Bruselas, febrero 21 de 2013
Nos hemos reunido en el Parlamento Europeo, con el movimiento social y político colombiano, Marcha Patriótica, para analizar la situación, de derechos humanos, derechos sindicales, estigmatización, persecución y judicialización del movimiento social en su conjunto, hechos cometidos de manera sistemática y que constituyen una falta grave de garantías políticas para el
libre ejercicio de la oposición.
Hemos conocido las denuncias emanadas de diferentes informes de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de dirigentes campesinos, de estudiantes, de periodistas, de indígenas, de afrodescendientes, de raizales, de colectivos por la paz, de partidos de izquierda como la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, y del reciente Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Que dan cuenta, como han sido y vienen siendo víctimas de señalamientos, asesinatos, destierro, desplazamiento forzados, desapariciones y encarcelamientos. Las cifras son contundentes, más de 2900 lideres sindicales han sido asesinados en los últimos 20 años, 4500 militantes de la Unión Patriótica asesinados, la FIDH cifra en más de 3000 civiles inocentes en los casos de “falsos positivos” (asesinatos extrajudiciales) por parte del ejército colombiano; se tienen cerca de 9500 presos políticos, 5.500.000 personas desplazadas, so pretexto del conflicto armado que desangra a Colombia desde hace 65 años.
Estos hechos no compaginan con el Art 1° de la Constitución del 1991, que consagra a Colombia como “un Estado social de derecho” y contradicen la aplicación del titulo II de la misma Constitución, donde están consagrados “los derechos, garantías y deberes”, y a su vez, son contrarios a los propósitos de la Convención Americana de derechos humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, «Protocolo de San Salvador »; así mismo, contrarios a la Declaración de principios sobre libertad de expresión, aprobada dentro del 108 período de sesiones de la CIDH, realizado en octubre de 2000.
El Estado colombiano está en la obligación, como se establece en los artículos, 2 y 3 de la constitución del 1991, de respetar los derechos de los ciudadanos a oponerse y controvertir sus políticas, máxime cuando son lesivas a los intereses populares. Debe garantizar el derecho a disentir y sobre todo, no debe impedir que la sociedad construya organizaciones sociales y políticas que compitan por el poder.
Por lo anterior instamos al gobierno colombiano:
a. Respetar la vida e integridad física de los integrantes de todo el movimiento social y político colombiano.
b. Así mismo, manifestar, el reconocimiento de las garantías políticas al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, al igual que a todos los movimientos sociales y de oposición que actualmente hacen presencia activa en Colombia.
C. Seguimos con interés los esfuerzos dados por el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en busca de una salida política al rededor de una mesa de dialogo de paz establecida en la Habana, Cuba, para poner fin al conflicto social y armado, e instamos a las partes a continuar dialogando hasta la conclusión de la agenda y el logro de los acuerdos necesarios, que saque a los colombianos de ese doloroso conflicto.
Firman los eurodiputados:
Inês Zuber (Portugal)
Gabi Zimmer (Alemania)
Willy Meyer (España)
João Ferreira (Portugal)
Charalampos Angourakis (Grecia)
Giorgios Toussas (Grecia)
Jurgen Klute (Alemania)
Jacky Hénin (Francia)
Martina Anderson (Irlanda)
Sabine Lösing (Alemania)
Patrick Le Hyaric (Francia)
Paul Murphy (Irlanda)
