La representante a la Cámara por el Pacto Histórico detalló los alcances de su proyecto de ley que busca garantizar la formalización laboral de los trabajadores de servicios generales en el Congreso. Además, abordó la problemática de la violencia política contra las mujeres y la urgencia de regulaciones que protejan su participación en la vida pública
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
En diálogo con el Semanario VOZ, la representante a la Cámara habló del impulso al proyecto de ley que transformaría la forma en que se contrata al personal de servicios generales en el Congreso de la República. La iniciativa propone modificar la Ley 5° de 1992 para crear la Unidad de Servicios Generales en ambas cámaras, garantizando que la contratación de este personal se haga de manera directa mediante contratos de trabajo formales.
Trabajo digno en el Congreso
“Este proyecto busca que el Estado dé buen ejemplo siendo buen empleador. Con base en el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En el artículo 53 de la Constitución Política, se establece que las labores de carácter permanente deberían ser contratadas de forma directa e indefinida, de esta forma, las funciones de servicios generales, aunque no son misionales, no deberían ser objeto de tercerización ya que son esenciales y se requieren todo el tiempo”.
Esta medida busca erradicar la tercerización laboral en el Congreso, una práctica que, según Carrascal, precariza las condiciones de los trabajadores y limita su organización sindical. Además, la legisladora destaca que esta iniciativa está alineada con la reforma laboral propuesta por el Gobierno, cuyo objetivo es acabar con los abusos de la subcontratación y garantizar condiciones dignas para los trabajadores en distintos sectores.
“El abuso de la tercerización siempre trató de dificultar las posibilidades de organización de las y los trabajadores. Con esta medida, rectificamos esa injusticia, en un contexto concreto, el Congreso de la República. Ahora bien, para acabar con los abusos de la tercerización es preciso poner el énfasis en lo que buscamos hacer en la reforma laboral, que cobija al sector privado.
»Nuestra intención era que las empresas tercerizadoras tuvieran una organización empresarial especializada en la función que querían prestar en el mercado de servicios tercerizados”.
Violencia política contra las mujeres
“En Colombia, la violencia política contra las mujeres es una problemática que limita nuestra participación efectiva en espacios de poder y toma de decisiones. Para abordar esta situación, es fundamental implementar medidas legislativas que garanticen nuestra protección y promuevan nuestro liderazgo político”.
Además de su trabajo en materia laboral, Carrascal se ha convertido en una de las voces más activas contra la violencia política de género en Colombia. “No solo he sido testigo, sino víctima de acoso y violencia política”, denunció.
La congresista recuerda los ataques misóginos que enfrentó durante el debate de la reforma laboral en el Congreso. “Usaron la violencia como estrategia para dilatar la discusión y desacreditar mi trabajo”, relató. La situación, según ella, refleja una problemática estructural que impide a muchas mujeres ejercer liderazgo político sin ser víctimas de agresiones.
Para enfrentar este problema, Carrascal propone una serie de medidas legislativas que incluyan sanciones para quienes perpetúan la violencia política y protocolos de atención para proteger a las mujeres que la sufren.
El papel de los medios de comunicación
Mafe Carrascal también subraya la responsabilidad de los medios en la perpetuación de estereotipos y ataques de género contra las mujeres en la política. Considera fundamental que la prensa adopte estándares éticos que garanticen una cobertura equilibrada, sin recurrir a prejuicios sexistas o discursos de odio.
“No se trata de limitar la libertad de prensa, sino de promover una información justa y responsable”, puntualizó. Según la congresista, la regulación de la cobertura mediática sobre mujeres en política podría ayudar a reducir la violencia de género y fomentar un ambiente más equitativo en la esfera pública.
“Es necesario regular la forma en que se cubren las noticias sobre mujeres en política. Pero ojo, la regulación no debe limitar la libertad de prensa, pero sí establecer estándares éticos que promuevan una cobertura justa e imparcial. Esto podría incluir, por ejemplo, la implementación de códigos de ética que promuevan el lenguaje no sexista, evite el uso de estereotipos y asegure que las mujeres sean representadas en términos de su labor y competencias, en lugar de su género”.
Hacia una mayor participación femenina
A pesar de los avances en representación femenina, Mafe Carrascal advierte que las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a cargos de elección popular. Para garantizar una participación política plena y segura, propone fortalecer las políticas de acción afirmativa, asegurar la representación paritaria en todos los niveles de gobierno y consolidar mecanismos de denuncia eficaces para casos de violencia política.
“El derecho de las mujeres a participar no debe limitarse al derecho a votar y ser electas, sino a intervenir en todos los espacios donde se deliberan y deciden los asuntos públicos. Se debe promover una mayor representación femenina en los cargos de elección popular. Las mujeres siguen estando subrepresentadas, ocupando solo un 29.7% de los cargos, mientras que constituyen el 51.2% de la población”, concluyó.
Para conocer más detalles sobre estas iniciativas y la postura de Mafe Carrascal, invitamos a leer la entrevista completa en la página web del Semanario VOZ.
