El gobierno de Evo Morales recuperó para el país empresas de servicios aeroportuarios en manos de multinacionales españolas. Van 20 empresas nacionalizadas durante el mandato el líder indígena aimara
Alberto Acevedo
El lunes 18 de febrero se conoció la noticia de que el gobierno del presidente Evo Mortales decretó la nacionalización de la Empresa de Servicios Aeroportuarios de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), filial de las españolas Albertis y Aena, que tenían a su cargo la administración de los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Morales, quien hizo el anuncio a los medios de comunicación, dijo que había dispuesto la medida porque las empresas incumplieron el contrato que tenían, en términos de inversión para el correcto mantenimiento de las instalaciones a su cargo.
Desde el año 2008 el gobierno boliviano venía investigando a esta multinacional para establecer si cumplía con las inversiones estipuladas en el contrato. En 2009 fueron los propios trabajadores de las mencionadas firmas comerciales los que se movilizaron para denunciar violaciones a las leyes laborales internas. Las denuncias continuaron y en 2011 tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir igualdad salarial y solicitar la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante el manejo irregular de los activos de la empresa.
Las autoridades encontraron en las empresas españolas una gestión orientada exclusivamente al lucro particular, lo que llevó a decretar las nacionalizaciones. En ese afán, las transnacionales españolas no sólo han vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores sino deteriorado el medio ambiente. No se convirtieron en “agentes del desarrollo”, como prometieron al solicitar autorización para operar en ese país, sino en factor para deteriorar la calidad de vida de los bolivianos.
Sector eléctrico
Situaciones similares habían concurrido para que en 2006 el gobierno determinara la nacionalización de Repsol, también de capital español, dedicada a la extracción de hidrocarburos, y en 2012 procediera de igual manera con la Red Eléctrica Española (REE), una transnacional encargada del transporte de electricidad.
El 29 de diciembre de 2012, el gobierno de Morales había decretado la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos empresas distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro. “Nos hemos visto obligados a tomar esta medida, para que las tarifas del servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de la Paz y Oruro, y la calidad del servicio sea uniforme en el área rural y urbana”, declaró en ese momento el presidente boliviano.
Las tarifas de energía eléctrica en La Paz eran de 0.09 dólares por kilovatio/hora, mientras en el área rural eran de 0.23 dólares por kilovatio/hora. Las empresas nacionalizadas fueron Distribuidora Eléctrica de La Paz, Elfeo de Oruro, la Empresa de Servicios Edesei y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas. El control de las cuatro comercializadoras fue asumido por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
La intención del gobierno de Evo Morales es que la gestión estatal en servicios como la red eléctrica, pensiones, transporte y otros, funcionen con la lógica, no del máximo beneficio para sus propietarios, sino con la de la calidad del servicio público. Desde que asumió el poder en 2006, el mandatario de origen aimara ha nacionalizado al menos 20 empresas en las áreas de hidrocarburos, cementos, minas, electricidad y servicios.
