Un considerable cúmulo de delitos contra la Administración pública reclama investigación, luego de conocerse la actuación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en beneficio de intereses personales y familiares alrededor de la hacienda de su propiedad El Ubérrimo.
Con el seguimiento a los debates de control político en el temas de tierras y un informe de actuación especial solicitado a la Contraloría General de la República, el representante a la Cámara Iván Cepeda le reclamó a la Justicia por las actuaciones del ex mandatario en la destinación indebida de recursos públicos en beneficio propio.
Álvaro Uribe habría incurrido en los tipos penales de tráfico de influencias y abuso de autoridad tras utilizar fondos del presupuesto nacional para la adecuación de un distrito de riego que beneficia tierras suyas y de su familia en la hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba.
La historia data de 2007, cuando el entonces presidente y su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, firman el decreto 732 donde seleccionan diez de los 81 distritos de riego en todo el país, para priorizar recursos de inversión. Entre los escogidos está el distrito de Mocarí, en inmediaciones de Córdoba y que favorece los terrenos de la Sociedad por Acciones Simplificadas Agropecuaria Ubérrimo, cuyos accionistas son la familia del ex mandatario y su hermano Santiago Uribe.
El paso siguiente fue en 2008, cuando aparecieron firmados por Arturo Enrique Vega Varón, director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y amigo personal de Uribe, los convenios número 292 de 2008, 278 de 2009 y 295 de 2010 con el objeto de que la entidad administrara y ejecutara labores de mantenimiento y rehabilitación de canales del distrito de Mocarí, función ajena a la naturaleza del Incoder.
Con tales convenios se beneficiaban directamente los 59 predios que hacen parte del patrimonio de Agropecuaria Ubérrimo S.A.S., con una destinación presupuestal que llegó a configurarse en 5.800 millones, desviando el objeto misional del Incoder.
A juicio de Cepeda, con tal actuación se observa una clara violación de la ley penal. “Es evidente que en estas decisiones medió un interés particular por parte del ex presidente, quien a sabiendas de que se beneficiaría de manera directa de las mejoras y ampliaciones del distrito de riego Mocarí, dispuso lo pertinente para la asignación de esos recursos. Aquí se afectó el patrimonio público”.
Pero las denuncias son respaldadas con el informe de la Contraloría General de la Nación del año 2013, que narra con exactitud los hechos y le solicita a la autoridad competente, Comisión de Acusaciones, abrir investigación contra el ex presidente: “Se observa que de los recursos priorizados para el distrito de riego Mocarí, entre los años 2008 a 2010, se realizaron inversiones por cerca de $773 millones en zonas del distrito que beneficiaban entre otros predios los de la familia Uribe Moreno; suma que ascendería a $1.410.806.096 millones si las fincas El Porvenir, La Sinuana y La República, de acuerdo a lo expresado por los trabajadores de los predios, pertenecen a la mencionada familia”.
Lo que llama la atención de estas graves acusaciones va más allá. ¿Cuál es la argumentación para favorecer con presupuesto solamente algunos distritos de riego y no la totalidad del país? La respuesta, según fuentes consultadas por VOZ en la Contraloría, es que los distritos escogidos beneficiarían tierras de amigos terratenientes y políticos del primer anillo del ex presidente Uribe. Lo curioso es que esa investigación hecha por la Contraloría no ha surtido efecto en otras instancias como la Fiscalía General de la Nación y la propia Procuraduría de Ordóñez.
Hoy el candidato Uribe, que debe dividir su tiempo entre responder ante la Justicia por todos los cuestionamientos a su vida política y el afán de elegirse como senador del Uribe Centro Democrático, no tiene autoridad moral para hablar de austeridad y transparencia pues denuncias tan contundentes presuponen lo dicho en los mentideros políticos: Uribe con las manos en la masa.
