Construir una paz en Colombia que contemple la erradicación de todas las formas de tortura, pide la Coalición Colombiana contra la Tortura, al presentar un informe alternativo a las Naciones Unidas sobre la práctica de este delito en el país.
Alberto Acevedo
En Colombia persisten graves problemas estructurales que perpetúan la práctica de la tortura y la arbitrariedad. La impunidad sobre los casos de tortura es un elemento de revictimización que impide la satisfacción de las garantías de no repetición. Estas son ideas centrales de un informe alternativo presentado a las Naciones Unidas por la Coalición Colombiana contra la Tortura, divulgado en Bogotá el pasado 25 de junio.
El documento, revelado 24 horas antes de que en el mundo se celebrara el Día Mundial de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, puntualiza que “en Colombia la tortura y los malos tratos no son investigados ni sancionados satisfactoriamente por la administración de justicia”, en tanto que, en los pocos procesos judiciales que se adelantan, se invisibiliza el delito de tortura o los operadores de justicia subsumen estos en otros tipos penales que no acarrean el mismo estigma o gravedad; por ejemplo, al torturador se le formulan cargos por homicidio o lesiones personales, que tienen un tratamiento penal más benigno.
Con ocasión de la jornada, la Coalición Colombiana constató con satisfacción que numerosas organizaciones internacionales se han unido al llamado de miles de víctimas en Colombia “para exigir al Estado la eliminación de la tortura y la proporción de recursos eficaces a las víctimas, que permitan el acceso a la justicia y la reparación”.
Julio Arévalo, de la Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS), y Gloria Silva, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), que hicieron la presentación del acto, insistieron en asegurar que en la actual coyuntura de búsqueda de un acuerdo de paz estable y duradera, en el marco de las conversaciones en La Habana entre la insurgencia y el gobierno nacional, Colombia tiene una oportunidad única de acabar con la tortura.
Los jóvenes, principales víctimas
En la información entregada a los medios, los dos defensores de derechos humanos indicaron que este tipo de tratos crueles e inhumanos o degradantes se siguen practicando de manera sistemática en el país. Recordaron que entre 2009 y 2014, tiempo de observación para su último informe, se han registrado 349 casos de tortura física en Colombia. Los hombres de 18 a 25 años han sido las principales víctimas y la Fuerza Pública es registrada como el principal perpetrador de estos actos, seguido por los grupos paramilitares postdesmovilizados.
Indicaron además que su pesquisa fue avalada en abril de este año por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), que el 15 de mayo siguiente presentó sus observaciones finales, en las que registra “la persistencia de graves problemas estructurales que perpetúan la práctica de la tortura y la impunidad en Colombia”.
Ahondando en su análisis, los expositores coincidieron en señalar que en Colombia la tortura se presenta como elemento de discriminación, como instrumento de persecución política, como forma de sometimiento a la población carcelaria, como mecanismo de represión de la protesta popular y de control social.
Aseguran que la Coalición Colombiana contra la Tortura tiene investigación documentada para afirmar que entre 2009 y 2012 se registraron al menos 48.915 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.
Construir la paz
Entre enero de 2010 y septiembre de 2014, se reportaron agresiones individuales contra 1.762 líderes y defensores de derechos humanos. Entre 2010 y 2012 se denunciaron 295 ataques con agentes químicos. El 83,8% de éstos corresponden a mujeres víctimas de este hecho.
Desde 2001 hasta 2014 aumentó el reclutamiento indiscriminado e ilegal de jóvenes, práctica conocida como “batidas”. En los últimos cinco años, el hacinamiento carcelario en el país pasó del 27,8% al 58,5%.
La Coalición Colombiana considera que las anteriores son todas manifestaciones de tortura, pues esta forma de maltrato tiene muchos nombres en nuestro país. “Es necesario –dice esta ONG- que la construcción de paz de Colombia contemple la erradicación de todas las formas de tortura, como el desplazamiento forzado, la detención arbitraria, el hacinamiento carcelario, el maltrato, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la desaparición forzada, la amenaza, la esterilización forzada e involuntaria de personas con discapacidad, el reclutamiento indiscriminado e ilegal de jóvenes (batidas) y los ataques con agentes químicos”.
Gloria Silva, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dijo en la rueda de prensa que “la tortura se puede presentar en contextos de conflicto armado y por fuera del contexto del conflicto armado”. Hizo esta precisión porque, en su opinión, el fin del conflicto tras un acuerdo de paz en La Habana podría no significar el fin de la tortura, como cuando se aplica como elemento de discriminación contra las mujeres, la población LGBTI, las comunidades negras y contra las etnias o grupos urbanos.
Rompe el tejido social
Ante una pregunta del semanario VOZ en relación a la manera como se diluye el delito de tortura en otros cargos criminales en la actuación de los operadores de justicia, la abogada Silva puntualizó: “Existe la tendencia a subsumir delitos atroces como la tortura en otros delitos. Por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. No es que no existan procesos en ese sentido. Sí existen, pero hay también la tendencia a invisibilizarlos”.
Dijo que su organización es representante de víctimas en varios casos de dirigentes sindicales u otros activistas sociales objeto de tortura y es frecuente ver como se declara la caducidad de los procesos, que en muchos casos se evita gracias a la persistencia de las víctimas en que no se abandone la investigación.
Por su parte Julio Arévalo, el otro vocero de la Coalición Colombiana, dijo que tiene una carga particularmente perversa en nuestro país la aplicación de la tortura como elemento para reprimir la protesta social contra campesinos, o reprimir la protesta ciudadana para romper el tejido social y estigmatizar reclamos de justicia social.
En los casos de desplazamiento forzado, por ejemplo, generalmente no se hace seguimiento a las formas de tortura que también se dan en este tipo penal. “Los proyectos de vida necesitan de una cohesión social, que se rompe cuando hay hechos de violencia y de tortura”, puntualizó Arévalo.
