La fiscalía acusó a Diego León Montoya Sánchez alias Don Diego; a Diego Rodríguez Vásquez; y al mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña como coautores del delito de concierto para delinquir agravado, por la conformación de grupos paramilitares en el Valle del Cauca.
En firme quedó la resolución de acusación contra Diego León Montoya Sánchez alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle, contra Diego Rodríguez Vásquez, y contra el mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña, del Batallón Palacé de Buga, como coautores del delito de concierto para delinquir agravado, por la conformación de grupos paramilitares en el Valle del Cauca, según informó la fiscalía 43 delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Con esta decisión se confirman las resoluciones de acusación proferidas por la fiscalía 17 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
En el marco de este crimen fueron acusados por los delitos de secuestro agravado y homicidio agravado por la masacre de Trujillo, acontecida entre los años de 1988 y 1994 en este municipio del Valle del Cauca en donde se perpetraron, en plena complicidad y asociación con miembros de la Fuerza Pública, múltiples homicidios, secuestros, torturas, desapariciones y descuartizamientos de forma generalizada en contra de los habitantes de la región.
Sus cuerpos según relato de los testigos, eran mutilados y descuartizados con motosierras y maquinaria agroindustrial, para posteriormente ser arrojados al cauce del río Cauca, de donde muy pocos cuerpos fueron rescatados.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de los casos más representativos de la atrocidad y la barbarie con que operaba este grupo en el norte del Valle, son los del sacerdote del municipio de Trujillo, Tiberio de Jesús Fernández Mafla, su sobrina Alba Isabel Giraldo Fernández, José Norbey Galeano Cuartas y el arquitecto Óscar Pulido Rozo, quienes fueron secuestrados para posteriormente ser asesinados. Sólo se encontró el cuerpo torturado y sometido a aberrantes mutilaciones del sacerdote Tiberio Fernández, y los demás cuerpos hasta hoy se encuentran desaparecidos.
El sacerdote de Trujillo fue asesinado por ser un gestor social e impulsar el cooperativismo entre los campesinos y sectores menos favorecidos de la región, por acompañar peticiones como la construcción de carreteras veredales, escuelas y la asignación de maestros en las áreas rurales del municipio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió investigación a través de una comisión especial para el esclarecimiento, en el marco del caso 11.007 contra el estado colombiano por la masacre de Trujillo.
