Según denunció el senador Iván Cepeda, las autoridades han entregado en el último año seis contratos de concesión en zonas excluidas temporalmente de la minería, y cinco más en zonas de páramo en los departamentos de Boyacá, Santander y Tolima.
Mientras que comunidades de varias regiones del país, junto con ambientalistas y movimientos sociales, han venido luchando por proteger los recursos naturales, el gobierno y las grandes empresas mineras insisten en explotar zonas excluidas para esa actividad.
Según denunció el senador Iván Cepeda, las autoridades han entregado en el último año seis contratos de concesión en zonas excluidas temporalmente de la minería, y cinco más en zonas de páramo en los departamentos de Boyacá, Santander y Tolima.
Ante esta situación, el congresista pidió “investigar las actuaciones de los funcionarios de la Agencia Nacional Minera y del Ministerio de Ambiente, responsables de la concesión de títulos en zonas que en la actualidad se encuentran excluidas de minería”.
La Agencia Nacional de Minería reconoció que en la actualidad existen cinco títulos mineros (dos contratos de concesión y tres autorizaciones temporales) que se superponen con zonas de páramo. Dichos títulos fueron concedidos en el último año.
Para Cepeda, otorgar dichas licencias “es una ofensa al país, al medio ambiente y a las comunidades que sufren a diario los impactos de la minería”.
Las once licencias fueron otorgadas en vigencia de la resolución 0705 de junio del 2013, que contemplaba la exclusión de las áreas en cuestión, lo que hace ilegal la entrega de estos títulos, sostiene Cepeda.
Entre estas se encuentran dos licencias para la empresa Anglogold Ashanti en inmediaciones del páramo Chirí Barragán y que hacen parte del proyecto de la mina La Colosa, en el departamento del Tolima, que ha generado la resistencia de las comunidades por los daños que puede causar en las fuentes de agua y los demás recursos de la región.
Ante la situación, Cepeda se dirigió a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría para que tomen las acciones respectivas ante “la afectación a los derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico de todos los colombianos” que puedan causar dichas licencias.
