Los representantes y diplomáticos tanto del Estado colombiano como los de las FARC-EP sentados en La Habana buscando finalizar el conflicto armado interno, están en capacidad y pueden acordar fácilmente cuáles aspectos de la Constitución del 91 merecen dejarse a perdurar, y cuales deben (necesariamente) ser modificados, cuidándose muy bien no darle campo al fascismo
Alberto Pinzón Sánchez
Por allá en los años 70, en la Universidad Nacional de Bogotá, un compañero estudiante tuvo la idea de poner, en una bicicleta adaptada, una venta ambulante de perros calientes con mostaza: era “el carrito de los perros de sociología”. Pero el “espíritu empresarial” del estudiante no solo estuvo en esa idea que pretendía quitar con poco dinero el hambre de los estudiantes que salían hambreados después de comer el almuerzo oficial de la cafetería de la universidad, sino en el cartelito con letras rojas que colgó de los manubrios de la bicicleta y que decía: “Estos perros calientes no son tan malos como el decano de la facultad dice, ni tampoco tan buenos como mi esposa lo pregona”.
Este recuerdo me viene ahora que las FARC-EP han propuesto una asamblea constituyente como un “pacto de paz colectivo, indispensable y definitivo” para que en un ambiente tan santanderista como el colombiano se refrende, se asegure y se cumpla en el tiempo lo acordado o pactado. La propuesta, tan antigua como el conflicto colombiano mismo, tiene que ver con “la ley de leyes” con la que la oligarquía transnacional ha mantenido durante siglos, a sangre y fuego, su dominio, explotación y opresión neoliberal sobre el conjunto de clases subordinadas y sectores oprimidos de la sociedad, que en breve se denomina “el pueblo trabajador colombiano o gente del común”.
Una ley de leyes o Constitución reaccionaria, clerical y excluyente, que se impuso sobre los escombros de la guerra civil de 1885, ganada por los latifundistas y grandes exportadores de productos agrarios y se prolongó por más de cien años, hasta 1991, cuando presionada por “la mano invisible” del libre mercado global, César Gaviria y sus ministros, incluidos los del M-19, convocaron una asamblea constituyente amarrada (no sin antes atacar Casa Verde) y promulgaron la Constitución de 1991 sobre la cual se ha desarrollado “la legitimidad y legalidad” de la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado actuales y vigentes: No es sino mirar el “sustento legal” con la que el ejército y la policía colombianas están fusilando civiles en el Catatumbo.
La propuesta de una asamblea constituyente como pacto de paz colectivo, para refrendar lo acordado y finalizar el conflicto interno, obviamente tiene como fin prioritario modificar la correlación política dominante homogeneizada por los latifundistas tradicionales, a la vez que desarrollar un nuevo pacto social que haga viable a Colombia en el mundo actual globalizado. Y eso implica una modificación a la actual ley de leyes de la oligarquía transnacional y sus aliados “democráticos internos”.
Y aquí es donde viene el recuerdo del cartelito del carro de los perros calientes de sociología: La Constitución del 91 no es tan buena como dice Humberto de la Calle o Navarro, ni tampoco lo que dicen sus más enconados opositores.
Personalmente creo que la Constitución colombiana del 91, haciendo importantes salvedades, contiene aspectos positivos sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos y algunos derechos de las minorías y comunidades. Pero, también tiene innumerables aspectos negativos que a lo largo de estos años han demostrado en la práctica y en la vida ser soportes de militarismo y del neoliberalismo-autoritario (valga el pleonasmo), fuentes de conflicto y muy inconvenientes para la paz, el progreso social y la soberanía. Y por lo tanto deben ser corregidos y enmendados si se desea verdaderamente la paz definitiva para el pueblo colombiano.
En todo proceso de acuerdo, así sea comercial o político, cada una de las partes posee un dintel (máximo) y un umbral (mínimo) y entre estos está el vano de la puerta. Generalmente, el dintel de la contraparte es mi umbral y viceversa. Pero si desea sinceramente llegar al acuerdo, no es sino mirar que la cerradura de toda puerta está a la altura de la mano. Cerca de su mitad.
Creo sinceramente que los representantes y diplomáticos tanto del Estado colombiano como los de las FARC-EP sentados en La Habana buscando finalizar el conflicto armado interno, están en capacidad y pueden acordar fácilmente cuáles aspectos de la Constitución del 91 merecen dejarse a perdurar, y cuales deben (necesariamente) ser modificados, cuidándose muy bien no darle campo al fascismo. Lo demás es llegar a la cerradura sobre cómo se constituiría esa constituyente y como se refrendaría democráticamente lo acordado, para que no se “salga de quicio” todo el proceso de paz, que es lo que están empeñados en lograr a toda costa Uribe Vélez con sus enanitos.
