Superados los recientes acontecimientos de confrontación, las vocerías de las comunidades campesinas manifestaron su voluntad de concertar con el Gobierno las iniciativas que puedan transformar el territorio
Manuel Hernández Pedraza (*)
El movimiento campesino del Cauca históricamente se ha caracterizado por su lucha en defensa de la tierra y en contra del desarraigo. Pero el abandono estatal en el departamento ha creado un caldo de cultivo para el crecimiento de un teatro de operaciones militares de grandes proporciones.
A su vez, una gran parte de las tierras fértiles del Cauca han sido sembradas con hoja de coca y alrededor de esta economía ilegalizada se han ido asentando labriegos buscando opciones de supervivencia.
En este cuadro social la guerra por el control territorial ha sido intensa. Un ejemplo es lo que sucede en el corregimiento de El Plateado en Argelia. Por muchos años fue el Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes hicieron presencia, pero entre 2019 y 2020 frentes disidentes de las FARC iniciaron la retoma de la región, con acciones militares de gran impacto, muchas de ellas cargadas de graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil.
Operación Perseo
Para enfrentar esta situación, el Gobierno de Gustavo Petro apostó por la estrategia de Paz Total. Sin embargo, esa política se fue evaporando con el rompimiento de las mesas de diálogo, que junto a los objetivos cada vez menos claros por parte de los grupos armados, fueron suficientes para el regreso de las viejas recetas guerreristas en el territorio.
El 12 de octubre de 2024 comenzó la Operación Perseo, estrategia militar para recuperar el control estatal en El Plateado. En esta zona del Cañón del Micay operan tres actores armados: el ELN con el frente José María Becerra; la Segunda Marquetalia con el frente Diomar Cortés; y el Bloque Occidental Jacobo Arenas con el frente Carlos Patiño.
Lo cierto en toda esta situación, es que la Operación Perseo terminó siendo una decisión controversial en el seno de las comunidades que habitan el Cañón del Micay, al tiempo que agudizó las disputas territoriales de todos los actores armados, dejando a la población civil en medio de la confrontación.
El pueblo del Micay
Por años las comunidades en El Plateado han reclamado presencia institucional, proyectos productivos agrícolas, inversión estatal, fortalecimiento de la educación y garantías para los maestros y las maestras para ejercer su trabajo sin la presión de los grupos armados. Además, vías terciarias adecuadas y planes de inversión a partir de una interlocución directa con los liderazgos sociales.
No obstante, hasta el momento estas exigencias chocan con planes, programas y proyectos elaborados desde Bogotá, dejando en evidencia la desconexión institucional del poder central con las necesidades de las comunidades caucanas en el Micay.
Para recuperar la confianza entre el Gobierno y los liderazgos campesinos es importante que el presidente prioricé lo dicho en el consejo de ministros del 10 de marzo, donde manifestó que “la paz es con el pueblo”. Esto significaría entender que la movilización de la población del Micay responde a un fenómeno mucho más grande que a la presión ejercida por los actores armados y el narcotráfico.
El 6 y 7 de marzo
En el marco de la Operación Perseo, iniciando marzo ingresó al corregimiento de El Plateado la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad.
Lo que hasta el momento habían sido enfrentamientos militares, rápidamente se fueron convirtiendo en confrontaciones directas con las comunidades en pleno casco urbano. De hecho, la comunidad ya venía denunciando un asesinato que hoy es objeto de investigación y algunas retenciones ilegales de campesinos.
El 6 de marzo se produce una confrontación entre la policía y habitantes de El Plateado. Las consecuencias fueron la destrucción de tanquetas, daños a casas, heridos dentro de la comunidad y la retención de 29 miembros de la fuerza pública.
Al respecto, la comunidad insistió que para proteger la integridad de los uniformados, estos fueran trasladados a la vereda La Hacienda. Asimismo, pidieron la participación de una “comisión de paz” para garantizar en dignidad la entrega de las personas retenidas.
Es así como el 7 de marzo “la comisión de paz” se trasladó a la vereda La Hacienda. El comité ad hoc estaba conformado por el defensor departamental Daniel Molano y el equipo de la Defensoría del Pueblo; la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA; y la ONU.
Instalada la mesa de diálogo con los voceros de las comunidades campesinas, se avanzó en un proceso de interlocución con el Ministerio del Interior. Esto permitió que comenzando la noche se llegara a un acuerdo para la entrega de los uniformados. Sin embargo, la noticia del asesinato de un campesino que se encontraba en la cabecera municipal bajo custodia del ejército, desbarató todo lo convenido hasta que no se esclarecieran los hechos.
Diálogo y concertación
La comisión se retiró en medio de una lluvia intensa y en un ambiente tenso. Pero en las primeras horas de la mañana se retomaron los contactos y sobre el medio día del 8 de marzo se pactó hacer el levantamiento del campesino asesinado, que según versiones de la comunidad, había sido ejecutado por la Segunda Marquetalia.
Con este punto asegurado se procedió a marchar en conjunto comunidad y los 29 uniformados al casco urbano de El Plateado, en condiciones de seguridad adecuadas para darle un cierre a todo lo acontecido en este episodio.
Estas gestiones de paz demostraron el poder del diálogo y la necesidad de crear confianza entre los interlocutores. También, que el manejo de la información es clave en todas las acciones emprendidas.
Finalmente, los voceros de las comunidades campesinas enfatizaron en su voluntad de concertar la llegada de las instituciones para trabajar en las iniciativas, que son del tamaño de sus necesidades. La gente en El Plateado cree que el Gobierno del cambio es más que una avanzada militar y un hospital de campaña sobre el lodo.
(*) Integrante de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’
