Es hora de que se adelante un debate de control político al gobierno para que informe al país sobre la naturaleza de sus relaciones con Israel, su colaboración militar, oculta en muchos aspectos y la postura de Colombia ante las demandas de reconocimiento y justicia para el pueblo palestino.
El miércoles de la semana pasada, la cancillería de Israel impidió que la titular de la cartera de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, pudiera cruzar la frontera palestina y entrevistarse con su colega de ese país, en el marco de una gira que la funcionaria colombiana adelantaba por seis naciones árabes.
A la canciller colombiana le impusieron que cumpliera un formalismo burocrático que la obligaba a trasladarse a Tel Aviv y surtir un humillante interrogatorio ante la oficina de relaciones exteriores de ese país, para que pudiera recibir una especie de visa e ingresar a Jerusalén. Ante la negativa israelí el canciller palestino se trasladó a Jordania, donde se celebró el encuentro.
La actitud de Israel es grosera e insultante hacia la diplomacia colombiana, y no se compadece con el nivel de relaciones comerciales y políticas que Colombia sostiene con ese país sionista. Ambos gobiernos han suscrito acuerdos comerciales importantes, mantienen una estrecha y sospechosa colaboración militar, y Tel Aviv condiciona la política exterior colombiana hacia el pueblo palestino, al imponer a Bogotá el no reconocimiento del derecho del pueblo palestino a tener un territorio y un estado soberanos.
Es hora de que en el parlamento colombiano se adelante un debate de control político al gobierno para que informe al país sobre la naturaleza de sus relaciones con Israel, su colaboración militar, oculta en muchos aspectos y la postura de Colombia ante las demandas de reconocimiento y justicia para el pueblo palestino.
