Nicolás Escandón, director de Derechos Fundamentales del Trabajo, de este Ministerio, explica los avances del proyecto en el Congreso de la República
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
¿Cómo se construyó el proyecto de reforma laboral?
Se comenzó a construir en octubre de 2022 por una decisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, donde se creó una subcomisión que construyó, de manera tripartita, un texto presentado al Congreso en marzo de 2023.
Ese texto nunca se discutió, por lo tanto, en agosto el Gobierno radicó un texto mejorado, fruto en las audiencias públicas.
Ingresó por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es una ley ordinaria, que requiere cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado para ser una ley. Actualmente se aprobó un texto en el primer debate.
¿Por qué esta discusión sí continúa en el próximo periodo legislativo?
Porque una ley ordinaria se puede discutir en dos legislaturas. La regla es que por lo menos en la primera legislatura debe darse el primer debate y aprobarse.
Legitimidad de la propuesta
El proyecto contó con la aprobación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, ¿algún otro organismo internacional la aprueba?
Tuvo la posibilidad de debatirse y construirse escuchando experiencias internacionales como las de España, Chile, México. Esto permitió que tuviéramos la oportunidad de darle una mirada al cumplimiento de las obligaciones internacionales, y por ello la OIT, a través de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, nos da una viabilidad positiva sobre el cumplimiento de lo que nos había recomendado.
Lo propio realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando un énfasis en relación con la importancia de lo que traíamos sobre el derecho colectivo del trabajo, el derecho de asociación y las libertades sindicales.
Hay representantes de los empresarios que afirman que la reforma no ha sido concertada, que fue impuesta.
Siempre hay posturas alrededor de qué se concibe como diálogo social desde el tripartismo. Lo cierto es que el Gobierno realizó alrededor de 12 mesas técnicas desde octubre de 2022 a marzo del 2023, para recoger las solicitudes de las mujeres y sus organizaciones, de las organizaciones de personas con discapacidad, de los informales, de los jóvenes y de quienes habían sido desconocidos en las construcciones de las reformas laborales anteriores.
Lo que mantiene el proyecto
En las discusiones en la Cámara, ¿qué se perdió de la propuesta original?
La idea del Gobierno en relación con la promoción de derechos humanos laborales se mantiene intacta, es decir, se mantiene la esencia de lo que se quiere consolidar alrededor del principio de estabilidad laboral.
Esta esencia se reconoce en las formas de contratación y en las medidas que permitirán la construcción de escenarios de sostenibilidad a favor de las empresas pequeñas y medianas.
También rescatamos la posibilidad de recuperar algo que estaba perdido en otras leyes como las 789 del 2002, sobre el contrato de aprendizaje y su laboralidad, y eso es un punto relevante para la juventud. Además, la noción del contrato agropecuario que desarrolla la Cámara de Representantes.
Dejamos constancia sobre la posición que impidió debatir algunos temas sobre el derecho colectivo del trabajo, propios de una regulación que nos está exigiendo la comunidad internacional sobre el derecho a la huelga. Esto sale del texto que presenta el Gobierno.
¿Qué otras garantías mantiene el proyecto?
Garantías para el derecho de asociación. Se seguirá debatiendo sobre los pactos colectivos, en relación con las organizaciones sindicales, y del contrato sindical.
La posibilidad de que el pago, cuando hay despido sin justa causa, pueda contar con una indemnización justa. Que estos pagos sean de acuerdo con el número de años que tiene un trabajador al interior de una empresa.
La posibilidad de que exista una regulación alrededor de las plataformas digitales de reparto, estableciendo que quienes trabajan sean trabajadores y no colaboradores, con un contrato de acuerdo con lo que requiera la empresa. Contrato de trabajo o prestación de servicios, pero tendrán seguridad social.
Auxilios a nóminas
Sobre las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a contratación a término indefinido, hay muchas que no van a poder. ¿Cómo podrían hacerlo?
La promoción de la política de empleo la desarrolla el Ministerio del Trabajo y el Gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Hay incentivos a través de la contratación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad para que puedan tener pagos directos a su nómina. Esto es parte de los complementos de la reforma.
El Artículo 41 tiene medidas para la formalización y los aportes a la seguridad social en micronegocios. Queremos potenciar esquemas de formalización con pagos a la seguridad social a tiempo parcial en sectores fundamentales para la economía, como la hotelería, los restaurantes y los bares, y los propios que se desarrollan en la agricultura, simplemente con el cumplimiento de tres requisitos básicos: formalizar su existencia y representación legal ante las cámaras de comercio; creando libros de contabilidad para el registro de sus ingresos y gastos; y con un registro interno de sus contratos laborales. De esta manera, podrán acceder a incentivos y programas que reglamentará el Gobierno una vez aprobada la reforma laboral.
Esas garantías de formalización permitirán crecer con un equilibrio entre los derechos de los trabajadores, y la potenciación y sostenibilidad de empresas a largo plazo.
¿Cuáles son las líneas rojas de esta reforma en el Congreso?
La garantía de la estabilidad laboral. La defensa de que el contrato laboral sea a término indefinido con todas las protecciones que requieren los y las trabajadoras. La única forma de crear trabajo decente es el respeto a los derechos laborales. Los trabajadores con derechos incentivan el crecimiento de la economía y del bienestar social.
