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La tortura en Colombia es un arma política

Entre 2010 y 2014, 1.913 personas fallecidas presentaban signos de maltrato, de las cuales 345 eran mujeres, según Medicina Legal. Informe de la Coalición Colombiana contra la Tortura

En el medio Anne Boucher con el coronel Alejandro Murillo, director de Custodia y Vigilancia del Inpec e Ivonne Lagos, Coordinadora de Grupo de Derechos Humanos del Inpec. Foto Fernanda Sánchez Jaramillo (Corporación Reiniciar).
En el medio Anne Boucher con el coronel Alejandro Murillo, director de Custodia y Vigilancia del Inpec e Ivonne Lagos, Coordinadora de Grupo de Derechos Humanos del Inpec. Foto Fernanda Sánchez Jaramillo (Corporación Reiniciar).

Redacción DD.HH.

La Coalición Colombiana contra la Tortura publicó un informe sobre la situación de la tortura en el que critica que el país no ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra este crimen (2003). Destaca los esfuerzos que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se realizan para evitar el uso de estas prácticas en centros transitorios de reclusión en la capital.

En Colombia la tortura continúa siendo un medio de persecución política que se usa en las detenciones para obtener confesión o información o como “método de sometimiento de la población carcelaria”, para discriminar, reprimir la protesta social, o sembrar miedo en las comunidades.

La tortura en el país va de la mano con delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado interno.

El informe da cuenta de que entre 2001 y 2009 por lo menos 1.834 personas fueron víctimas de tortura. De ellas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica. Por cada cien hombres víctimas de tortura, se presentan 15 casos contra mujeres. En el 90.59% de los casos está comprometida la responsabilidad del Estado por perpetración directa, o por omisión o aquiescencia con el accionar de los grupos paramilitares. El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que entre 2010 y 2014, 1.913 personas fallecidas presentaban signos de maltrato, de las cuales 345 eran mujeres.

Cinco años y sin avances

La Coalición denunció que luego de cinco años de actividades nacionales contra la tortura, los ataques contra defensores de derechos humanos siguen aumentando cada año. De acuerdo con el informe 2009 a 2013 Protección “Al Tablero” del programa no gubernamental de protección a defensores y líderes sociales “Somos Defensores”, durante este período fueron agredidos 1.210 líderes y defensores de derechos humanos, situación que ocurre también con personas de la oposición al gobierno.

Durante las jornadas de protestas desarrolladas el año pasado 15 personas fueron asesinadas, 12 de ellas con arma de fuego, y al menos 800 pobladores resultaron gravemente heridos por la Fuerza Pública con diferentes tipos de armas, según la Campaña “La libertad: Asunto de todos. Varios ciudadanos fueron capturados por fuera de los lugares de concentración y fueron sometidos a fuertes golpizas y amenazas como formas de castigo.

Cárceles

La representante para América Latina de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT),Anne Boucher, así como integrantes de la Coalición Colombiana contra la Tortura en misión internacional, hicieron presencia en el país con el objetivo de constatar si hay tortura en los centros de reclusión. Por ello visitaron el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Picota y la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicados ambos en la ciudad de Bogotá, en donde según sus propios relatos pudieron sentir el frío intenso con que deben convivir los detenidos todos los días.

Los miembros de la misión señalaron que quedaron desconcertados al no poder hablar con los reclusos de quienes tenían información habrían sido víctimas de torturas. Sin embargo lograron obtener información de otros detenidos. La Misión visitó otros centros penitenciarios de Colombia como La Tramacúa, en Valledupar, y San Isidro en la ciudad de Popayán.

La misión encontró problemas en procedimientos de justicia y poco respeto a los derechos fundamentales de los detenidos, inasistencia en salud a enfermos graves, entre otros.

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