Lo que mal comienza, mal acaba, dice el adagio popular. Reforma política de espaldas a los acuerdos de La Habana y a las organizaciones sociales y populares. Enérgico cuestionamiento del fiscal Eduardo Montealegre
Hernando López
La llamada reforma política para el equilibrio de poderes, que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República, desató agrias polémicas con el poder judicial y, en particular, con el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, porque es considerada lesiva al interés de la Justicia y presentada de manera inconsulta con las cortes y otras entidades judiciales.
Sin embargo, analistas sobre el tema de la paz la calificaron de superficial y de estar en contravía de los acuerdos de La Habana, cuyos borradores sobre los tres primeros temas debatidos, entre ellos el de participación política, fueron divulgados la semana pasada por decisión de ambas partes. Mientras la extrema derecha acusa al Gobierno Nacional de estar “entregándole el país a los terroristas”, otras opiniones más lúcidas creen que la reforma de origen gubernamental contradice los acuerdos con la insurgencia y genera su desconfianza. “El gobierno actúa con poca seriedad frente a los compromisos de La Habana”, fue el comentario de un diplomático en Bogotá, que por razones obvias solicitó omitir su nombre.
La reforma política, tal y como está expuesta, es un simple maquillaje de la precaria democracia y, en algunos casos, retroceso en el camino de la apertura democrática, compromiso asumido por el gobierno de Santos durante la campaña reeleccionista y en las conversaciones de paz, así como fue la exigencia de la mayoría de los participantes en el Foro de Participación Política, organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional en Bogotá.
Reforma cosmética y superficial
Lo que presentó Juan Fernando Cristo al Senado de la República con el respaldo de los partidos de la Unidad Nacional, apunta a cuestiones muy superficiales que no fortalecen la democracia y la participación ciudadana.
Propone el fin de la reelección y lista cerrada en las elecciones parlamentarias, de asambleas, concejos y juntas administradoras locales; también mantener la circunscripción nacional para 89 curules al senado y 11 quedan a disposición para que los departamentos con menos de 500 mil habitantes tengan senador; habría el Tribunal de Aforados para investigar a magistrados, fiscal, procurador y contralor, cuyos miembros serían elegidos por el Congreso de terna enviada por la Sala de Gobierno Judicial; el contralor será elegido por el Congreso; y el procurador, en distintas modalidades, también por el mismo.
Por supuesto, en la medida que avanza la discusión en la Comisión Primera del Senado, los congresistas le están haciendo modificaciones, siempre concertadas con el Gobierno, promotor del proyecto y “dueño” del mismo.
En contravía de La Habana
En los borradores de los acuerdos sobre participación política, se lee que el compromiso es promover una “nueva apertura democrática” cuyo objetivo es la inclusión política y la igualdad de todos los partidos y movimientos políticos ante la ley. Así se estimularía la participación de nuevos partidos, aunque la reforma no modifica el umbral del 3% para tener derecho a curules y a la vida legal. Esta es sin duda la mayor cortapisa para ampliar el espectro plural del régimen político, porque aquellos partidos que no cuentan con las gabelas del poder y con el soporte de los grupos económicos y de las prácticas clientelistas sucumben en el escenario electoral.
No aparecen tampoco en la reforma las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto, donde los habitantes podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales.
En los acuerdos de La Habana se habla de promover el voto pero no del voto obligatorio, que sin modificar las condiciones y vicios del sistema electoral, los favorecidos serán los clientelistas, los corruptos y la compra y venta de votos.
No se incluyen nuevos mecanismos de participación ciudadana como las garantías para las organizaciones y movimientos sociales y la adopción de medidas para promover la cultura de la tolerancia, la no estigmatización y la reconciliación, así como el derecho a la protesta social. Para nada se habla del acceso y democratización de los medios de comunicación. No se adoptan medidas para impedir el ejercicio violento del poder.
Todo el articulado del equilibrio de poderes ignora la realidad de que la paz es el bien supremo a lograr con reformas democráticas y sociales de fondo. No se menciona el Estatuto de la Oposición ni se flexibiliza el trámite para que las organizaciones sociales y grupos de ciudadanos puedan promover plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación.
El debate con el fiscal
Pero el debate en el establecimiento fue duro y agrio con el fiscal Eduardo Montealegre Lynett, quien desde Cartagena arremetió la semana pasada contra la reforma, a la que calificó de “inconveniente” y la llamó “desequilibrio de poderes”. Equiparó la reforma a otra toma del Palacio de Justicia, cuando fueron acribillados los magistrados y funcionarios durante la retoma violenta de los militares, después de la ocupación que hiciera de la edificación un comando del M-19.
Enrique Gil, magistrado de la Corte Constitucional, respaldó a Montealegre y dijo que “esa reforma es un engendro que desdibuja el Estado Social de Derecho y elimina la autonomía de la rama judicial”.
El principal punto de contradicción es la propuesta de crear el Tribunal de Aforados que tendría la competencia de investigar a magistrados de las cortes, fiscal, procurador y contralor, elegido por el propio Senado de la República. Para el fiscal Montealegre es una propuesta revanchista para cobrarle a la Corte Suprema de Justicia los procesos de la parapolítica y al Consejo de Estado la revocatoria de investiduras en muchos casos.
La cabeza del ente acusador instó a la rama judicial a movilizarse, a rechazar a través de la protesta callejera lo que él considera un ataque contra la autonomía de la Justicia colombiana. Apeló al derecho de la protesta social.
Sobre él cayeron rayos y centellas. Los grandes medios de comunicación lo cuestionaron y, mientras algunos decían que Montealegre está en campaña presidencial, otros reducían su protesta a un problema de “guerra de poder y vanidades”.
La comisión de absoluciones
Nadie se opone en el país a que se acabe la Comisión de Acusaciones, conocida como de absoluciones, pero debe ser reemplazada por un tribunal que esté libre de presiones de los congresistas, duchos en esa práctica, y que respete la autonomía de la rama judicial.
La Justicia requiere de una reforma a fondo, que le ponga punto final a la llamada puerta giratoria, a la corrupción, al clientelismo y a otras formas que desvirtúan la ética y la ecuanimidad en la justa aplicación de la Constitución y las leyes en los fallos judiciales. Pero es una reforma revanchista, con trapisondas y a espaldas de la propia rama judicial. Es la síntesis del planteamiento del fiscal Eduardo Montealegre y de los magistrados de las cortes que se han pronunciado sobre el tema.
A Montealegre también quieren cobrarle, desde los medios y los círculos políticos tradicionales, que haya hecho pronunciamientos avanzados en la búsqueda de la paz como el “cierre definitivo” de los procesos contra los miembros de la guerrilla una vez sean suscritos los acuerdos de paz. Para los medios de comunicación, más allá de las limitaciones que tienen las opiniones de Montealegre, no es posible que un alto funcionario del Estado haga propuestas distintas a las que están avaladas por el poder y por ende por los partidos del establecimiento.
Reuniones van, reuniones vienen, orientadas a cooptar a los magistrados y al Fiscal a favor de la reforma política sobre el equilibrio de poderes, inane en algunos casos, de impacto negativo en otros, inconveniente porque no va al fondo de las necesidades de una real apertura democrática para la paz estable y duradera.
