Afirma José Lozano, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica en el departamento.
Colectivo de Prensa Alternativa del Caribe
La región de La Guajira ha sido una de las más golpeadas por el problema de sequía. El gobierno nacional ha mencionado reiteradamente que este es un problema derivado de un complejo fenómeno climático y ambiental. Sin embargo la situación que se presenta en este departamento del norte del país y sus consecuencias desastrosas son producto de procesos históricos que pasan por el profundo olvido estatal, la corrupción de sus dirigentes a lo largo del tiempo y la irresponsabilidad en la extracción carbonífera y de gas en el territorio.
La negligencia de las administraciones, la falta de un plan de contingencia para mantener un nivel de vida digno para las comunidades que habitan las complejas condiciones geográficas de la región, la inequidad en el suministro de agua entre la población y la maquinaria de extracción carbonífera por parte de la empresa El Cerrejón, sumado a las consecuencias del cambio climático, generan un panorama devastador que obliga al gobierno nacional a volcar sus ojos sobre esta olvidada región del país, no por altruismo, sino por el proceso de organización y movilización social que vienen gestando sus habitantes.
Las comunidades indígenas, campesinas y desplazadas llevan varios años denunciado estas irregularidades sin encontrar ningún eco en las instituciones del Estado. Los problemas de salud que se han generado por la extracción de carbón van desde graves enfermedades respiratorias causadas por las partículas que quedan en el aire producto de la minería a cielo abierto, hasta la contaminación de las pocas fuentes hídricas con las que cuenta el departamento, generando un fenómeno impensable para la actividad agrícola y ganadera.
Adicional a esto, los proyectos que el Estado colombiano propone para la solución de las problemáticas también han traído consecuencias nefastas para la población. Ejemplo de esto fue la construcción de la represa del río Ranchería tan nombrada años atrás; este proyecto se presenta como una “alternativa” para mejorar el suministro de agua a las comunidades y, no obstante ser rechazado vehementemente por los pueblos indígenas (debido a la violación de su territorio ancestral), su ejecución siguió adelante y como resultado terminó por facilitar la extracción del agua por parte de la empresa minera El Cerrejón y, contrario a lo pensado inicialmente, pasa a un segundo plano el acceso de las comunidades al preciado líquido.
Enmarcado en esta situación, La Guajira se organizó en un proceso de paro que obligó a la instalación de una mesa de concertación entre el gobierno nacional y las comunidades, que se consolidó el 11 de agosto y que contiene un pliego de exigencias que se viabiliza a través de la construcción de un programa mínimo por la salvación de La Guajira. Un documento que gira en torno a 13 ejes, dentro de los cuales se desarrollan más de 80 propuestas: protección de los resguardos indígenas, recuperación y construcción de pozos y jagüeyes, condonación de deudas y subsidios de alimento, conclusión del proyecto de la represa del río Ranchería, entre muchos otros, que expresan las paupérrimas condiciones a las que han sido sometidos los guajiros.
Si bien los problemas anteriormente nombrados generan una serie de consecuencias irreversibles, las dinámicas de movilización de la población obligan al gobierno nacional a escuchar y construir alternativas para la dignificación de la vida de los habitantes del departamento, adicional a la creación de escenarios de confluencia de la comunidad en torno a la construcción y apropiación de su territorio.
José Lozano, vocero del movimiento político y social Marcha Patriótica en el departamento, indica:
“No estamos frente a la ineficiencia de un gobierno de turno, estamos enfrentando la política minero-energética que viene desde más de dos décadas atrás; necesitamos soluciones estructurales a la imposibilidad de vivir en nuestra tierra, no tenemos para comer y menos para hidratarnos”.
Es cuestión de tiempo para evidenciar la falta de compromiso del gobierno nacional con la mesa de negociación y por tanto con las problemáticas de los pobladores que a gritos exigen atención. Una oportunidad histórica que el gobierno nacional y departamental tienen para girar la balanza y empezar a transformar La Guajira en un territorio de vida digna.
