La convocatoria popular abre el sistema político, hace realidad la democracia participativa y honra el espíritu de la Constitución que deposita la soberanía en el pueblo. Ante el bloqueo institucional, movilización popular
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Se le agotó la paciencia al presidente Petro. La reciente presentación en el Senado de una ponencia negativa del proyecto de reforma laboral, ha motivado que el Gobierno decida apelar a la democracia directa. Así, convocará una consulta popular para someter a la voluntad del pueblo la aprobación de las reformas sociales.
La movida de un grupo de ocho congresistas que presentó esta ponencia es la más reciente jugadita para sabotear el trámite de las reformas y hundir los proyectos de ley sin debatirlos.
Desde el principio del Gobierno del cambio, las fuerzas del Establecimiento han renunciado a ser una oposición leal y constructiva. En su lugar, han desplegado una estrategia de desestabilización, que incluye la obstrucción de los trámites legislativos por parte de la bancada de oposición en el Congreso.
Por eso, ante el inminente hundimiento del proyecto de reforma laboral y a pesar de la histeria de la derecha y del “centro”, el presidente ha decidido convocar una consulta popular para que, de paso, se decida sobre esta reforma y sobre la reforma a la salud.
Normal y legal
Una de las innovaciones de la Constitución de 1991 fue definir el sistema político colombiano como una democracia participativa. Este concepto pretende superar al de la democracia representativa, definido en la Constitución conservadora de 1886, el cual limitaba el papel del pueblo a votar cada tanto tiempo para elegir a unos representantes que decidían por él. En la democracia participativa, por el contrario, se incorporan mecanismos de participación para que el pueblo pueda decidir directamente.
Apelar a la voluntad popular es un atributo de la democracia participativa y, como tal, revela que el Gobierno está actuando conforme al espíritu de la Constitución. Además, el uso de los mecanismos de participación ha sido frecuente en nuestra historia reciente. No solo han existido convocatorias para revocar el mandato de alcaldes, sino que también Uribe convocó un referendo en 2002, Santos convocó un plebiscito en 2016, y en 2018 se realizó una consulta anticorrupción. Ahora, Petro convoca una consulta en 2025. Como se puede ver, no tiene nada de raro. Entonces, ¿por qué tanta histeria?
Pisando callos
Desde 2022, el Gobierno ha presentado más de 50 proyectos de reforma, que incluyen el paquete de cuatro grandes reformas sociales: la pensional, la laboral, la del sistema de salud y la de la educación. Estas iniciativas han tenido una oposición feroz por parte de las fuerzas tradicionales del poder. La reacción se ha manifestado en el permanente sabotaje a los proyectos de ley, rompiendo el quórum o dilatando los debates para que se venzan los plazos.
También los medios han hecho lo suyo manipulando la información y dando espacio solo a voces críticas de los proyectos. Incluso han llegado a reclutar a jóvenes que, convertidos en “influenciadores”, difunden mentiras en las redes sociales para desprestigiar los proyectos.
No es extraño que la oposición sea tan desleal e implacable. Detrás del sabotaje a los proyectos de reforma están algunos de los sectores más poderosos de la élite colombiana. La reforma pensional afecta el negocio a los fondos privados de pensiones que, como se sabe, están controlados por los grandes conglomerados financieros. La reforma a la salud les quita el negocio a los intermediarios financieros de las EPS, que se han enriquecido obscenamente desde la aprobación de la Ley 100 en 1993.
La reforma laboral elimina la posibilidad de que muchos empresarios inescrupulosos sigan sobreexplotando a sus trabajadores, sin reconocimiento de sus mínimos derechos laborales y muchas veces en condiciones de semiesclavitud.
Finalmente, la reforma a la educación, que busca democratizar el conocimiento en Colombia, afecta a una de las estructuras que más ha servido para perpetuar la desigualdad en este país. Una educación pública de calidad, universal y gratuita ayudaría a crear las condiciones para una mayor igualdad de oportunidades y una más rápida modernización de nuestra sociedad, algo que muchos no están dispuestos a permitir.
Comienza la campaña electoral
La convocatoria del presidente, no solo a la consulta popular sino a la movilización callejera, es sin duda la apertura de un nuevo ciclo electoral. Esta propuesta de consulta, que mantiene la iniciativa política en el presidente y deja a la oposición en la reacción errática, centra el debate político en dos clivajes ─dos quiebres de la opinión─ donde el Gobierno lleva ventaja.
El primero se refiere al contenido de las reformas: derechos y dignidad vs. rentabilidad empresarial a toda costa. El segundo alude al hecho mismo de la convocatoria: democracia directa o bloqueo institucional.
El debate político en Colombia se orientará en los próximos meses por esas dos grandes discusiones. Lo interesante es que por primera vez en muchos años se estará debatiendo sobre el modelo económico, si uno productivo o uno neoliberal, extractivo y especulador. También se debatirá sobre el tipo de sistema político que queremos, si una democracia abierta, participativa y popular o un régimen representativo, excluyente y elitista.
El sistema se cierra, Petro lo abre
Como ha advertido acertadamente el analista Álvaro Forero Tascón, el sabotaje de la oposición no solo es inconveniente para el sistema político en su conjunto, sino también para la propia oposición. Al impedir el debate y la negociación política de los proyectos, la oposición solo obliga al Gobierno a tomar este tipo de iniciativas para forzar la materialización de sus propuestas sin contar con el concurso de sus detractores. En otras palabras, al sabotear, la oposición se autoexcluye del debate.
Por eso, si la oposición no tiene más estrategia diferente al sabotaje, lo que le queda al pueblo es seguir adelante. ¿La convocatoria a la consulta es política? Por supuesto que sí. ¿Es electoral? También. Y no hay nada de malo en ello. Al contrario, es una oportunidad para que, mediante los instrumentos constitucionales, el pueblo haga realidad un precepto constitucional con el que hasta ahora nos han mamado gallo: el Estado social de derecho.
Las élites colombianas siempre han tenido pánico al pueblo. Y ahora, con la movilización popular, el miedo está cambiando de bando. ¡A la calle!
