Es imposible que puedan presentarse más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales sin la participación de los altos mandos militares, dice la ONG Human Rights Watch. 22 generales involucrados, cuatro llamados a declarar por la Fiscalía.
Alberto Acevedo
En el que ha sido calificado, por un adelantado fallo judicial, como “un plan criminal sistemático y generalizado” y por defensores de derechos humanos como uno de los más aberrantes y escandalosos casos de ejecuciones extrajudiciales orientadas por altos mandos militares contra la población civil, la organización Human Rights Watch (HRW), una ONG norteamericana defensora de derechos humanos, el pasado 17 de junio reveló en Bogotá el texto de una investigación que durante varios años adelantó sobre la implicación de oficiales de alta graduación en Colombia en los llamados ‘falsos positivos’.
El informe, de 105 páginas, se basa en datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en relatos de testigos, algunos de ellos entrevistados por los autores del informe, en trabajo de campo e incluye testimonios hasta ahora inéditos, que están siendo procesados por jueces y fiscales.
No se trata por consiguiente de ‘casos aislados’, de ‘manzanas podridas’, que excepcionalmente dañan la imagen de la institución armada, y menos de infundios orientados a presentar una imagen distorsionada de la orientación del alto mando militar y de las tropas subordinadas, como lo insinúan las declaraciones de funcionarios gubernamentales, que rápidamente salieron al paso de las denuncias de HRW.
Por el contrario, sostienen los autores del informe, están documentados más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales, que no pudieron darse sin el conocimiento ni aprobación del alto mando militar. No son hechos aislados, que pudieran catalogarse como ‘excesos’ de oficiales de alguna jerarquía en las órdenes de batalla.
Estímulo al crimen
Esto implica entonces que hubo una política de Estado en el diseño de esta estrategia contrainsurgente de ejecuciones extrajudiciales, que terminó castigando a la población civil. Un solo testimonio, entre miles que llenan un expediente de más de cinco mil folios, lo ofrece un teniente adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el Guaviare, que cuando vio las caras destrozadas de cuatro personas que ellos mismos capturaron, mantuvieron como rehenes varios días y después sentaron en una mesa y las ejecutaron con disparos a cincuenta metros de distancia, exclamó: “La cagamos”.
El oficial, preocupado porque era difícil hacer creer a los investigadores y a la opinión pública que se trataba de bajas en combate, se tranquilizó cuando llegaron sus superiores de la brigada, el batallón y la Fuerza de Tarea para llevarse los cuerpos: “Nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y la buena noticia es que nos íbamos de permiso 45 días”, dijo el teniente.
El informe de HRW asegura que 180 batallones y unidades tácticas vienen siendo investigados por su implicación en ‘falsos positivos’. La ONG se sorprende de que la investigación se refiera a no menos de tres mil casos, que comprometen a 5.133 miembros de la Fuerza Pública, habitualmente presentados por los medios de comunicación como ‘héroes de la patria’, que operan en casi todas las brigadas y todas las divisiones que existían en el país al momento de la investigación, incluyendo guarniciones militares que no operaban en áreas de afectación del orden público.
Anota la fuente que entre los implicados se encuentran altos mandos militares en servicio. Más grave aun es el hecho de que muchos de estos oficiales, siendo comandantes de brigada o de guarnición implicados en ejecuciones sumarias, en su momento fueron denunciados por organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos, y sin embargo, en vez de judicializarlos, fueron promovidos a cargos superiores, premiando su conducta ilícita.
Contra la población civil
En el período estudiado, comprendido entre los años 2002 y 2008, las tropas del Ejército fueron instruidas para causar el mayor número de bajas entre el ‘enemigo’. Y como no siempre se producían combates con la insurgencia, o estos no arrojaban las bajas requeridas, optaron por capturar civiles, vestirlos con uniformes militares, colocarles armas de dotación y presentarlos como muertes en combate. En no pocos casos, los ejecutores de los crímenes recibieron beneficios económicos, materiales y ascensos. Esa conducta, además, era una forma de señalamiento a la población civil, como hoy ocurre con los habitantes de El Mango, sindicados de encubrir a la guerrilla.
En estas condiciones, 22 generales de la República, entre activos y retirados, están siendo investigados por la Fiscalía por su probable participación en ‘falsos positivos’. De éstos, cuatro serán llamados a rendir indagatoria en los próximos días.
Uno de los casos más relevantes es el del general Mario Montoya, ex comandante del Ejército, a quien ya se le había abierto una investigación anterior por su participación en la Operación Orión en Medellín, orientada a liquidar las llamadas milicias populares de las FARC y el ELN en los barrios de la Comuna 13 de la capital antioqueña. En esa operación se estableció que Montoya actuó de la mano de grupos paramilitares que asesinaron o desaparecieron a numerosas personas no vinculadas al conflicto. El general Montoya, de acuerdo a testimonios en manos de la Fiscalía, pedía a sus subalternos “ríos de sangre” en el resultado de sus operaciones.
Una reforma militar
En hechos similares están implicados, además, el general Jaime Lasprilla, actual comandante del Ejército; el general Ricardo Andrés Bernal, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Acción Decisiva; el general Jorge Arturo Salgado, ex jefe de Planeación del Ejército; y el general Henry William Torres, ex comandante de la Quinta División del Ejército, éste último llamado a versión libre.
El ministro de Defensa durante este oscuro período, y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, salió en defensa de la institución militar y de los mandos implicados, diciendo que “no nos vengan a enlodar” la institución. Es la típica “solidaridad de cuerpo” dentro de un organismo salpicado de corrupción.
Lo que muestra el episodio de los ‘falsos positivos’ es la necesidad de una reforma profunda y de carácter democrático en la institución militar, que renuncie a la doctrina de la ‘seguridad nacional’, una doctrina de guerra contrainsurgente que golpea a la población civil. Hay que revisar la orientación que reciben los oficiales colombianos en la llamada Escuela de las Américas, verdadero centro de entrenamientos en torturas y toda suerte de violaciones a los derechos humanos, que mira a la población civil como el “enemigo interno”.
Los ‘falsos positivos’ son una doctrina de Estado, que es necesario revisar en el proceso de reformas democráticas y sociales que discute la mesa de negociaciones de La Habana. Y caería muy bien, en esa perspectiva, que el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, iniciara un proceso de depuración y retiro de los mandos militares comprometidos en esta empresa criminal, que no son un simple caso de ‘manzanas podridas’. Por cierto, el examen del voluminoso expediente revelado por HRW y el establecimiento de responsabilidades, no solo en la institución militar sino en la dirección del Estado, bien podría ser una fructífera y necesaria tarea de la recién constituida Comisión de la Verdad.
