Las incautaciones a organizaciones del crimen son ofrecidas para una reutilización en beneficio y como reparación a la sociedad civil
Prensa CPDH
Emiliano Cottini, referente para América Latina de la organización italiana Libera, y Lucas Manjón, coordinador de Bien Restituido en Argentina, proyecto promovido por Libera, estuvieron en Colombia intercambiando experiencias sobre los procesos de bienes de uso social en cada país.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, habló con ellos para conocer sobre los bienes decomisados a las mafias y su entrega a las organizaciones sociales y a las comunidades, política que empieza a implementarse en Colombia.
En primer lugar, Cottini aclara a qué hace referencia la palabra mafia en el país europeo. Asegura que tipifica el delito de asociación criminal de tipo mafioso: “Entonces, cuando en Italia hablamos de mafias, no hablamos de tipos de delitos, del delito en sí, sino de la manera de actuar de la organización criminal. Trasladado al continente latinoamericano hay que hacer claridad, porque se suele utilizar la palabra mafia para describir un contexto de corrupción”.
En segundo lugar, comenta que desde hace décadas hay un consenso en la relevancia de atacar, dentro de un punto de vista patrimonial, a estas organizaciones, es decir, quitarles los activos para debilitar su capacidad operativa y corruptiva.
Por lo tanto, las organizaciones criminales y mafiosas cometen delitos, por ejemplo, de narcotráfico que generan flujos de dinero muy grandes y tienen la necesidad de reinvertirlos en mercados de economía legal.
Es ahí cuando toma importancia por parte del poder judicial y del Estado en general, hacer investigaciones patrimoniales sobre los mafiosos capturados para incautar y decomisar bienes.
Los delitos
Por su parte, Lucas Manjón explica que en Argentina el término se refiere a organizaciones dedicadas al narcotráfico, a la trata de personas, al trabajo esclavo, al contrabando a gran escala y al tráfico de órganos, entre otros, que se nuclean con organizaciones dedicadas al lavado de dinero.
“Se aprobó una ley antimafia, bastante difícil de implementar porque tiene contradicciones con muchos otros artículos del Código Penal, pero sí tiene Argentina una orientación judicial y policial de perseguir a las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos”, señala Manjón.
Anota que el mayor problema de su país con ese tipo de organizaciones es la falta de una persecución inteligente para desarmarlas definitivamente: “Por eso, el modelo que desarrolló el Estado italiano y la sociedad civil italiana es el ejemplo más concreto sobre una política a largo plazo, que es la única que puede resultar suficiente para llevar adelante la lucha contra problemas, que claramente son internacionales y están completamente globalizados”.
Acerca del surgimiento de la idea de que esos bienes fueran entregados a organizaciones sociales en Italia, Cottini comenta que la ley aprobada en 1996, fue promovida por la sociedad civil.
“La organización en la que participo, Libera, se creó en el 95 y lo primero que hizo fue darse a la tarea de recolectar firmas, se recolectaron más de un millón, para pedir a la Asamblea Nacional aprobar una ley que permitiera al Estado, no solo incautar y de comisar los bienes de los mafiosos, sino devolverlos a la sociedad civil como una acción de reparación del daño colectivo que esas organizaciones criminales hacen”, explica Emiliano Cottini.
Sociedad civil y Estado
El europeo también manifiesta que uno de los aprendizajes que han tenido a lo largo de los años, es que una sociedad civil más fuerte ayuda al Estado en esta lucha contra el crimen organizado, ya que no es suficiente la acción de las instituciones públicas para lograr resultados plenos.
“Entonces, con devolver estos bienes, con destinarlos a las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, se repara un daño colectivo y, por el otro, se brinda este espacio de acción para la sociedad civil, que así puede tomar su propia parte de responsabilidad y ponerse en acción”, anota Emiliano Cottini.
A su vez, Argentina tiene una ley que rige el sistema de manejo de bienes incautados. “Hay una ley muy vieja, de 1974, claramente los bienes que caían a disposición de la justicia y del Estado no son los mismos que los que están ahora. Después hicieron algunas modificaciones y poco a poco se pudo ir incorporando la discusión sobre el rol del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en el manejo de los bienes”, agrega Manjón.
También manifiesta que quienes siguen vinculados a Libera encuentran su punto de comienzo en 2021, cuando, junto con otras tres organizaciones, ganan una convocatoria de la delegación de la Unión Europea en Argentina y empiezan a trabajar.
