Las familias desalojadas, muchas veces no se dan cuenta de las irregularidades en los procesos. En este caso que VOZ siguió, la familia tenía crédito con Bancolombia, pero se la quitaron por deuda con otro banco que nunca les prestó nada
Redacción Bogotá
Tres días de hospitalización y diez días de incapacidad fueron las consecuencias que le dejó a la señora Marlén Sánchez Rodríguez el desalojo de su casa ubicada en la calle 151 Nº 111A-25 en Suba, el pasado 15 de septiembre, por el shock y los nervios.
“Estoy muy deprimida por el desalojo injusto que nos hicieron. No teníamos conocimiento de qué día se iba a realizar. El día del desalojo estaba uno de mis hijos que es el propietario de la casa. Él estaba durmiendo y no se sabe cómo entraron. Creemos que violentaron la chapa con cerrajero y subieron al tercer piso en donde estaba mi hijo durmiendo y lo despertaron prácticamente con violencia, hubo un agente de la Policía que le golpeó los testículos, y lo bajaron del tercer al primer piso a rastras”, comentó a VOZ Marlén Sánchez.
Para evitar atropellos con las personas que son desalojadas, ya que siempre hay Policía, la ley dispone que tienen que hacer presencia entidades como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Integración Social, el Instituto de Bienestar Familiar, entre otros, pero esto nunca ocurre, pues en este caso la única entidad que hizo presencia fue la Secretaria de Integración Social.
La deuda para adquirir la casa fue por 44 millones de pesos, a través de un préstamo con Bancolombia. La casa la adquirieron los hijos de esta colombiana hace aproximadamente ocho años, cuando tenía un valor aproximado de 66 millones de pesos. Hoy en día la casa tiene un valor de 130 millones de pesos.
Desafortunadamente su hijo tuvo un accidente y debido a eso quedó sin trabajo, y por supuesto se atrasó en las cuotas. Según dice doña Marlén, sus hijos siempre manifestaron la voluntad de pagar y negociar la deuda, pero no lograron juntar el dinero.
En este caso sucedió lo mismo que viene sucediendo con los desalojos de la capital. El banco que ha hecho el préstamo vende la cartera a terceros, en este caso, a la Titulizadora Colombiana S.A y fue esta quien adelantó el proceso contra la familia.
El juez 13 civil del circuito de Bogotá, quien es el juez de origen, adelantó un proceso que culminó en un remate y luego realizó un despacho comisorio que fue remitido a la juez 11 civil municipal de descongestión de Bogotá, y fue ella quien autorizó el desalojo, sin notificar a la familia.
Las familias se ven obligadas a pagar los honorarios de los abogados del banco (en este caso la titulizadora), entre los abonos que hacen, para que den la autorización de poder abonar. Suena ilógico pero así es. Una de las quejas de la señora Marlén es que en los pagarés del banco aparecen cifras diferentes a las que realmente la familia debe.
La familia no tenía ni idea que lo iban a hacer ese día, así que a todos los tomó por sorpresa. Además se cometieron varios atropellos como que se llevaron las órdenes médicas y medicamentos importantes para la salud de la señora Marlén, toda la ropa y los implementos de trabajo de uno de sus hijos, quien es independiente.
A la fecha de la entrevista con esta familia ellos no sabían en donde estaban sus cosas guardadas. Solo saben que las dejaron en una bodega y que deben pagar 800 mil pesos mensuales. En el desalojo se llevaron además los artículos de aseo. Hoy esta familia se queda provisionalmente en donde una amiga que les ha dado posada.
“Yo le dije a la jueza que me diera el despacho comisorio, porque yo quería comprobar si estaba todo en regla. Ella no quiso, pero de tanto insistir me lo envío con una policía, y yo leí que mis hijos tenían una deuda con el banco Davivienda. Eso me sorprendió ya que ellos nunca tramitaron préstamos con Davivienda. Yo le dije a la jueza que ella no debía continuar con el desalojo porque la deuda no era con Davivienda. Sin embargo ella no prestó atención a mi súplica y continuó. Solo estuvo la Secretaría de Integración Social”, concluyó la mujer.
