La tensión entre el Parlamento de la República y la ciudadanía se ha agudizado en el contexto del debate por las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Proyectos clave en materia laboral y de salud siguen estancados en el Legislativo
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
Un episodio crítico ocurrió a comienzos de marzo de 2025, cuando la reforma laboral propuesta por Petro fracasó por segunda vez en el trámite legislativo. En la Comisión Séptima del Senado ─encargada de temas sociales─, ocho senadores de tendencia conservadora firmaron la ponencia para archivar el proyecto, conformando mayoría en la Comisión (catorce integrantes) y hundiendo la iniciativa.
El presidente Petro calificó esa votación como una “traición” a su programa de gobierno y, en respuesta, convocó a sus simpatizantes a manifestarse y anunció la intención de llamar al pueblo a las urnas mediante una consulta popular para decidir el destino de las reformas laboral y de salud.
La convocatoria de movilizaciones tuvo eco inmediato: el 18 de marzo, miles de personas ─sindicalistas, estudiantes, indígenas y ciudadanos de a pie─ salieron a las calles de Bogotá y otras ciudades en defensa de las reformas sociales del Gobierno. Pese a esta nutrida protesta frente al Capitolio, el Senado confirmó el archivo de la reforma laboral esa misma tarde, evidenciando la brecha entre la voluntad popular en las calles y las decisiones del Congreso.
Voces del oficialismo: denuncias de “bloqueo” legislativo
Desde las filas del Pacto Histórico ─coalición de gobierno─ arreciaron las críticas contra el Congreso tras estos reveses. La senadora María José Pizarro, una de las figuras más representativas del petrismo, en entrevista al periódico El Colombiano, cuestionó que el Legislativo esté “desconectado” del mandato ciudadano: “lo cierto es que si los congresistas hoy no están representando la voluntad de los ciudadanos y su mandato, la gente tiene derecho a poder acceder a un mecanismo de democracia directa como es la consulta popular”.
Otros miembros del Pacto Histórico han cerrado filas en torno a esta estrategia. El representante Gabriel Becerra anunció una “gira del Pacto” por las localidades de Bogotá para organizar comités ciudadanos del “Sí” con miras a la consulta popular. Al día de hoy se han realizado en cinco localidades de Bogotá. “Con el pueblo avanzaremos en la unidad… en defensa de las reformas y el cambio”, escribió Becerra en sus redes el 19 de marzo, convocando a encuentros barriales para explicar las reformas y promover el voto afirmativo.
La bancada de gobierno busca así capitalizar el apoyo popular en las calles y convertirlo en un mandato concreto en las urnas. En palabras del presidente Petro, “la consulta pasa al pueblo… Ya veremos si el Senado… dice que no… Y hay un bloqueo institucional entonces completo. Pero [la consulta] va a ser una realidad”. El mensaje es claro: ¡Si el Congreso no legisla, legislará el pueblo!
Oposición defiende al Congreso y cuestiona al Gobierno
Para la oposición parlamentaria, sin embargo, la narrativa del Gobierno distorsiona los hechos. Sus voceros sostienen que el Congreso está cumpliendo su papel constitucional de debatir y, si es del caso, rechazar propuestas que consideran inconvenientes.
El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático y quien se perfila como precandidato presidencial para 2026, ha sido uno de los más vocales críticos de la consulta popular. Uribe llamó a los colombianos a “no caer en la trampa” de Petro.
Según él, la maniobra de la consulta no busca realmente que se aprueben las reformas, sino “prolongar el tiempo de Petro en el poder” y desviar la atención de lo que considera los verdaderos problemas del país: la inseguridad, el déficit fiscal y la crisis energética.
Además, Uribe Turbay afirmó en una réplica difundida el 13 de marzo: “Petro sabe que va a perder la consulta en caso de que esta se realice. Su propósito no es implementar las reformas, es aferrarse al poder”. De esta manera, sugiere que el presidente estaría usando la bandera de las reformas sociales como excusa para polarizar al electorado y hacer campaña anticipada.
Desconexión entre el Congreso y la ciudadanía
Al calor de esta confrontación, se ha hecho evidente un divorcio entre el Congreso y buena parte de la ciudadanía. Son muchos los colombianos que perciben a los parlamentarios alejados de las necesidades reales del pueblo y anteponen sus intereses políticos.
Las encuestas de opinión respaldan esta idea: la imagen favorable del Congreso de la República ronda apenas entre el 25% y 30% en los últimos sondeos, un nivel muy bajo aunque ligeramente mejor que en años anteriores. Es decir, cerca de tres cuartas partes de los ciudadanos tiene una opinión negativa o poca confianza en el Legislativo. Esta impopularidad contrasta con la importancia de las reformas en discusión, que tocan asuntos sensibles para la vida cotidiana (salud, trabajo, pensiones, educación y agraria).
En las calles, ese malestar se ha traducido en movilización pero también en mensajes directos. “Cuando ese Senado no corresponde a las inquietudes del pueblo, el pueblo tiene que manifestarse”, reclamó Ricardo Álvarez, un ciudadano que se unió a las marchas del 18 de marzo llevando un cartel con la frase “Sí a las reformas”. La frase, pronunciada frente al edificio del Congreso en plena jornada de protesta, resume el sentimiento de muchos manifestantes: si los congresistas no escuchan, deberán escucharlos a través de la presión ciudadana.
Otro manifestante, Jhonatan Delgado, trabajador de una farmacia, expresaba su determinación tras enterarse de que el Legislativo había archivado la reforma laboral: “Vamos a seguir en las calles, vamos a apoyar la consulta y al presidente. No nos vamos a rendir”, aseguró Delgado en la Plaza de Bolívar.
Tanto Álvarez como Delgado son voces de colombianos del común que sienten que sus representantes les han fallado y que ahora respaldan la idea de llevar el asunto al voto popular directo.
Camino a la consulta popular: el pueblo toma la palabra
Con las reformas sociales pendiendo de un hilo en el Congreso, el presidente Petro decidió jugar una carta inédita en la política reciente colombiana: convocar a una consulta popular nacional. El 11 de marzo de 2025, en alocución televisada, anunció formalmente que iniciaría el proceso para que los ciudadanos voten sobre la reforma laboral (y posiblemente algunos aspectos de la de salud). Este mecanismo de participación, contemplado en la Constitución de 1991, permite someter preguntas concretas a la decisión popular con respuesta “Sí” o “No”.
En conclusión, Colombia atraviesa un momento de alto voltaje político, con un Gobierno de izquierda empeñado en cumplir su agenda de transformaciones sociales y un Congreso fragmentado donde muchas de esas reformas naufragan. En medio están los ciudadanos, que asisten con preocupación al pulso entre ambas ramas del poder.
La brecha entre representantes y representados se ha hecho palpable: mientras en el Capitolio se engavetan proyectos que prometían mejoras concretas, en las calles resuena el descontento y la exigencia de cambios.
