Las denuncias del presidente Petro sobre el desfalco a la salud, a propósito de un informe de la Contraloría, evidenciaron aspectos que Acemi quiere soslayar
Redacción Política
Desde el inicio de la presidencia de Gustavo Petro, el sistema de salud ha sido un asunto en disputa por el interés del Gobierno nacional y de la bancada alternativa en el Congreso de la República de transformarlo, y la negativa de la oposición y de poderes económicos que se lucran con este negocio.
Acusaciones van, acusaciones vienen, se descubren desfalcos, desaparecen las reservas técnicas, a las EPS no les alcanza la plata y exigen el aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC; mientras entregan cuentas maquilladas y el caos en clínicas y hospitales crece ante la ausencia de citas, las demoras en los procedimientos y la no entrega de medicamentos -muchos de estos escondidos-, todo, con un incontable número de víctimas letales.
El último capítulo en este drama de décadas, inició a principios de julio cuando la Contraloría General de la República presentó el informe de una investigación que demostró que la deuda acumulada a hospitales, clínicas y farmacéuticas, por las 29 EPS asciende a $32.9 billones, de los cuales $24.4 corresponden a EPS intervenidas.
Por la tangente
Inmediatamente, los medios de comunicación de la oposición dijeron que el Gobierno nacional debía esa cantidad al sistema de salud, desvirtuando que eran las EPS quienes adeudaban.
A su vez, el Ministerio de Salud expresó que las conclusiones son, “el reflejo del nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo del sistema, debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación”.
Por su parte, en alocución televisada, el primer mandatario de los colombianos desmintió a la prensa, y azuzó el debate al expresar que la deuda es mayor porque el informe citado solo habla de 2020 a diciembre de 2024, y la moneda se ha ido desvalorizando año a año, por lo que la deuda es de casi 50 billones.
Asimismo, argumentó que se debe mucho más porque el problema viene desde 1993, con participación de 157 EPS y hay que tener en cuenta el valor del peso de esos años a la fecha. En otras palabras, la deuda es de más de 100 billones de pesos.
En respuesta, Ana María Vesga, vocera de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, expresó: “Responder a cifras y datos errados y juicios infundados en nada contribuye a la solución. No haremos parte de ese debate”.
Aumento de la UPC
Una de las mayores conocedoras del sistema de salud, Carolina Corcho, entró en la discusión al afirmar que se está ante el hecho de corrupción más grande y grave del país, que, por lo tanto, la representante de Acemi no puede despachar el debate, porque manejan más de 100 billones de pesos de recursos públicos de la salud, y que frente a los hallazgos de la Contraloría se deben exigir respuestas.
Para Corcho, el problema reside en que el Estado haya aceptado, en la Ley 100, que se entreguen billones de pesos sin control a organizaciones que al liquidarse dejan deudas al sistema. Recordó que en 2014, la Contraloría había advertido sobre su caída y que la respuesta de Santos fue mirar para otro lado.
Corcho también explicó que el cálculo de la UPC, valor que las EPS exigen aumentar, se hace con los registros de la información que estas mismas entregan. El primer incremento de este Gobierno fue de 16%, al punto que la ANDI felicitó al Ministerio de Salud.
Saboteo coordinado
No obstante, se inició el saboteo de las EPS y sus aliados: los medios de comunicación, partidos políticos del Establecimiento, influencers, académicos y algunos analistas quienes han difundido una narrativa que apunta a que el Gobierno ha desfinanciado al sistema.
Otra de las falacias que desmiente la doctora Corcho, es que las EPS intervenidas van muy mal y que son las de peor funcionamiento, lo cual es falso porque, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, tienen una deuda que solo se aumentó en 700 mil millones de pesos de un año a otro de la intervención, mientras que las no intervenidas aumentaron la deuda en $5,2 billones. “Es por eso que el presidente dice: ‘Entonces, hay que intervenir a todo el sistema’”.
Como si fuera poco, el órgano de control encontró que de 2020 a 2024 se perdieron $14,2 billones que se le entregaron a las EPS para la atención a pacientes. También, que en 2024 el aumento del gasto en salud, es decir, lo que el Gobierno le adjudicó al sistema, fue de 12,9%, en un contexto de déficit fiscal. Para Carolina Corcho, la cifra demuestra que no es cierto que haya desfinanciamiento.
Le toca al Congreso
“El año pasado se entregaron a las EPS alrededor de 89 billones de pesos, pero resulta que en sus reportes de lo que se gastaron, están envolatados 2,7 billones”, anota Corcho y se pregunta si con esos recursos se financia la estrategia mediática.
De la misma manera, cuestiona la no entrega de los medicamentos a los pacientes, ya que el informe expresa que se adjudicaron más de 13,5 billones de pesos a esa destinación.
El debate toma una mayor relevancia en la última legislatura, porque justamente es la reforma a la salud la de mayor importancia en el Congreso para frenar la corrupción y la muerte causada por las EPS. Es una enorme responsabilidad para los legisladores.
En esta se incluye, que para frenar el robo la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Adres, entregue directamente los recursos a clínicas y hospitales: “Con una regulación tarifaria para que no haya sobrecostos en procedimientos”, explica Corcho.
También está la atención primaria, porque -señala la líder política- para el actual sistema no son rentables la niñez y los pacientes de salud mental, y se destinará el 27% de los recursos en 10 años, con el objetivo de evitar llegar a los servicios de urgencias.
Además, habrá un control social de consejos de salud y dos sistemas de auditoria: “Eso es lo que no les gusta a los senadores y ciertos expertos, que defienden el statu quo y la corrupción”, concluyó Carolina Corcho, quien también identificó una degradación ética y moral de todos los implicados, que pone en juego la vida de los colombianos.
