Diana Carolina Alfonso
@DianaAlfonso91
El maremoto de bombardeos ordenados por Donald Trump en el Caribe y el Pacífico no debe leerse en el marco regular de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Estos ataques se inscriben en un proyecto geopolítico que pretende la actualización abierta de la Doctrina Monroe —el llamado “corolario Trump”— para reafirmar la supremacía estadounidense en el hemisferio, a costa de la soberanía del Gran Caribe.
La doctrina militar colombiana fue profundamente reconfigurada por el Plan Colombia. Washington orientó la modernización castrense, impuso lineamientos doctrinales e integró a Colombia en una arquitectura de seguridad hemisférica bajo criterios de jerarquía vertical y dependencia estructural . Esta relación creó las condiciones para que, en el presente, Trump justifique ataques dentro del Caribe y el Pacífico señalando que Colombia —junto con Venezuela y México— es “responsable” del tráfico de drogas hacia su país, y que su administración “haría lo mismo” militarmente en territorio colombiano si lo considera necesario.
Desde la pérdida del Canal de Panamá, Colombia, moldeada desde afuera, quedó atrapada en un marco militar y doctrinal que permite a Estados Unidos operar unilateralmente en su zona económica, actuar sin coordinación efectiva y, en casos recientes, incluso producir muertes en las costas.
Petro y Maduro frente a la ofensiva estadounidense
Mientras Trump sostiene que está “salvando vidas estadounidenses” al bombardear embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, tanto Venezuela como Colombia ven en estas acciones una violación directa de su soberanía marítima. Petro ha exigido investigaciones internacionales e incluso ha afirmado que los cuerpos aparecidos en la frontera marítima colombo-venezolana podrían ser víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que el despliegue militar busca generar presión geopolítica, debilitar su administración y reposicionar a Estados Unidos como potencia hemisférica dominante. Expertos citados en el informe corroboran que los ataques de Washington tienen la doble función de disciplinar selectivamente a Venezuela y, simultáneamente, enviar un mensaje intimidatorio a Colombia, alineada parcialmente con la OTAN pero bajo un gobierno que cuestiona dicha alianza.
El Pacífico: la obsesión estratégica de Estados Unidos
Se estima que el 75% de la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos transita por el Pacífico y no por el Caribe, según datos de la DEA. Esta estadística sirve para justificar la militarización estadounidense, pero oculta la intención mayor de control sobre el corredor estratégico que conecta América del Sur con los flujos comerciales y militares del Pacífico norte.
El Pacífico colombiano y ecuatoriano constituye un nodo fundamental entre aguas profundas, corredores de movilidad rápida y proximidad a puertos clave. No es casual que once de los ataques recientes contra embarcaciones ocurrieran en esta región, incluidos cuatro bombardeos en aguas cercanas a Buenaventura.
Así, el control del Pacífico es una pieza central del reordenamiento militar estadounidense, especialmente bajo el “corolario Trump” que busca impedir la presencia de otras potencias globales en la región.
Colombia, Ecuador y Panamá: en la esfera de Washington
En está coyuntura, los gobiernos de derecha en Ecuador y Panamá se han alineado abiertamente con los intereses de Washington. En el caso de Ecuador, la relación es todavía más comprometida, ya que el presidente Daniel Noboa está vinculado a una empresa offshore en Panamá asociada con una exportadora que está involucrada en tres incautaciones de cocaína hacia Europa. La filtración de los Pandora Papers exhibió en su momento la estructura corporativa que conecta directamente al mandatario con operaciones sospechosas de narcotráfico.
Mientras tanto, Ecuador discute la reinstalación de bases estadounidenses pese a que su Constitución prohíbe la presencia militar extranjera, desde la expulsión del Pentágono en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa.
Panamá, por su parte, mantiene una política de apertura absoluta al uso estratégico del Canal, el cual ha experimentado una creciente militarización indirecta —silenciada por la prensa hegemónica— como parte de la presión estadounidense por asegurar sus rutas marítimas esenciales.
Colombia seguirá bajo el paraguas estratégico de Washington hasta que no se corte con el entrenamiento, equipamiento, doctrina y presencia operativa. Aunque formalmente no existen nuevas bases estadounidenses, los ataques en el Pacífico y Caribe operan como plataformas móviles de intervención sin necesidad de instalaciones terrestres.
La amenaza sobre el Pacífico colombiano y el caso Gorgona
Uno de los puntos más sensibles, según revelan pobladores y organizaciones sociales como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), es la situación en la Isla Gorgona. Los sectores políticos y ambientales denunciaron un proyecto de estación militar que habría sido financiado inicialmente por el Comando Sur durante gobiernos uribistas. Aunque la administración Petro niega cualquier injerencia extranjera en la isla, estas organizaciones comunitarias y expertos alertan que el proyecto “apuntala el control estratégico de Estados Unidos en el Pacífico Oriental Tropical”.
La polémica se combina con la tensión OTAN–Colombia. Petro ha declarado la necesidad de revisar o incluso romper vínculos con la OTAN, lo cual aumenta la presión estadounidense y podría explicar la insistencia de Washington en mantener la presencia militar en el Pacífico colombiano.
Gorgona, por su ubicación, permitiría la vigilancia de las rutas marítimas, el control de corredores biológicos y la proyección militar del hegemón del norte.
Alternativas de defensa territorial: las lecciones de Venezuela y Cuba
Cuba y Venezuela, dos de las pocas naciones que en los últimos años han enfrentado la presión estadounidense, optaron por fortalecer estructuras de defensa civil-militar basadas en la movilización popular para la defensa territorial; la vigilancia soberana de sus zonas marítimas; disuasión mediante control costero, y la diversificación de alianzas internacionales.
Venezuela, frente a amenazas directas, ha construido redes de organización civil y militar para resguardar su territorio y sus mares. Cuba, aislada durante décadas, ha desarrollado sistemas de defensa costera combinados con disciplina organizativa y soberanía tecnológica. Ambos modelos demuestran que pequeñas y medianas potencias pueden mantener control efectivo sobre sus espacios marítimos sin subordinarse a Washington.
Hacia una nueva doctrina marítima para Colombia
Una lectura ajustada a la realidad histórica de la expansión imperial sobre los mares hemisféricos, permite concluir que la defensa territorial colombiana necesita un giro doctrinal urgente. No puede seguir sustentada en modelos diseñados por Estados Unidos ni en alianzas que, en la práctica, habilitan intervenciones unilaterales.
En este contexto, Colombia requiere recuperar la soberanía doctrinal, crear una estrategia marítima independiente, fortalecer capacidades civiles en las comunidades costeras, consolidar una defensa integral del Pacífico, y establecer una red latinoamericana de vigilancia marítima conjunta.
Un llamado a la movilización internacional marítima —especialmente entre Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y otras naciones soberanas— es crucial para evitar que el Pacífico se transforme en un laboratorio militar de una potencia extranjera, o en su defecto, en el polígono de la industria militar del norte, cual si fuera la costa de Gaza.
Solo así Colombia podrá romper con el legado del imperialismo informal y construir, por fin, un proyecto de defensa propio, digno y acorde con las necesidades reales de una nación integrada, tal como lo defendieron los libertadores y sus herederos enfrentados a la Doctrina Monroe.
