Megaminería canadiense en Latinoamérica trae consigo impactos ambientales negativos, desplazamientos forzados, pérdida de productividad de la tierra, división de las comunidades, criminalización de la protesta y desprotección de los sectores campesinos
Kikyō
Hace pocos días un grupo de organizaciones presentó un resumen ejecutivo de un informe del año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado con la responsabilidad de Canadá en el desastre medioambiental por causa de la megaminería que invade a Latinoamérica.
El informe fue desarrollado por organizaciones de América Latina y de Estados Unidos, y en él se plasma una investigación de tres años, que tomó como base casos concretos en nueve países: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Panamá, y 22 proyectos de exploración y explotación.
Los proyectos que se escogieron para realizar este informe son el Pascua Lama en Argentina y Chile; Bajo de la Alumbrera en Argentina; Frontino, Mazamorras, Angostura, Támesis y San Lucas en Colombia; Pacific Rim en El Salvador; Mina Marli en Guatemala; San Martín en Honduras; La Diana en Caballo Blanco, Wirikuta en San José del Progreso, San Javier y Payback en México; Molejón o Petaquilla en Panamá; Lagunas Norte, Mantaro, Río Tabaconas y Las Huaquillas en Perú. En estos países hay presencia de 511 empresas mineras canadienses y 1.429 proyectos extractivos.
Según el Observatorio sobre Conflictos Mineros en América Latina hay cerca de 198 conflictos mineros en la región. En 2012, 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas en la Bolsa de Toronto (Canadá) y el 50% realizaban actividades fuera de su territorio.
El informe muestra la imposición de proyectos en detrimento de los derechos humanos, ya que no hubo participación ni consulta libre, previa e informada de la comunidad para adelantar dichas exploraciones y explotaciones.
Además queda afectado el tejido social por el desplazamiento a que se ven sometidas comunidades enteras luego de iniciados los proyectos o antes de iniciarlos. En muchas ocasiones las compañías ofrecen dinero a los habitantes y ello genera conflictos.
Las empresas de este informe no protegen áreas naturales ni territorios de comunidades campesinas, indígenas o afros. Además se han presentado casos de personas que se involucraron en esta lucha y terminaron amenazadas, criminalizadas o asesinadas.
Los proyectos de minería a gran escala son altamente contaminantes y operados por empresas ya consolidadas. Las organizaciones fueron enfáticas al señalar que las autoridades canadienses conocen los problemas en cada uno de los casos y que, pese a ello, siguen blindando a estas empresas con apoyo político, jurídico y financiero.
Colombia
En Colombia se identificaron zonas como Santurbán en Santander; Marmato en Caldas, Mazamorras en Nariño, el cinturón occidental antioqueño, que involucra a varias empresas, pero particularmente canadienses, aunque no son las únicas comunidades que están siendo afectadas, pero son los casos que seleccionaron para elaborar el informe.
“El estudio refleja una tendencia y unas responsabilidades extraterritoriales en cabeza de un país. De ninguna manera pretende excluir de responsabilidades a otras empresas, a otros países. Introdujimos el debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado. Se busca llamar la atención sobre un fenómeno que tiene que ver con la situación de derechos humanos en América Latina”.
“Canadá ha asumido compromisos internacionales en derechos humanos y por ello se requiere con urgencia que los impactos en América Latina por parte de la Comisión Interamericana, Corte Interamericana, y el sistema general de protección en el mundo, visibilicen el rol que juegan los Estados de origen de las empresas, en favorecerlas, en apoyarlas, y en dejar en impunidad los casos”, sostuvo Dora Lucía Arias, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, una de las organizaciones que elaboró el informe.
