El gobierno colombiano decretó el “estado de emergencia carcelaria”, bajo el argumento del hecho sobreviviente que amenaza perturbar el orden y la seguridad al interior de las prisiones, otorgándole facultades al director general del Inpec para que realice traslados presupuestales y ordene la contratación directa en asocio con el consejo directivo del Inpec; dichas facultades le permiten violar la ley 80 de 1993 de contratación estatal. Así lo dio a conocer el Movimiento Social Carcelario.
Según las denuncias, el Estado a través del Ministerio de Justicia desembolsó 280 mil millones de pesos para ser invertidos, gastados o administrados directamente bajo la figura de la “emergencia carcelaria”.
El Inpec, con la injerencia del Ejército Nacional, batallones de ingenieros militares, acude de inmediato a lo previsto en el Plan de Contingencia (ley 448 de 1998) para la construcción de campamentos según lo establecido en el artículo 28 de la ley 65 de 1993, que permite la edificación de estos galpones en los terrenos de penitenciarias colonias para que los internos cumplan labores agropecuarias.
Sin embargo los internos consideran que la construcción de estos denominados campamentos no es la solución a los graves problemas de hacinamiento y sí en cambio empeoran más las condiciones de reclusión de los prisioneros.
La improvisación nada dice de áreas en las que se presente buena atención y servicio médico, baterías sanitarias y espacios para las visitas familiares e íntimas, lo cual atenta y vulnera los derechos de los reclusos.
Los presos vienen solicitando sí una declaratoria del “estado de emergencia”, con miras a resolver la crisis carcelaria, donde el gobierno nacional tenga la facultad para decretar la prisión domiciliaria para los delitos menores y a reclusos próximos a recobrar su libertad. Excarcelación para los ancianos mayores de 65 años y enfermos terminales, regionalización de los presos, rebaja de penas de un 20% y humanización de las políticas penitenciarias.
Bajo las facultades que otorga la emergencia carcelaria el director general del Inpec ya empezó a expedir medidas con el fin de entregar a la Fuerza Pública (Policía Nacional), el control, el orden en los penales, traslados masivos de presos de cárceles distritales a Epcams y Erones, buscando con ello aliviar el hacinamiento en estos centros penitenciarios de alta seguridad.
Los reclusos hicieron un llamado urgente y alertaron a la comunidad nacional e internacional sobre los serios problemas de corrupción que podrían darse con la declaratoria de emergencia carcelaria.
