Aunque son evidentes los avances, está aún lejos el logro del acuerdo para la paz estable y duradera
Hernando López
Hay un adagio popular que dice: “no se me adelante, pero tampoco se me atrase”, que bien podría aplicarse al Gobierno Nacional por el vaivén de su conducta en el proceso de La Habana. A ratos plantea la paz exprés, pero también tiene momentos de pereza en que da ultimátums y le pone el freno a los diálogos con las FARC-EP, mientras que con el ELN ni siquiera despegan.
La semana pasada, en medio de avances importantes como las reuniones con las víctimas y con los militares, los voceros gubernamentales decidieron anunciar que el acuerdo está en la recta final.
Sin embargo, la Delegación de Paz de las FARC-EP “aguó” la fiesta en una declaración en que advierte que “no estamos en la recta final”. “Altos funcionarios del Gobierno están creando la sensación de que con la visita de las primeras víctimas del conflicto y la presencia del general Javier Flórez y de un grupo de coroneles en La Habana, lo que sigue por añadidura es la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla”, dice el texto de la declaración.
Aunque en forma contradictoria el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, leyó una dura declaración contra la organización insurgente, el pasado miércoles 3 de septiembre, para censurar a las FARC-EP por el testimonio de una guerrillera de nombre Diana que puso en duda la condición de víctima de Clara Rojas por lo que llamó mal comportamiento durante el tiempo de su largo cautiverio. La arremetida oficial, desmesurada y por fuera de los temas que deben discutirse en la mesa, es reflejo de que “la recta final” está distante. La delegación guerrillera exigió la rectificación del jefe de la representación oficial.
La maniobra del gobierno
A juicio de periodistas y analistas es una maniobra de los voceros gubernamentales para mostrar “demasiados e inexistentes logros” y sobre todo para negar la importancia de los puntos que están en el refrigerador y que deberán discutirse de nuevo porque “nada está acordando hasta que todo esté acordado”, según reza el Acuerdo General firmado por ambas partes.
Dicen las FARC-EP: “Nos preguntamos entonces a qué juega el gobierno con sus anuncios, cuando lo normal sería no crear falsas expectativas, y por el contrario explicar que, si bien se avanza en varios campos, lo que está por definirse, como es el caso de las transformaciones institucionales, aún toma tiempo”.
El juego del Gobierno es malintencionado. Los tres puntos ya discutidos son de acuerdos parciales, pues hay temas de fondo pendientes y mientras no queden resueltos no se podrá hablar de acuerdo final. Inclusive, la Comisión de Historia tiene asignado un tiempo de trabajo de cuatro meses que se vence en diciembre del presente año, lo cual prevé que no habrá consenso antes del final de 2014.
El Gobierno regresa en círculo vicioso a priorizar los temas de víctimas y dejación de armas, que, con todo lo importante que son, no superan el interés general por los cambios sociales y políticos. Desde la llamada sociedad civil siempre se ha planteado que la paz es viable pero con democracia y justicia social. En contravía de la idea reduccionista que tiene el establecimiento sobre la paz: desmovilización y entrega de las armas es lo fundamental, lo demás son adornos que a la hora de la verdad se hacen innecesarios e incómodos según su mezquino punto de vista. Es la paz gratis, sin cambios en la vida nacional, factor principal en la frustración de tantos procesos fracasados en el pasado.
La unilateralidad
Pero, de otra parte, las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional amenazan el ritmo del proceso. En el punto del “fin del conflicto”, que está en consulta de ambas partes para avanzar en algunos criterios, hay dos elementos que quieren ser impuestos por el Gobierno, que son el llamado marco jurídico para la paz y el referendo como mecanismo de refrendación. Fueron aprobados en el Congreso por fuera del consenso que requieren. Las FARC-EP no los acepta, deben ser discutidos y aprobados por ambas partes.
La insurgencia plantea la asamblea nacional constituyente a la que le da un mayor alcance de participación, porque podría refrendar lo acordado, dirimir sobre los desacuerdos y profundizar en las reformas políticas y sociales para una nueva institucionalidad democrática.
A lo anterior se agrega un encontronazo más tras la reunión en La Habana con la delegación de los militares, encabezada por el general Javier Flórez, pues el Gobierno le dio el alcance de “evitar las trampas”, como lo señaló el ministro Pinzón, o de dirigir la desmovilización y la entrega de las armas como lo han señalado otros voceros gubernamentales secundados por la “gran prensa”.
La anterior versión generó inconformidad en los voceros insurgentes. “En desarrollo de esta ficción (la de la recta final), el presidente Santos ha anunciado la creación de un Comando Estratégico de Transición que estaría encargado de supervisar ‘cómo es que vamos a hacer esa transición, cómo es que vamos a supervisar la desmovilización del enemigo, cómo vamos a supervisar y garantizar la entrega de armas’. Atrevida argumentación si se tiene en cuenta que ninguno de estos asuntos ha sido tema de debate en las conversaciones, y que conceptos como ‘transición’, ‘desmovilización’ y ‘entrega de armas’ no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla”, dice la declaración reciente.
Y más adelante precisan que no aceptan ninguna jerarquía militar para resolver asuntos que son “políticos por definición”.
Cantando victoria
Es preocupante que el Gobierno continúe adelantando proyectos y decisiones por fuera de la mesa. El recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está promoviendo, por ejemplo, la reglamentación del “marco jurídico de justicia transicional”, sin tomar en cuenta la opinión de la contraparte. Todos los entendidos coinciden en que semejante práctica unilateral lo único que hace es alejar el tránsito hacia la recta final y crea fundadas dudas sobre las reales intenciones del establecimiento frente al cumplimiento de los compromisos con la insurgencia.
Los militares y el Gobierno pareciera que quieren lograr la victoria por la vía política, excluyendo los acuerdos bilaterales, en particular las reformas políticas y sociales. Estas últimas, incluyendo los desacuerdos, deben ser, en el mejor de los casos, lo cree la opinión oficial, parte de una plataforma de lucha política sin actores armados. Lo que no logró el Estado dominante en el campo de batalla lo quiere lograr a través de las imposiciones en la mesa por parte del Gobierno de Santos. Es un absurdo concepto de la “victoria total”.
Mientras el Gobierno se dedica a cantar victoria, no presenta propuestas ni iniciativas concretas sobre los temas en debate, como sí lo hace su contraparte, que acaba de divulgar diez propuestas mínimas sobre víctimas, que “se inspiran en los principios acordados entre ambas partes”. Estas se refieren al esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y sus impactos sobre la población; la creación de una Comisión de la Verdad, “independiente y autónoma para aportar al esclarecimiento de la verdad sobre la victimización, las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. El informe final de esta comisión tendrá carácter vinculante para ambas partes. Así mismo proponen crear un fondo de reparación a las víctimas.
La recta final no ha llegado aún, pero hay suficientes avances para estimular el optimismo. Es menester la voluntad de paz del Gobierno, bajarle a la actitud prepotente y abandonar la falsa creencia de que la guerrilla está derrotada. “Solo así es posible llegar a este momento culminante”. Con inteligencia, creatividad y voluntad es posible el acuerdo.
