La llamada “Misión Rural” aconseja liquidar esa entidad como parte de un paquete de recomendaciones para el sector agrario
Agencia Prensa Rural
La semana pasada se entregó el documento final de la “Misión Rural”, un diagnóstico encargado por el gobierno nacional a un equipo dirigido por el exministro José Antonio Ocampo con el fin de formular transformaciones para el sector agrario.
Una de las principales recomendaciones que formuló la Misión Rural fue reorganizar el Ministerio de Agricultura, comenzando por liquidar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). También se destacan medidas como desmontar los subsidios directos, política que han utilizado los últimos gobiernos, y crear un fondo de desarrollo rural.
El diagnóstico se llama “Saldar la deuda histórica con el campo” y en total formula cinco estrategias que fueron construidas por un equipo de expertos dirigidos por el exministro Ocampo y que dio participación a los grandes gremios del sector agropecuario, pero no al campesinado.
El Incoder y las ZRC
El Incoder tiene bajo su responsabilidad la aprobación y gestión de las zonas de reserva campesina (ZRC). Pero para las organizaciones que promueven esa figura territorial, dicha institución “sabotea” la creación de ZRC.
En enero pasado, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denunció la existencia de un “veto institucional” desde el Incoder contra esa figura de la ley 160 de 1994.
Para Anzorc, en el Incoder existe “un incumplimiento sistemático y planificado de la ley 160, la reglamentación y el mandato misional”, conductas que se reflejan en hechos como la suspensión arbitraria de la audiencia de constitución de la ZRC del Sumapaz.
En los últimos meses, la mayoría de procesos de constitución de ZRC avanza muy lentamente en el Incoder. En las ya existentes se actualizaron los planes de desarrollo sostenibles, pero están desfinanciados.
Además, en las ZRC del Catatumbo (Norte de Santander) y de Lozada-Guayabero (Meta) se adelantaron todos los trámites para ser declaradas, pero aún no se materializa su conformación.
Por su parte, la del Sumapaz lleva meses esperando la audiencia pública de conformación, aplazada unilateralmente en enero pasado con el pretexto de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y la “situación política” de la capital.
Todos estos elementos ponen en tela de juicio el papel que debería cumplir un organismo como el Incoder en momentos en que se apuesta a una reforma del campo como pilar para la paz.
¿Y el campesinado?
Pero más allá de la figura institucional, líderes campesinos han señalado que el problema es de “voluntad política” de funcionarios y entidades oficiales. Voluntad política a la cual se refirió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la instalación de la Mesa Única con la Cumbre Agraria.
Mientras los grandes gremios tuvieron participación en la Misión Rural, y en tal sentido apoyan las propuestas formuladas en su informe, el campesinado no fue consultado en la formulación del mismo.
Por eso, las comunidades deberán recurrir a otras instancias de interlocución, como la Mesa Única de Participación y Concertación entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria, instalada del 3 de octubre pasado en Bogotá luego de un proceso de más de un año de negociación.
