Rechazo a fallo del Procurador
Redacción Política
En una decisión arbitraria, arrogante, que se lleva por delante el sentimiento mayoritario de los electores de la capital de la República, pero también la opinión de amplios sectores democráticos del país y del exterior, hacia el mediodía del lunes de esta semana, el Procurador General de la Nación confirmó el fallo sancionatorio contra el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que lo suspende del ejercicio como primera autoridad de la capital y lo inhabilita políticamente por 15 años.
La decisión del jefe del ente investigador reviste la mayor gravedad hacia el destino democrático inmediato de la nación, envía un pésimo mensaje a la mesa de negociaciones de La Habana, notifica a los sectores democráticos que su ejercicio futuro como gobierno local no podrá tocar los sacrosantos intereses económicos de los sectores mafiosos empotrados en el poder, y amenaza con borrar de un plumazo cualquier expresión de la voluntad popular, la que precisamente debería ser convocada hoy en el país para ratificar los acuerdos de paz y para la construcción de un conjunto de reformas sociales que den sustento a lo que el gobierno ostentosa y demagógicamente anuncia como la era del posconflicto.
El alcalde de Bogotá le había planteado un reto al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 10 de enero, en el marco de la primera gran movilización del año por la paz y la democracia, que reunió a cien mil bogotanos: no aplicar el fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo deja sin derechos políticos.
La petición la había hecho desde el balcón del Palacio Liévano, acompañado -como es costumbre- de su familia, con el respaldo de organizaciones políticas que arengaron la necesidad de garantías para el ejercicio de los derechos políticos y la defensa del proceso de paz de La Habana entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional.
El cartel de la destitución
El alcalde Petro denunció lo que calificó como golpe de estado, fraguado desde la extrema derecha y cuya punta de lanza es el procurador Alejandro Ordóñez, que está respaldado en su decisión por empresarios, cuyos intereses se mezclan con los carteles de la contratación denunciados por él desde antes de emprender la campaña por la alcaldía.
“El señor Ordóñez se apresta a confirmar su decisión. Cree que nadie lo va a detener. El lunes, o martes, o un día subsiguiente, firmará desde su oscuro escritorio lo que él cree es la ley de Dios, y en ese momento la llamada destitución arbitraria, el golpe de Estado construido en la defensa del interés particular de una asociación para delinquir, pues, ¿por qué creen ustedes que los denunciantes ante la Procuraduría se llaman Armando Otálora, amigo de William Vélez, se llaman el Personero Distrital, elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación, y se llaman Orlando Parada, concejal del distrito, confeso integrante del cartel de la contratación de Bogotá?”.
“Asociación para delinquir, escuchado por el Procurador, aceptado por el señor Ordóñez y convertido en destitución del alcalde que denunció precisamente el cartel de la contratación”, dijo Petro.
Enemigos de la paz
La destitución del burgomaestre es una afrenta al proceso de paz y una advertencia a quienes están pactando reglas de juego para hacer política sin armas. “Los enemigos de la paz van a utilizar cualquier argumento o hecho político para atentar contra el proceso de paz, pues se sienten en una carrera contrarreloj”, le dijo a VOZ uno de los manifestantes al ingreso a la Plaza principal.
Hoy en las calles se está ante una permanente movilización por la paz y la democracia, dijo el secretario general del Partido Comunista Colombiano y candidato por la Unión Patriótica a la Cámara por Bogotá, Jaime Caycedo. Con ese criterio coincide Carlos Lozano, candidato al Senado por la Alianza Verde-UP, quien considera que “la batalla por la democracia no termina con la marcha del pasado viernes. Sigue con el irrestricto respaldo al proceso de paz y con la necesidad de acortarle espacio político a los enemigos de los cambios en Colombia”.
Al cierre de esta edición la Procuraduría confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, por lo que será el Presidente de la República quien haga efectiva la decisión. De ser así, se reafirmaría la tesis presentada por la defensa del alcalde Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al desbordado poder administrativo de un funcionario con competencias para desconocer el voto popular y la soberanía, en detrimento de la menguada democracia nacional.
Escasas garantías
No solamente se atenta contra la paz. La destitución confirmada lesiona la política pública de defensa del patrimonio de los colombianos. “El mensaje es claro: quien pretenda revertir el poder de los empresarios en su afán de privatizar lo público queda a merced del poder de la Procuraduría, que no dudaría un instante en destituir a quien se atreva a ir en contra de ese oscuro poder”, manifestó Jaime Caycedo al finalizar una reunión con Petro.
Pero las amenazas contra la democracia no solo se expresan con este abuso. También en las recientes detenciones de los dirigentes sociales y académicos colombianos que hacen parte de Marcha Patriótica. Francisco Toloza, profesor universitario recientemente asegurado en establecimiento carcelario por las acusaciones infundadas de la Unidad Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, confirma la estrechez de la democracia colombiana.
Ese tenebroso poder es el que actuó tras de la destitución de Petro, está fraguando montajes judiciales para detener la movilización social, los nuevos paros a punto de ebullición, e implementar un plan de terror contra el movimiento social.
Por último el destituido alcalde convocó a la unidad de acción en un movimiento y será el procurador, dice Petro, quien “nos convoque”, y agrega: “él pondrá la fecha y hora, es su decisión, pero nos convoca a los ciudadanos a iniciar el movimiento popular más poderoso en Colombia, en pos de una nueva democracia, de una nueva Constitución que esta vez sí se aplique en la realidad de la historia de Colombia, una constitución democrática”.
