En una jornada electoral sin precedentes, México eligió por primera vez en la historia, por el voto popular, a su Poder Judicial
Pietro Lora Alarcón
La lista oficial de electores es de más de 100 millones de personas y, según los datos del Instituto Nacional Electoral -INE-, al cierre de esta edición, con 84% de las actas computadas, cerca de 13 millones depositaron su voto.
La expectativa sobre la cantidad de postulados y votantes fue cumplida. El ejercicio de democracia y participación fue un éxito rotundo por su transparencia y responsabilidad. En el balance hay que considerar la intensa campaña de la derecha, agrupada en el Partido Revolucionario Institucional -PRI- y en el Partido Acción Nacional -PAN –, con contaron con el apoyo de la oposición mediática para intentar boicotear el proceso electoral.
El discurso de la derecha
La derecha pregonó que el resultado induce a la politización de la justicia, que los jueces escogidos no tendrán conocimientos suficientes para asumir su tarea y que el crimen organizado y el narcotráfico se tomarán el Poder Judicial. En la última semana llamaron a la abstención, tratando de generar desconfianzas repitiendo que había listas prefabricadas de candidatos apoyados por el Partido Regeneración Nacional – MORENA -, el partido de gobierno.
Pasada la jornada se evidencia que estas acciones constituyen una campaña para contrarrestar los altos índices de aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum. México estabilizó su economía a pesar de las presiones de Trump, tiene un récord de inversiones extrajeras directas y el salario tuvo su mayor aumento en 20 años llegando a 15 dólares diarios.
Por otro lado, los argumentos de la derecha son bastante pobres, si tenemos en cuenta que hace mucho tiempo que no solo en México, sino en Latinoamérica y el Caribe se habla de la “judicialización de la política” y de la “politización de la justicia”, tanto por las prácticas de criminalización de la protesta social, a las cuales apela la derecha para buscar paralizar la acción de líderes y lideresas populares, y que han recibido el nombre de lawfere, como por las presiones abiertas de la derecha sobre los jueces, que en más de un caso han resultado en escandalosas decisiones favorables a miembros de las elites tradicionales y a los llamados “criminales de cuello blanco”. O sea, las relaciones entre la política y la justicia han sido y son constantes en la historia pasada y reciente.
Historia y poder burgués
Reportándonos a la historia del poder judicial en nuestra región, recordemos sus estructuras reprodujeron desde el siglo XIX las doctrinas de las revoluciones burguesas europeas y de los EU. Sin embargo, a pesar de la teoría de la separación de poderes, al mejor estilo liberal clásico, ser proclamada como el motor para la libertad individual, nunca encontró supuestos fácticos reales para vigorar.
El asalto al poder judicial fue determinante para que las oligarquías consiguieran el manto de seguridad jurídica necesaria para negociaciones, contratos, componendas y acuerdos para promover sus intereses. Todo eso derivó, claramente, en la usurpación de derechos del pueblo y la consolidación de su hegemonía en el campo y las ciudades.
En ese contexto, las reacciones de jueces que pretendían imponer criterios de justicia social y los intentos de crear instancias de decisión popular de los conflictos fue siempre observada con recelo por la clase dominante. Es conocida la experiencia chilena, cuando durante el gobierno de la Unidad Popular buscó implantar los tribunales vecinales con participación de las comunidades. La oposición de la Corte Suprema chilena fue de total rechazo.
Nueva experiencia democrática
Por eso la experiencia mexicana debe ser valorizada como una forma de profundizar la democracia y avanzar a la conquista de valor justicia como patrimonio popular. Esa fue la pretensión de López Obrador cuando en el 2024 presentó al Congreso mexicano una propuesta de reforma constitucional contra el neoliberalismo, que incluía en el punto número 17 que “jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo, serán electos de manera directa por el pueblo”. Desde su aprobación, la reforma ordena mecanismos públicos, abiertos e inclusivos para que las personas interesadas puedan postularse y comprobar con cartas de vecinos, colegas o instituciones, la idoneidad para desempeñar el cargo de juez o jueza.
Luego, un Comité de Evaluación analiza los expedientes y envía al Congreso y al Ejecutivo la lista aprobada para las postulaciones definitivas y se organice la elección por el Instituto Nacional Electoral. Al final, los cargos son asignados alternadamente entre mujeres y hombres.
Se trata, como se observa, de un ejercicio participativo, que no deja de tener prudencia y cuidado con los aspectos técnicos necesarios. Una reforma rodeada de cuidados, para que la participación popular se equilibre con la necesidad de un Poder Judicial afinado con la efectividad de los derechos y actué con la dinámica exigida por la soberanía popular.
Si tenemos en cuenta que heredamos una magistratura en general conservadora e históricamente obediente al poder político, controlada por partidos de la élite dominante, incapaz de construir una alternativa independiente y crítica para una cultura de responsabilidad con la democracia y los derechos del pueblo, este ejercicio de México es, sin duda, algo esencial para avanzar en democracia.
