Avanza la mesa de dialogo frente a la situación arrocera, en cabeza de la ministra de agricultura el gobierno propone y trabaja por transformaciones estructurales de esta cadena agrícola
René Ayala
@reneayalab
Durante la semana el país ha presenciado un nuevo capítulo de movilización protagonizado por productores arroceros de regiones clave como Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y Arauca. El paro, el segundo del año, volvió a encender las alarmas sobre la situación estructural de la agricultura colombiana.
Los productores manifestaron su inconformidad por los precios actuales del arroz paddy verde, el que transforman los molinos, que oscilaron entre 170.000 y 185.000 pesos por carga de 125 kg, por debajo de los costos de producción. En consecuencia, exigieron un precio mínimo.
Una crisis que no toma por sorpresa
La situación del arroz no es nueva. Desde inicios de 2025, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), ha sostenido múltiples mesas técnicas con arroceros, industriales, gremios y autoridades territoriales para construir soluciones de fondo a una problemática que no se resuelve con subsidios puntuales, sino con transformaciones estructurales en la cadena.
En marzo de este año, el MADR promovió una serie de acuerdos orientados a garantizar un entorno más estable para los productores: se definieron líneas de crédito preferenciales, se activaron mecanismos de compras públicas, se fortalecieron los canales de comercialización institucional y se planteó un esquema de bolsa de estabilización, se promovió el programa FAIA arroz que beneficia a pequeños y medianos productores para acceder a ayudas en el acceso a insumos y bajar costos de producción. Estas medidas, sin embargo, avanzaron a ritmo desigual, y parte del descontento actual se alimenta de esas demoras.
El diálogo, principio y camino
En medio del paro, el Ministerio reafirmó su disposición total al diálogo. Desde el primer día, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo que el Gobierno no se levantaría de la mesa hasta encontrar una salida consensuada. Lejos de estigmatizar la protesta, el Ministerio apostó por el encuentro directo con las y los arroceros movilizados, con presencia en los territorios, visitas a centros de acopio y conversaciones abiertas con los líderes regionales.
La voluntad de concertación se tradujo en la firma de un acuerdo preliminar con representantes de los productores e industriales, en el que se pactaron cinco compromisos fundamentales: La expedición de una resolución un acto administrativo que establezca un régimen de libertad regulada con un precio de referencia mínimo para el arroz paddy verde. Iniciar la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del arroz, con enfoque de soberanía alimentaria. Garantizar la compra del arroz almacenado por parte de la industria, respaldada por el Gobierno, mientras entra en vigor la nueva regulación. Entre otras.
Una apuesta estructural
Más allá de las demandas coyunturales, el Ministerio de Agricultura ha insistido en que esta es una oportunidad para transformar la cadena arrocera.
La ministra Carvajalino lo expresó con claridad: “Este Gobierno no va a dejar solos a los arroceros. Estamos aquí para garantizar que puedan vivir con dignidad de su trabajo. Lo haremos con herramientas técnicas, políticas sostenibles y acompañamiento permanente.”
El Ministerio también ha sido enfático en su apuesta por las compras públicas como instrumento de estabilización. Además del fortalecimiento de los procesos asociativos de pequeños y medianos productores para fortalecer una logística de acopio y transformación que rompa la perversión que impone el monopolio de grandes industriales en el mercado.
El papel de la organización campesina y productoras
Movimientos como Dignidad Arrocera, han jugado un papel clave para visibilizar los desafíos del sector. Pero también organizaciones de productores han reconocido el papel y esfuerzo del gobierno y no comparten las acciones de hecho, más cuando es evidente la disposición para atender los problemas estructurales de la cadena.
El Ministerio ha acogido esas alertas con responsabilidad. Técnicos del MADR se han comprometido a ajustar los criterios de calidad, establecer cronogramas de apoyo directo, y garantizar que los acuerdos no dependan de la buena voluntad del mercado, sino de mecanismos jurídicos con fuerza obligatoria.
Esto se ha traducido en la instalación de un diálogo social entre el Estado y el campesinado organizado y pequeños y medianos productores, en un proceso que busca evitar imposiciones verticales y construir soluciones desde los territorios.
La papa también merece atención
Mientras el país centraba su atención en el arroz, otra cadena clave del sistema alimentario nacional enfrenta problemas similares: la papa.
Los productores papicultores han advertido sobre la caída de precios, el aumento de los costos de insumos y la falta de infraestructura para acopio y transformación. Si bien el sector no ha entrado en paro, las señales son preocupantes. La sobreoferta, la concentración de la comercialización y la débil articulación entre regiones están generando pérdidas que podrían escalar si no se adoptan medidas urgentes.
El Ministerio de Agricultura ya ha iniciado un proceso de diagnóstico participativo con asociaciones papicultoras. Entre las medidas propuestas se encuentran líneas de crédito específicas, incentivos para infraestructura.
Un horizonte de transformación
La crisis del arroz y las tensiones en el sector de la papa no son fenómenos aislados. Son expresiones de un modelo agroalimentario que durante décadas ha marginado a los pequeños productores, ha concentrado la comercialización en manos de unos pocos actores y ha dejado en manos del mercado decisiones que afectan la soberanía alimentaria del país.
El Gobierno del cambio, a través del Ministerio de Agricultura, ha decidido enfrentar esa realidad con responsabilidad, reconociendo la legitimidad de las movilizaciones, pero también ejerciendo el rol del Estado como garante del bien común. Los acuerdos alcanzados con los arroceros representan un primer paso hacia la transformación del modelo productivo nacional.
La tarea que sigue no será fácil. Requiere voluntad política, capacidad técnica y una alianza sólida entre el Estado y productores. Si se logra avanzar en esa dirección, Colombia podrá recuperar su capacidad para producir lo que come, garantizar ingresos justos al campesinado, defender la tierra para trabajar, para comer, para la vida.
