Un fallo devolvió a sus dueños una institución educativa incautada en una investigación por supuestamente recibir dineros del narcotráfico. No ha habido un fallo definitorio y el proceso continúa. La universidad ahora cuenta con dos administraciones lo que plantea inestabilidad institucional
Juan Carlos Hurtado F.
@aurelianolatino
Alrededor de seis mil personas de una comunidad académica podrían ser afectadas por una polémica decisión de un juez de Palmira (Valle), quien devolvió una institución educativa a sus dueños aunque esta hace parte de un proceso de investigación por supuestamente recibir dineros del narcotráfico.
El conflicto inició en 2007 cuando el Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa (Cidca) fue intervenido por el Estado con la apertura de la investigación; entregado a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que se lo dio a un depositario provisional para que lo administrara y continuara con su función mientras se adelantaba el proceso.
Cidca es una institución de educación superior de carácter técnico y tecnológico con una historia de más de 45 años. Tiene sedes en Bogotá, Pereira y Villavicencio, adonde asisten más de cinco mil estudiantes, 400 docentes y cerca de 200 administrativos.
El ente educativo también está en la Lista Clinton, que le genera un bloqueo financiero y obstáculos a su cuerpo administrativo para mantenerlo funcionando. Aun así, han logrado sostener la institución prestando sus servicios.
La controversia
En noviembre de 2014, dos de sus dueños interpusieron una acción de tutela ante un juez de Palmira solicitando que les devolvieran el bien, aunque el reclamo fue negado. Pero en diciembre, un fallo en segunda instancia les dio el “derecho de pertenecer a la Asamblea General de Fundadores y Miembros Eméritos” y poder desarrollar las funciones que dictan los estatutos del ente educativo. En términos reales, les devolvieron la universidad.
Según dirigentes de Sintracidca, los dos beneficiados del fallo ya tomaron posesión en la dirección del centro universitario ante notario público, aunque la ley 1708 de 2004, en su artículo 104 establece que estos órganos de dirección quedan suspendidos y son reemplazados por la DNE o, para el caso, por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) SAS, firma que actualmente administra la institución.
Esta ley expidió el código de extinción de dominio y en su artículo 104 dice: “Actos de disposición sobre derechos sociales, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica. Cuando se decreten medidas cautelares sobre acciones, cuotas, partes o derechos sociales en personas jurídicas de derecho privado, el administrador ejercerá los derechos sociales que correspondan o que se deriven de ellas, hasta que se produzca la decisión judicial definitiva”.
“Mientras tanto, las personas que aparezcan inscritas como titulares de esos bienes no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión en relación con aquellas, a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por el administrador, previa autorización del funcionario judicial que adelanta el proceso de extinción de dominio”.
Hasta el momento no ha habido un fallo que decida de fondo la responsabilidad de los investigados y la institución está administrada por SAE SAS, pero al ser devuelta a sus dueños, esta cuenta con dos administraciones.
La preocupación que expresa la organización de trabajadores Sintracidca es lo que puede pasar con la institución, su sostenimiento, su continuidad como ente educativo y los dos jefes que ahora tienen los empleados. Anotan que no saben con quién deben negociar el petitorio que presentaron en diciembre pasado ya que lo venían haciendo con el depositario.
Desconocen quién administrará los recursos económicos y quién dictará las políticas institucionales. Por esto, exigen la continuidad y el sostenimiento de la institución ya que -aseguran- los dueños pueden hacer lo que quieran con ella, y al venderla o liquidarla se afectaría a toda una comunidad académica y a sus familias.
Pero, por otra parte, la situación genera varios cuestionamientos: ¿Si la entidad fue devuelta a sus dueños, qué papel cumple SAE SAS? ¿Cidca debe ser direccionada por dos administraciones? ¿Quién manejará sus recursos y decidirá qué hacer con ellos? ¿Quién dictará las políticas a seguir? ¿Quién negociará pliegos de peticiones con sus empleados y docentes?
La Corte Constitucional debe dejar en firme una de las dos tutelas. Si ratifica el segundo fallo, cualquier persona que tenga bienes intervenidos por este tipo de investigaciones podría recuperarlos, aunque no haya habido una decisión judicial definitiva. Además, en el tiempo que tome la Corte para fallar, los dueños pueden hacer cualquier cosa con la institución; es el temor de esa comunidad educativa.