Algunos bienes y sus usos
“Afortunadamente las organizaciones más grandes de la sociedad civil del territorio nacional, como las asociaciones de jueces, de fiscales, asociaciones religiosas, sociales y sindicatos participaron del proyecto y se logró presentar una propuesta de ley ante el Congreso de la Nación, que la firmaron ocho de los 10 partidos representados, se desarrolló una plataforma para que la sociedad civil y el Estado puedan tener a disposición un elemento que pueda gestionar de manera eficiente y transparente los bienes.
“Y sin tener todavía una ley que modernice la gestión de los bienes, se pudieron llevar a cabo algunas experiencias de reutilización muy eficientes. Bienes recuperados de organizaciones de narcotráfico que se dedicaban a la comercialización internacional de cocaína hacia Europa, como casas y vehículos. Por ejemplo, una de las casas se transformó en centro de refugio para víctimas de violencia de género. Uno de los vehículos fue para una fundación que se dedica a acompañar a personas que cumplieron su condena en la cárcel y que necesitan ayuda para reinsertarse económicamente. También la casa de otro narcotraficante, que funciona en un barrio popular de Buenos Aires, se transformó en un centro de primera infancia donde las mujeres que salen a trabajar y que son generalmente madres solteras, pueden dejar sus hijas al cuidado. También una cooperativa que trabaja con chicos que pasaron por proceso de recuperación de consumo de drogas, recibieron insumos de contrabando que la Aduana Argentina frenó”, dijo Lucas Manjón.
Los procesos de entrega
En el país suramericano, las organizaciones beneficiadas deben estar debidamente registradas, se propone que todos los bienes estén publicados en una página web y que se presenten proyectos públicos para informar cómo van a utilizar ese bien, qué beneficio va a tener en la comunidad y cómo van a mantenerlo porque es del Estado y, por lo tanto, se tiene que conservar.
La ley en Italia se aprobó en 1996 y la Agencia Nacional para la Administración de los Bienes se creó en 2010, y ha sido fundamental para la eficiencia de la administración de la gran cantidad de bienes.
“En Italia son más de 15 mil los bienes inmuebles que han sido entregados a organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo se eligen? Las organizaciones ven en una página de la agencia la georreferenciación de todos los bienes, principalmente inmuebles. Y cuando el bien llega a la fase de decomiso definitivo, entonces ya se puede disponer y se hace a través de convocatorias públicas”, agrega Cottini.
Presentan proyectos de reutilización de los bienes. Hay ejemplos de usos de bienes que por ejemplo pertenecían a jefes mafiosos que tenían piscinas y se utilizan como centros de recuperación para personas con discapacidades físicas.
“Un rol fundamental lo juegan los municipios, porque los bienes han de estar ubicados en alguno de ellos, entonces, la Agencia lo encarga de hacer la convocatoria para que las organizaciones del territorio puedan aplicar y proponer proyectos de reutilización social”, señala el europeo de visita en Colombia.
Algunos inconvenientes
Dentro de los obstáculos está la reacción de algunos mafiosos, porque son afectados desde un punto de vista económico y desde su autoridad hacia la población. “Demuestra la población que el Estado no solo tiene la capacidad de quitarle los bienes, sino también de devolverlos a la sociedad civil y, por ello, han sido muchos los daños que las mafias han hecho a los bienes decomisados y entregados, amenazan a las organizaciones que lo gestionan.
“Muchas veces pasa, por ejemplo, que campos de trigo listos para la cosecha son quemados en la noche de manera fraudulenta y, obviamente son las mismas organizaciones criminales y mafiosas que atacan esos bienes como una venganza”, indica Emiliano Cottini.
Dentro de los obstáculos de carácter interno, están los relacionados con la complejidad de administrar y gestionar de forma eficiente la gran cantidad de bienes, ya que el Estado gana con destinar los bienes de manera rápida, puesto que si se queda como administrador pierde dinero.
Por su parte, Lucas Manjón expresa que en Argentina no hay aún obstáculos como los que se presentan en el país europeo, porque todavía no es una política de Estado y no es masivo.
“Hoy el mayor problema que tenemos es organizar un Estado burocráticamente mal organizado. Argentina lamentablemente sigue rigiéndose con una ley que tiene más de 50 años, no tiene un registro de bienes unificado, lo que está ocasionando un gasto económico muy alto, y se están desaprovechando un montón de oportunidades porque los bienes se van deteriorando. El mayor problema hoy es no contar con una ley, por eso, el trabajo está enfocado en lograr un marco normativo y organizar al Estado y a la sociedad civil, porque podemos tener la mejor ley y si la sociedad civil no está preparada para poder llevar adelante ese proceso de reutilización, o ni siquiera tiene conocimiento de la ley, es un problema muy serio”.
