Con evidencia en mano, la candidata de la izquierda progresista, Rixi Moncada, advierte que es “un golpe electoral en curso”, diseñado para preservar un modelo de poder oligárquico, narcopolítico y tutelado desde el exterior
Alberto Acevedo
Hace poco más de una semana, lo que comenzó a ser mostrado como ‘fallas técnicas’ del sistema de conteo electoral, fue transformándose gradualmente en un desafiante fraude que hoy amenaza con la estabilidad política en Honduras. A tal extremo, que la Fiscalía general de la nación y varias colectividades políticas, incluido el partido de gobierno, reclaman la anulación del conteo de las papeletas y el reinicio del escrutinio, voto por voto.
En medio de las reclamaciones, que van y vienen, ante unos dudosos resultados de los comicios, se filtraron a la prensa local unos audios que revelan las maniobras de la derecha para desestabilizar las elecciones del 30 de noviembre pasado.
Muestran una estrategia, diseñada con anterioridad a la jornada electoral que incluye el hackeo de resultados, el hurto de papeletas y la demora deliberada en la entrega de las urnas y cierre de la jornada, para proclamar al candidato Salvador Nasralla.
Guion perverso
La estrategia desestabilizadora incluía la posibilidad de que Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, pudiera recurrir a la convocatoria de manifestaciones públicas, si los resultados favorecieran a la candidata oficialista Rixi Moncada, generando las condiciones para un golpe electoral. El guion perverso, en general, se ha venido cumpliendo paso por paso.
La candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, fue una de las primeras líderes políticas en mencionar la existencia de “un golpe electoral en curso” en su país. La mención la hizo el 3 de diciembre pasado en declaraciones a la cadena Telesur y allí acusó al bipartidismo hondureño, con el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, de orquestar una trama para sabotear los resultados de los comicios.
En una conversación franca Moncada, figura clave del proyecto transformador iniciado por la presidenta Xiomara Castro, describe en detalle las irregularidades técnicas, la manipulación mediática y la interferencia extranjera sin precedentes en la historia reciente de América Latina.
Con evidencia en mano, la candidata advierte que lo ocurrido va más allá de la disputa partidista: es, en sus palabras, “un golpe electoral en curso”, diseñado para preservar un modelo de poder oligárquico, narcopolítico y tutelado desde el exterior.
Datos del fraude
En otras declaraciones, Rixi Moncada señaló que se registran 2.629 actas sin biometría, lo que, según su análisis, implica que al igual que en las elecciones primarias, no se realizó el registro de huella ni el ‘match’ con las actas, pero, aun así, estas figuran publicadas y con los votos contabilizados como válidos, sumando un total de 543.478 votos.
Completando esta denuncia, en forma paralela, el consejero del Consejo Nacional Electoral, CNE, Marlon Ochoa, reveló el martes de la semana pasada que la empresa ASD, retuvo un total de 16.708 actas electorales recibidas durante la noche de las elecciones y que, hasta la madrugada de ese día no habían sido divulgadas al público.
El grupo Asesoría en Sistematización de Datos, ASD, es un consorcio colombiano, que recibió un contrato por 112 millones de lempiras para garantizar el conteo pulcro de las votaciones y hoy la prensa la señala como la firma que engañó a los hondureños y se quedó con la gruesa suma de dinero.
La información, dijo el consejero electoral, fue comunicada verbalmente al pleno del CNE a la una de la madrugada del lunes siguiente a la jornada electoral, generando nuevas dudas sobre la transparencia del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, TREP.
Desastre en los comicios
Según detalles proporcionados por Ochoa, del total de actas retenidas, 3.880 corresponden al nivel presidencial; 6.387 al de diputados, y 6.441 a corporaciones municipales. La falta de publicación de estos documentos constituye, en su opinión, un vacío crítico en la transparencia del proceso y un incumplimiento por parte de la empresa encargada del servicio.
En estas condiciones, en medio de crecientes denuncias de fraude desde la propia jornada electoral, el partido Libertad y Refundación, Libre, solicitó al Consejo Nacional Electoral de Honduras la nulidad del escrutinio de nivel presidencial en los comicios, señalando el “desastre” en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
“Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos, JRV, en el nivel electivo presidencial, ante el desastre en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP”, se lee en el documento presentado por el abogado Edson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral comunicó que “ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados”, ha acordado una prórroga de dos días y medio para interponer acciones de nulidad administrativa, hasta el medio día del lunes 8 de diciembre.
Investigación administrativa
La crisis política y electoral se profundizó aún más cuando el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya decidió instruir al Ministerio Público la apertura de una investigación urgente por los presuntos delitos de hackeo y fraude masivo durante las elecciones generales del 30 de noviembre.
La medida, calificada como extraordinaria, es la respuesta institucional más contundente hasta el momento a las crecientes denuncias de manipulación del escrutinio, las inconsistencias en miles de actas y el cargo de conspiración contra el propio Consejo Nacional Electoral.
El fiscal justificó esta intervención, argumentando que los tres integrantes del órgano electoral “no están respondiendo a los intereses de Honduras”, lo que a su juicio hacía imperativa la actuación del Ministerio Público para proteger la integridad del voto.
