otra muy distinta la dada a conocer en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos por el Estado colombiano.
