María Eugenia Londoño Ocampo
A pocos días del inicio de la nueva legislatura, el magisterio colombiano, organizado en Fecode, ha hecho pública una carta abierta al presidente Gustavo Petro, con una solicitud que no puede esperar: la materialización de la Ley Orgánica de Competencias que reglamenta el Acto Legislativo 03 de 2024. Esta reforma representa 22 años de lucha por la dignificación de los derechos sociales y la recuperación del Sistema General de Participaciones (SGP) para el pueblo.
Este Acto Legislativo es un triunfo histórico, arrancado a pulso en las calles y mediante la negociación política. Modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución para recuperar el principio de progresividad en la financiación estatal de derechos fundamentales como la educación, la salud, el acceso al agua potable y saneamiento básico.
Pero este avance normativo, sin una reglamentación adecuada, corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Por ello, Fecode exhorta a que el presidente convoque de inmediato el diálogo amplio y participativo que permita radicar la Ley de Competencias como prioridad del Gobierno nacional, garantizando la territorialización de los recursos para el cierre de las brechas que la desfinanciación ha causado.
Se trata de blindar la destinación específica de los recursos públicos frente a la tentación del clientelismo, la politiquería y la falsa autonomía con la que algunos clanes regionales pretenden desviar fondos destinados al bienestar colectivo. El espíritu de la reforma no es la fragmentación del Estado, sino la garantía de derechos.
Desde el magisterio se propone una hoja de ruta clara: una ley que priorice la educación pública en su integralidad, con mayor porcentaje del SGP destinado al sector educativo. Esta propuesta contempla inversión real en infraestructura, canasta educativa, jornada única en condiciones dignas, bienestar estudiantil, conectividad, innovación, inclusión y ampliación de planta docente y administrativa. También se plantea la necesidad de establecer criterios justos de distribución, que atiendan el cierre de brechas territoriales y educativas, y reconozca que el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación.
El presidente Gustavo Petro ─quien ha demostrado toda la voluntad política al convocar recientemente a sus ministros para abordar esta tarea─ tiene hoy en sus manos una responsabilidad histórica: avanzar con decisión y prontitud, y atender el mandato popular que confió en el gobierno del cambio para transformar la política social y garantizar derechos fundamentales para todas y todos.
La Ley de Competencias es una herramienta para garantizar derechos y democratizar el Estado. Actúa como el puente entre la reforma constitucional conquistada y su impacto real en las escuelas, los hospitales y las comunidades rurales. En esencia, representa la posibilidad de construir una nación centrada en la vida y no en la lógica del mercado.
El tiempo es ahora. La ley debe traducirse en justicia desde un ejercicio de movilización permanente y articulada con las comunidades educativas, hasta conquistar plenamente los derechos que le corresponde al pueblo. Por una educación entendida como un derecho fundamental, no como un servicio.
