Piden también que se investigue a profundidad al general Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XVII en Urabá, por su responsabilidad en los hechos, ya que de allí salieron los paramilitares y los aviones que los transportaron
Kikyō
El pasado 10 de junio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 37 años de prisión contra Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, general retirado del Ejército, por omisión impropia en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple que tuvieron lugar durante la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
El entonces mayor Hernán Orozco Castro, comandante del Batallón de Infantería Joaquín París, alertó a su superior el general Uscátegui, comandante de la Séptima Brigada del Ejército, sobre la incursión de los paramilitares en la región y el peligro que ello representaba para la población civil. Sin embargo Uscátegui hizo oídos sordos, con las nefastas consecuencias conocidas por todos.
Un juez especializado declaró inocente a Uscátegui de los cargos de homicidio y secuestro que le fueron imputados por este hecho en noviembre de 2007. Sin embargo el Tribunal Superior de Bogotá revocó cuatro años después la decisión y lo sentenció a una pena de 40 años, que posteriormente fue rebajada a 37.
No menos de cien paramilitares aterrizaron el 12 de julio de 1997 en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos no programados, provenientes de los aeropuertos de Necloclí y Apartadó. El control de la operación estuvo a cargo de la Fuerza Pública. Fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional, quienes facilitaron su transporte aéreo y terrestre hasta Mapiripán. Los paramilitares vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portaban armas de corto y largo alcance. Durante el trayecto se unieron más paramilitares, quienes llegaron de los departamentos del Casanare y Meta, transportándose todos por río desde San José del Guaviare a Mapiripán, y a pesar del número de hombres éstos no fueron detenidos por las tropas de la Brigada Móvil Nº 2.
El 15 de julio de 1997 los paramilitares se tomaron Mapiripán, llamaron a los habitantes del poblado de Charras y amenazaron de muerte a quienes pagaban impuestos a la guerrilla. Los sobrevivientes contaron que ese día los paramilitares aislaron a 49 personas relacionadas en una lista como presuntas auxiliadoras, colaboradoras o simpatizantes de la insurgencia, y que luego fueron torturadas y descuartizadas. Varias de las víctimas fueron arrojadas al río Guaviare, por ello no se ha podido determinar el número exacto de muertos. Al abandonar la zona los paramilitares, el 20 de julio se produjo un fenómeno de desplazamiento forzado.
Investigación a Rito Alejo
El encargado de las tropas en la zona de la que partieron los paramilitares y a quien ha mencionado Salvatore Mancuso como “clave” en el plan, el general Rito Alejo del Río, no ha sido vinculado a la investigación. Incluso el mismo Uscátegui durante el juicio señaló la responsabilidad del entonces comandante de la Brigada XVII en Urabá.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señaló que desafortunadamente esta no fue la única masacre en la región, sino que los paramilitares cometieron otra en Caño Jabón el 4 de mayo de 1998, la cual contó con el auspicio de oficiales de la Fuerza Pública, pero hasta la fecha no ha habido una investigación sobre ésta. La organización de derechos humanos, parte civil en este caso, hizo un llamado al general Uscátegui “para que contribuya al esclarecimiento pleno de estos hechos para que se materialice el derecho de las víctimas y de la sociedad colombiana a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Sus aportes podrían tener como escenario un tribunal de justicia transicional que vincule a máximos responsables civiles y militares de graves violaciones a los derechos humanos sobre una fórmula que establezca garantías ciertas de no repetición de los crímenes, como una contribución a la paz que Colombia reclama”.
En 2005 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por este crimen.
