El proyecto de ley contraviene pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se aparta de las condiciones en materia de derechos humanos estipuladas por el Congreso de los Estados Unidos para autorizar la asistencia militar a Colombia.
Julio Pulido
Poder Ciudadano
En carta enviada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresa como preocupante la que él expone como “inminente aprobación del proyecto de reforma al sistema de justicia militar que presentó al Congreso en septiembre de 2013”.
El proyecto de ley número 85 de 2013 presentado por el Ministerio de Defensa busca reestructurar la justicia penal militar y policial, establecer requisitos para el desempeño de sus cargos, implementar su Fiscalía General Penal Militar y Policial, organizar su cuerpo técnico de investigación, señalar disposiciones sobre competencia para el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada.
Para Vivanco el proyecto “estipula que la justicia penal militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o bacrim) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad”.
El proyecto de ley asigna en forma expresa a los tribunales militares los delitos por los cuales la Fiscalía impulsa actualmente los procesos de falsos positivos: homicidio agravado, homicidio en persona protegida y homicidio. Lo que lo hace un proyecto de ley que promueve la remisión de causas de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
El director de la División de las Américas de HRW recuerda que en octubre de 2013, la Corte Constitucional anuló por vicios de procedimiento una enmienda constitucional de alcance similar al proyecto que hoy se encuentra a punto de ser aprobado.
La ampliación del sistema de justicia militar a violaciones de derechos humanos y del DIH que prevé el proyecto de ley no solo contraviene reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se aparta de las condiciones en materia de derechos humanos estipuladas por el Congreso de los Estados Unidos para autorizar la asistencia militar a Colombia.
En la extensa carta, José Miguel Vivanco pide al ministro Pinzón retirar el proyecto de ley de reforma al sistema de justicia penal militar por considerarlo “absolutamente injustificado”. Vivanco advierte que la historia demuestra que cuando las investigaciones de violaciones de los derechos humanos quedan en manos de la jurisdicción militar, el resultado ha sido casi sin excepción la impunidad.
De ser aprobado el proyecto podría generarle serias consecuencias a Colombia frente a la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y EEUU. Ahora el futuro del proyecto está en manos del Senado en donde ya ha superado dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos.
La carta de director de la División de las Américas de Human Rights Watch se conoce en el momento en que el tribunal de Norte de Santander condena a la nación en uno de los casos de los jóvenes de Soacha secuestrados y asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos.
