La reforma plantea un rediseño estructural que, si se implementa con rigor, puede garantizar sostenibilidad fiscal, inclusión social y justicia intergeneracional
Flora Zapata
Mientras el gobierno libertario de Javier Milei en Argentina enfrenta crecientes escándalos —desde la caída de la criptomoneda $LIBRA hasta audios que vinculan a altos funcionarios con posibles actos de corrupción—, en Colombia, el debate pensional ha tomado otro rumbo. Aquí, el Congreso aprobó en 2024 una ambiciosa reforma pensional que busca reestructurar el sistema actual, atender las demandas de equidad y sostenibilidad fiscal, y responder a las nuevas realidades demográficas del país.
En contraste con el discurso libertario que propone menos Estado como solución universal, el enfoque colombiano reconoce la necesidad de un Estado presente y eficiente, que garantice derechos básicos como una vejez digna. Pero no todos están de acuerdo. Jerome Sanabria, joven de 19 años y vocera del movimiento #NoConMiAhorro, ha sido una de las críticas más visibles de la reforma. En redes sociales se viralizó un video donde afirma que no se va a pensionar y acusa al sistema de ser insostenible y regresivo.
El temor de quedarse sin pensión
Sanabria argumenta que la baja natalidad, sumada al aumento de la esperanza de vida, perfila un sistema inviable. La caída del 13,7 % en los nacimientos en 2024 y el progresivo envejecimiento poblacional, dice, crean una estructura piramidal: cada vez hay menos jóvenes aportando para más adultos mayores. Añade que el sistema ya da señales de agotamiento: en 2024, el Estado transfirió 25 billones de pesos a Colpensiones, un aumento del 30 % frente al año anterior. Según proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de mantenerse esta tendencia, los fondos podrían agotarse para 2062.
La respuesta de la reforma
Pero lo que Sanabria omite —o desconoce— es que la reforma aprobada precisamente busca corregir esos desequilibrios. Entre sus principales innovaciones está la creación del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), que introduce un esquema mixto: Colpensiones seguirá administrando las cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que los aportes que excedan ese umbral serán gestionados por una entidad privada elegida por el afiliado. Esto permite diversificar el riesgo y reduce la dependencia del presupuesto estatal.
También se incluye un Pilar Solidario que garantizará un ingreso mínimo mensual —alrededor de 223.800 pesos— para los adultos mayores en pobreza extrema, incluso si no cumplieron los requisitos para una pensión. Esta medida busca corregir la exclusión histórica de millones de personas del sistema pensional. A esto se suma un pilar semi contributivo que reconoce aportes parciales y entrega rentas proporcionales, evitando que quienes cotizaron poco terminen con las manos vacías.
Viabilidad financiera y garantías de transición
La reforma tiene como uno de sus objetivos centrales reducir el déficit estructural del régimen de prima media. Según el Ministerio de Hacienda, podría pasar del 67,5 % al 55,2 % del PIB, una disminución significativa. Además, las comisiones cobradas por las nuevas entidades privadas se reducirán gradualmente, comenzando en 0,8 % en 2025 hasta llegar a cero en un plazo de veinte años, lo que alivia los costos para los afiliados.
Otro aspecto clave es la transición. Se mantienen las edades de pensión actuales —62 años para hombres y 57 para mujeres— y se establece un régimen especial para quienes ya han acumulado 900 semanas (hombres) o 750 (mujeres), protegiendo sus expectativas frente al cambio de reglas. Esto asegura estabilidad y previsibilidad para quienes están cerca de pensionarse.
Lo técnico es también político
Esta reforma no es una solución milagrosa, pero sí representa un rediseño técnico sólido, que reconoce los desafíos estructurales del sistema pensional colombiano. Su enfoque mixto, que articula redistribución con ahorro individual, es una respuesta adaptativa a la realidad demográfica y fiscal del país. No ignora los riesgos que sectores críticos como Sanabria señalan; al contrario, los aborda con mecanismos concretos.
Su implementación, sin embargo, será el verdadero punto de quiebre. La reforma necesita gobiernos comprometidos con su ejecución, entidades vigilantes, y ciudadanía activa. Si eso se cumple, el sistema no solo podrá sostenerse, sino convertirse en una herramienta real de inclusión y protección para millones de colombianos que hoy envejecen en la informalidad y la pobreza.
Una contradicción reveladora
En este contexto, resulta paradójico que las críticas más duras provengan de sectores que aplauden modelos como el de Milei en Argentina, justo cuando ese experimento libertario enfrenta una crisis de legitimidad, por sus propios excesos. Mientras allá se desmontan programas sociales y se entregan sectores estratégicos al mercado sin mayor control —con consecuencias evidentes para la población más vulnerable—, en Colombia se intenta construir un modelo más equilibrado que, si se aplica bien, puede convertirse en una de las reformas sociales más importantes de la última década.
Es válido cuestionar, exigir transparencia y pedir resultados. Pero también es justo reconocer que esta reforma parte de un diagnóstico serio, propone medidas estructurales y, sobre todo, prioriza a la gente de a pie. Lo que está en juego no es solo una fórmula financiera, sino la posibilidad de garantizar una vejez digna a quienes han sostenido al país con su trabajo. Y eso, en tiempos de discursos fáciles y promesas rotas, no es poca cosa.
“La reforma pensional no elimina los riesgos del sistema, pero sí los enfrenta con mecanismos concretos. El verdadero reto es político: que los próximos gobiernos cumplan con lo aprobado.”
