A la privatización de la salud, se le suma el despido de miles de trabajadores del sector, que entrarían a sumar las cifras de desempleo en la capital del país
Carolina Tejada
Según análisis que ha venido haciendo el sector de la salud en Bogotá, la primera arremetida que afectó directamente a toda la población bogotana en especial a los sectores más pobres de la ciudad, fue la que generó el actual alcalde Enrique Peñalosa, al quitar del presupuesto de la ciudad un 40% de los recursos destinados a los hospitales públicos, que ya venía propuesto por la administración anterior.
Con ese 40% se afectó la detención a la ciudadanía que asiste al servicio público en salud con el fin de aliviar sus necesidades. Según el acuerdo 641, implementa el nuevo modelo de salud para Bogotá, comenta Doris González, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y la seguridad Social, Sindess, que con la propuesta redes, el alcalde limita el acceso a la salud, y contrario a la necesidad de optimizar este servicio y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que hace es empeorar las condiciones. Afirma Doris “de 22 hospitales de Bogotá, el modelo de salud del nuevo alcalde los reduce a cuatro para agrandar más la intermediación en el servicio a la salud. Este modelo privatiza la salud”.
Masacre laboral
Para el nuevo gobierno distrital las apuestas del plan de desarrollo con respecto a este derecho ciudadano, son optimizar el servicio y mejorarlo. Bajo la aprobación del plan, se creará el Instituto de Gestión de Urgencias y Emergencias en Salud. Pero contrario a esta apreciación, el movimiento por la salud asegura que su aprobación implicaría la privatización igualmente de los servicios de urgencia en los hospitales, además de una masacre laboral.
Esta apreciación surge debido a que para la administración de Peñalosa, las personas que están vinculadas bajo contrato de prestación de servicios no son trabajadoras. Menciona la líder: “Solo entre el día miércoles y jueves despidieron a 1.300 trabajadores. Muchos de ellos llevaban trabajando 12 o 16 años como contratistas en la secretaria de Salud”. Algunos de estos trabajadores piensan demandar por el contrato realidad.
Esta misma situación atraviesa el programa desarrollado por administraciones anteriores, denominado Territorios Saludables, un programa de salud cuyo fin era garantizar el derecho a la salud para los y las ciudadanas del Distrito Capital, tomando como orientación la Estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada, APS. Estrategia que implica llevar la salud a los hogares más pobres de la ciudad, y que hasta el año pasado tenía más de nueve mil prestadores del servicio a la salud.
Con el nuevo modelo en salud, la mayoría de los prestadores en salud salen del sistema. Así lo asegura Doris: “De los nueve mil trabajadores solo contratarían médicos. No van a contratar terapeutas ni las higienistas orales. Mes a mes están saliendo funcionarios de este programa, o sea de manera gradual han salido muchos funcionarios y se espera que para esta semana salgan tres mil funcionarios más”.
Las resistencias
Los sectores de la salud, han venido manifestándose en contra de este anuncio, que como ellos mismos han señalado, es una masacre laboral la que este nuevo plan de desarrollo está haciendo en la ciudad, además de privatizar la prestación del servicio de salud en la capital. Mítines y jornadas de protesta así como debates en el Concejo se han adelantado con el fin de exponerle los efectos de dicho plan.
Dentro de todos los rechazos que ha tenido el mencionado plan de Peñalosa, también se suma la valoración y recomendaciones del Consejo Territorial, el cual recibió el borrador hace alrededor de dos meses, y quien manifestó su inconformidad puesto que propuestas como la venta a la ETB, los peajes, el pago por libre circulación o la propuesta de la enajenación de las acciones de Capital Salud, no se encontraban en dicho documento.
Igualmente han señalado que “este proyecto presenta una ciudad a la que se accede en términos de infraestructura, espacio físico y servicios mercantilizados, y no en términos de garantías sociales. Es un lugar que oferta y no garantiza. Un sitio que podría asimilarse a un mercado en el que solo se adquiere de forma económica”, a pesar de que estas observaciones garantizarían un freno a las aspiraciones del plan, estas no obligan a la administración a que las asuma.
